Guatemala históricamente ha sacrificado el desarrollo humano. Si bien los Acuerdos de Paz han permitido un avance formal en los derechos civiles y políticos de los guatemaltecos, aún es difícil percibir que el Estado, en el período democrático, haya podido construir la indivisibilidad, ética y práctica, que debe existir entre estos derechos -civiles y políticos- y los derechos sociales como la educación, la salud, y el derecho al trabajo, entre otros.

Aunque el país tiene un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, actualmente más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentra bajo la línea de la pobreza, mientras cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, revelando así la desigual distribución del ingreso, que a su vez es causa y efecto de otras desigualdades, que se manifiestan tanto en la segmentación por inserción productiva y por factores territoriales, étnicos y de género, como en las históricas inequidades en el acceso a activos y patrimonios, tales como el conocimiento y la tierra, entre otros.

La desigualdad distributiva ha representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. En primer lugar, porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional.  En segundo término, la distribución del ingreso ha determinado, dramáticamente para el caso de las madres, mayores o menores posibilidades de sobrevivir en el periodo de gestación, pues la concentración de la riqueza segmenta implícitamente el pleno derecho a la vida,que es el primero de todos los derechos. Los registros de muertes maternas revelan que a menores niveles de ingreso y educación, existen mayores posibilidades de morir durante el embarazo.

En tercer lugar, otra de las peores manifestaciones de la inequitativa distribución del ingreso se manifiesta en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos y la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos. En Guatemala, el flagelo del hambre se manifiesta con mayor intensidad en las áreas rurales, con predominancia indígena, y entre personas con bajos niveles de educación. Y, finalmente, la inequitativa distribución de la riqueza ha provocado que en el país, más de un millón de niños de entre 5 y 17 años, provenientes en su mayoría de hogares pobres, rurales e indígenas, deban insertarse al mercado laboral,5 lo que en muchos casos no solamente viola las normas nacionales e internacionales que regulan el trabajo infantil, sino que sacrifica las posibilidades que tienen estos niños y jóvenes de construir un proyecto de vida que permita romper el círculo de la pobreza.

El mercado laboral es un fiel reflejo de la desigualdad y exclusión prevaleciente en el país. Por un lado, la flexibilidad en las relaciones laborales ha provocado una disminución de los empleos dignos, asalariados y estables, transformando a los trabajadores en cuenta propistas, que en su mayoría obtienen bajos ingresos. En la actualidad, aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con un contrato de trabajo, además de carecer del acceso a la seguridad social. Por otro lado, en el mercado laboral hay una tendencia al aumento de los trabajadores informales. La mayor parte de esta población tiene en común la poca experiencia laboral, la limitada educación y el provenir de hogares pobres y en su mayoría de zonas rurales, en donde la baja cobertura y calidad del sistema escolar, aunada a la pobreza, los ha hecho integrarse de manera temprana al mercado laboral, desempeñando trabajos de baja productividad, baja remuneración, fuera del marco legal establecido y sin la protección del Estado, otorgada por medio de la Seguridad Social. La insuficiente supervisión laboral del Estado, ha fomentado el incumplimiento de los derechos laborales.

En materia de género, Guatemala es el país de América Latina con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, y en donde aún subsisten mecanismos de discriminación hacia las mujeres trabajadoras, tales como la solicitud de pruebas de embarazo, como requisito previo para acceder al empleo. Este tipo de pruebas son solicitadas, incluso, por entidades del Estado.7 Otra desventaja para las madres trabajadoras guatemaltecas, lo constituye la carencia de centros de aprendizaje y cuidado infantil públicos.

En cuanto al diálogo tripartito (gobierno, trabajadores y patronos), este se ha visto afectado por la falta de voluntad política del Estado, para respetar y promover el cumplimiento de los convenios internacionales y de las normas nacionales vigentes en materia laboral, lo que se evidencia, tanto en la fijación arbitraria y sin consulta con los trabajadores, del salario mínimo para el sector de la exportación y la maquila, como en el congelamiento del mismo en 2009. En este sentido, conviene recordar que el salario mínimo se ha mantenido siempre muy por debajo del Costo de la Canasta Básica Vital –CCBV-. Actualmente, el 87% de los trabajadores obtiene ingresos inferiores al CCBV, mientras el 50.1% no devenga el salario mínimo fijado legalmente.

Así como el salario no ha cumplido su función de mecanismo directo para redistribuir la riqueza, tampoco la política fiscal ha tenido éxito como mecanismo indirecto para generar una mayor equidad social. Los ciudadanos con menores ingresos soportan, proporcionalmente a sus recursos, una carga de impuestos superior a la que recae sobre los ciudadanos con ingresos más altos, como resultado de una estructura tributaria alejada de los principios de equidad horizontal (a igual ingreso, igual impuesto) y vertical (a más ingresos, más impuestos),10 en donde los privilegios fiscales (subsidios, exenciones y exoneraciones de impuestos), no solamente se otorgan de manera subjetiva, en su mayoría, a sectores económicos pujantes, sino que limitan las posibilidades del Estado de obtener suficientes recursos para ejecutar políticas públicas de beneficio social, que logren una mayor gobernabilidad y estabilidad política, que promuevan una mayor inversión privada, y que encaminen a la sociedad por la senda del desarrollo humano sostenible, entendido este como la mezcla idónea de competitividad nacional para el crecimiento económico, respeto y promoción de los derechos humanos y compromiso con los recursos naturales.

La magnitud de la actual crisis económica empeorará las condiciones de desigualdad anteriormente descritas. Las principales propuestas gubernamentales para enfrentar la crisis proponen, por un lado, priorizar el gasto social,11 lo cual debe observarse como una medida atinada, y la reforma tributaria, actualmente en el Congreso de la República, constituye un primer avance para el aumento de las capacidades del Estado para financiar las políticas públicas. Sin embargo, en materia laboral, las propuestas han girado en torno a la flexibilización, de hecho y de derecho, de las garantías mínimas que protegen a los trabajadores, lo que aleja aún más al Estado del cumplimiento de sus compromisos y obligaciones para con los hombres y mujeres trabajadores.

Ante este panorama  el MSICG ha presentado al Presidente de la república de Guatemala, Ing. Alvaro Colom, una propuesta integral, que permitiría, en el marco de la crisis económica y social, replantear el modelo de crecimiento económico vigente, para encontrar solución a los problemas del desarrollo humano, de la justicia social y del trabajo decente a través de una serie de medidas relacionadas con la educación, la salud, la asistencia social, el problema de vivienda, el trabajo y la seguridad social, la inversión en la infrastructura para la generación de empleo, la implementación de una política de desarrollo rural y el manejo de recursos naturales y económicos del Estado, entre otros.

Adjunto a este artículo está disponible para su descarga el texto completo de la propuesta realizada por el MSICG.

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Con fecha 02 de febrero del año 2010 el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- junto con la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadoras de las Américas –CSA-  presentaron, en el Salón Pablo Picasso de Casa Ariana,  el informe titulado “Guatemala: El Costo de la Libertad Sindical” ante la presencia de instituciones y organizaciones de derechos humanos, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, miembros de las organizaciones del MSICG y representantes del sector empresarial guatemalteco, entre otros.

El informe describe graves violaciones a los derechos humanos sindicales ocurridas del año 2005 a enero de 2010 registrando en dicho período un total de 133 actos de violencia no mortal consistentes en intimidaciones, agresiones y amenazas y un total de 42 asesinatos cometidos en contra de dirigentes y defensores de los derechos sindicales del 2007 a la fecha, 16 de ellos ocurridos en el dos mil nueve, lo que refleja, en comparación con un único caso registrado en el 2006, un incremento preocupante de la violencia en contra del movimiento sindical guatemalteco  y en especial en contra del MSICG ya que, en declaraciones realizadas por Efrén Sandoval, miembro del consejo político del MSICG "Más del 95 por ciento de todos los muertos han sido vinculados a algún tipo de conflicto laboral o de la defensa del ambiente y recursos naturales. Hablamos que de 42 asesinatos, 38 han sido en contra de nuestros miembros” apuntó.

Después de la presentación del Informe el Secretario General de la CSA, compañero Víctor Báez oficializó la Declaración de condena al Estado de Guatemala, "haciendo un llamado al Gobierno de la República a tomar las medidas necesarias para frenar de manera inmediata los actos violatorios de la libertad sindical ejecutados mayoritariamente contra las organizaciones miembros del MSICG, así como la inmediata investigación, individualización y sometimiento a juicio de los autores materiales e intelectuales de los actos de violencia cometidos contra los miembros del MSICG"

Acompañamos a este artículo el informe y la citada declaración.

EL MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-

DENUNCIA

1. Que los compañeros RODRIGO GARCIA CUNEN, CARLOS ANIBAL RAMIREZ PAÍZ y CARLOS ENRIQUE SERECH; que actualmente fungen como Secretario General, Secretario de Finanzas y Secretario de Trabajo y Conflictos, respectivamente, del SINDICATO DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA FINCA LA SOLEDAD –SITRASOLEDAD-, afiliado a la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala –UNSITRAGUA- y al MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-, han venido siendo objeto de amenazas como producto de su actividad sindical.
2. SITRASOLEDAD, es un sindicato que opera en la Finca La Soledad, ubicada en el municipio de Patulul del departamento de Suchitepéquez, propiedad de la entidad: Compañía Agrícola Solesa, S.A que se dedica a la producción y comercialización de hule.
3. Desde el mes de febrero de 2010, la entidad patronal ha pretendido la disolución del sindicato, sin embargo, estas medidas se han intensificado a partir del mes de abril de 2010 cuando la entidad patronal inició un proceso de despidos antisindicales y el cambio de condiciones de trabajo de varios afiliados a la organización sindical. Esto, en el marco de la proposición de una negociación colectiva por parte del Sindicato.
4. El 26 de febrero de 2010, a eso de las 04:00 horas, cuando el compañero RODRIGO GARCIA CUNEN, Secretario General de SITRASOLEDAD se dirigía de su casa de habitación ubicada en la Aldea El Rosario, municipio de Patulul hacia su centro de trabajo en la Finca La Soledad, en un tramo del camino pudo observar a dos hombres con el rostro cubierto por gorros pasamontañas, al pasar cerca de ellos, el compañero pudo notar que portaban armas de fuego y notó que justo al pasar liberaron los seguros de las armas en un claro acto de intimidación hacia el compañero.
5. Ese mismo día, 26 de febrero de 2010, a eso de las 15:00 horas, mientras el compañero Alfonso Enrique Chonay, miembro del Consejo consultivo de SITRASOLEDAD, se encontraba haciendo su tarea de corte de leña, fue abordado por un sujeto desconocido quien sin más razón, le preguntó si había sindicato en la Finca La Soledad, luego de esto, tomó rumbo adentrándose en la Finca La Soledad.  Aproximadamente quince minutos después de la conversación con el desconocido y luego de haber terminado su tarea, el compañero se dirigía hacia su casa, cuando vio al desconocido pasar en una motocicleta conducida por otra persona; cinco minutos después, volvió a pasar frente al compañero para luego dirigirse por la calle principal hacia el municipio de Cocales del departamento de Suchitepéquez.
6. El día 5 de julio de 2010, a eso de las 04:15 horas, cuando el compañero RODRIGO GARCIA CUNEN se dirigía de su casa hacia su centro de trabajo acompañado por su hijo Carlos Enrique García Santos, a la altura del lugar conocido como “El Mono”, escucharon tres disparos que el compañero sintió pasar cerca de su cabeza; pero, debido a la oscuridad no pudo ver de donde provenían los disparos ni quien los hizo.
7. El 14 de julio de 2010, a eso de las 10:00 horas, mientras cumplía con sus labores, el compañero CARLOS ENRIQUE SERCH, se percató de que en un árbol había una hoja de papel blanco pegada con la leyenda escrita:  “Entrega a Carlos Ramírez o te mueres Carlos Serech”. Al percatarse del contenido, el compañero llamó a sus demás compañeros de trabajo.
8. Al revisar el lugar, los compañeros encontraron una bolsa de plástico color negra que contenía en su interior una nota escrita a máquina en la que textualmente se lee:  “Sindicalistas de Finca la Soledad es un gusto saludarlos por medio de este papel ya que de forma personal es muy imposible para nosotros; el objeto de este papel es para informar a los lideres y el resto de la corporación que de forma muy civilizada le pongan cuidado a lo que les voy a pedir ya que an  surgido muchos paros laborales e hecho mucho por tratar de mejorar la cituasion  pero es muy unposible esto va para los lideres tienen treinta días para que renuncien a sus labores o que anulen el sindicato de la finca o me vere obligado a eliminar uno por uno para ser mas especifico tendre que matarlos.  Este aviso solo lo podrán circular dentro de su corporación no lo tiene que saber Alvaro Merida ni la policía ni el ministerio publico para sus seguridad de los lideres porque casi todos los tengo en mis manos si este aviso le ponen cuidado aténganse a las consecuencia SE DESAPARECERAN LOS LIDERES ME PICAN LAS MANOS PARA MATARLOS” (Los errores ortográficos son parte del texto original de las amenazas dirigidas a los compañeros).
9. Ante estas amenazas, los compañeros han presentado con fecha 21 de julio de 2010, la respectiva denuncia al Ministerio Público, en la cual se han solicitado medidas de seguridad perimetral y acompañamiento a los compañeros RODRIGO GARCÍA CUNEN, CARLOS ANIBAL RAMIREZ PAIZ, CARLOS ENRIQUE SERECH, ARGELIO AURELIANO ALVAREZ PEREZ y los demás dirigentes y miembros del SITRASOLEDAD.
10. El MSICG se solidariza con la dirigencia y miembros de base de SITRASOLEDAD y condena este nuevo acto de intimidación y amenazas contra una de sus organizaciones miembros que estigmatizan el ejercicio de la libertad sindical.
11. El MSICG hace un llamado a las autoridades Guatemaltecas a efecto de que resguarden la vida y la integridad física de la dirigencia y miembros de base de SITRASOLEDAD y particularmente la de los compañeros RODRIGO GARCÍA CUNEN, CARLOS ANIBAL RAMIREZ PAIZ, CARLOS ENRIQUE SERECH, ARGELIO AURELIANO ALVAREZ PEREZ y para que inicien una investigación que permita identificar, localizar, capturar, someter a juicio y condenar a los autores materiales e instigadores de este nuevo acto de intimidación y amenazas.
12. El MSICG hace un llamado a nuestras organizaciones hermanas a efecto de que sumen a la condena del MSICG contra este nuevo acto de intimidación y amenazas que recrudecen la estigmatización existente contra el ejercicio de la libertad sindical y al llamado realizado a las autoridades guatemaltecas.

Guatemala, 21 de julio de 2010

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

MSICG

El día  12 de mayo del año 2010, el MSICG entregó en la Secretaria General de la Presidencia de la República de Guatemala, una carta dirigida al  Presidente de la República Ingeniero Álvaro Colom  en la que se exige al gobierno dar cumplimiento a la Observación de la CEACR en materia del Convenio 169 de la OIT Sobre pueblos indígenas y tribales en el sentido de suspender inmediatamente las actividades de la planta de cemento que Cementos Progreso, S.A.  instaló en el municipio de San Juan Sacatepéquez y revisar las actividades de Montana-Glamis (actual Gold Corp. Inc.) en los departamentos de San Marcos e Izabal antes que sus efectos nocivos sean irreversibles.

De la misma forma, el MSICG condenó como lo hizo en su oportunidad, la  intención del gobierno  de renovar el contrato petrolero que afecta y pone en riesgo el área del Parque Nacional "Laguna del Tigre", considerado como el segundo humedal más grande de América Latina y el primero en la región mesoamericana. Esta intención, tal y como lo ha expresado el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, es contraria incluso al plan de gobierno presentado por la UNE al Pueblo de Guatemala antes de tomar el poder.

Adjuntamos a este artículo la carta dirigida por el MSICG al Presidente de la República, Ing. Alvaro Colom.

EL MSICG es la única Central Sindical que existe actualmente en Guatemala.

EL MSICG está conformado por trabajadores y trabajadoras organizados de todos los sectores del país dentro de los que estamos los y las trabajadoras de casa particular, los y las trabajadoras del sector agrícolas, de la industria de la maquila y de otras industrias, trabajadores del sistema financiero, trabajadores de los diferentes poderes e instituciones del Estado, médicos, abogados, profesionales universitarios, economistas, trabajadores y trabajadoras indígenas e independientes, etcétera.

EL MSICG es una Central sindical clasista, democrática y de izquierda formada por organizaciones de trabajadores y trabajadoras que nos afiliamos de forma voluntaria y responsable para defender nuestros intereses de clase y para conseguir una sociedad con justicia social.

EL MSICG a través del impulso agresivo de su proceso de reconstrucción del movimiento sindical procura constituir el poder social organizado para enfrentar la problemática estructural de Guatemala, construir la democracia, combatir la exclusión social en todas sus manifestaciones y alcanzar la justicia social.

EL MSICG en su misión transformadora de la sociedad y la construcción de la justicia social trabaja arduamente por la recuperación de la identidad de clase como presupuesto básico para que el poder social organizado cumpla esa función transformadora.

EL MSICG trabaja por un sindicalismo con vocación geopolítica asentada en la solidaridad y la congruencia de clase.

EL MSICG como Central sociopolítica tiene como finalidad a parte de atender los problemas de los trabajadores y trabajadoras en su centro de trabajo, transformar las estructuras de poder económico, social, político, ambiental y cultural imperantes en Guatemala que mantienen a más del 90% de la población sumida en una total exclusión social y contribuir en el proceso de transformación global.

EL MSICG como Central sindical democrática nace con el imperativo de impulsar e implementar la igualdad de oportunidades y combatir la discriminación en todas sus manifestaciones especialmente las basadas en el sexo, por ello desarrolla e implementa acciones positivas en las relaciones laborales y condiciones de trabajo, así como la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los niveles de la sociedad y de la dirección de las estructuras sindicales que la conforman y dirección nacional.

EL MSICG como Central sindical clasista actúa de manera autónoma e independiente de los poderes económicos, de los partidos políticos y del Estado, respondiendo únicamente a los intereses de la clase trabajadora que representa.

EL MSICG es una Central sindical internacionalista que promueve la solidaridad con la clase trabajadora del mundo y hacia los pueblos que luchan por definir e implementar sus propios modelos alternativos de desarrollo para alcanzar sociedades más justas.

Manifiesto del Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco en el marco de la conmemoración número 65 de la Revolución de octubre.

En esta plaza, se encuentra presente la dignidad del pueblo de Guatemala, los verdaderos hijos de la Revolución de Octubre de 1944, más que participantes de una conmemoración, somos autores de las exigencias de los ideales que impulsaron las acciones de los dos únicos gobiernos revolucionarios que ha tenido este país, los que hicieron posible una primavera democrática y que intentaron construir una democracia real, participativa e incluyente.  

Durante los 10 años de revolución, el gobierno, impulsado por el pueblo, nos entregó un Código de Trabajo que reconoció garantías para el trabajador y trabajadora e instituciones para defenderlas, superarlas y hacer del proceso productivo un instrumento de desarrollo que, a pesar de todos los ataques e incluso de las afirmaciones del actual Ministro de Trabajo que asegura que se trata de un Código muerto, es aún considerado por la OIT una de las mejores legislaciones de trabajo de la región.

El proceso revolucionario también constitucionalizó los derechos de las mujeres otorgándoles el estatus de ciudadanas que les había sido negado por tanto tiempo, fomentó la educación a través de la autonomía Universitaria y la implementación de las escuelas tipo federación y la salud como pilares para lograr el trabajo decente a través de la creación del IGSS.

La Revolución de Octubre creó también el Banco de Guatemala, como un instrumento de apoyo a la actividad productiva de la población, para garantizar las condiciones de crecimiento de las pequeños productores, agricultores, comerciantes, trabajadores y habitantes de escasos recursos para que contaran con un sistema bancario que sirviera de instrumento para su dignificación económica y no como opera actualmente, como un instrumento al servicio de la especulación y fijación de los porcentajes de extorsión que condenan a la pequeña y mediana producción y al pueblo en general a doblegarse ante los grandes capitales.

En esa época, bajo el gobierno de Jacobo Arbez Guzmán,  se impulsó la reforma agraria integral con ánimo de asegurar una justa distribución de los medios de producción y convertir a los trabajadores agrícolas en usufructurarios  vitalicios de parcelas y cooperativas en fincas, mediante esta reforma se prohibieron todas las formas de esclavitud y servidumbre y las prestaciones personales  gratuitas de los campesinos, mozos colonos y trabajadores agrícolas, así como el pago en arrendamiento de la tierra y el repartimiento de indígenas. El aumento de campesinos e indígenas propietarios de la tierra llevó paulatinamente al aumento de los salarios en el campo.  En este marco también coadyuvó la promulgación de la Ley de arrendamiento forzoso.

La Revolución era un proyecto de patria, no la imposición de la finca - empresa que tenemos ahora, era un proyecto soberano, en todos los sentidos, empezando por reconocer la inclusión de los pueblos indígenas de Guatemala como un elemento fundamental de un proyecto de nación y de democracia incluyente.

La realidad que nos motivó al pueblo a hacer la revolución, no está muy lejos  de la realidad que vivimos ahora, después de  23 años de democracia formal; un  país de barbarie, de exclusión y sin  ley. En los últimos años  4,300 mujeres compañeras trabajadoras han sido asesinadas brutalmente sólo por el hecho de ser mujeres, 98% de estos crímenes se encuentran bajo total impunidad. 170 compañeros trabajadores del transporte público han sido asesinados en el 2009 y dejado en la orfandad a sus hijos y solas a sus esposas.  Mientras esto sucede el Organismo Ejecutivo se sienta a negociar con los empresarios del transporte y a otorgarle jugosos subsidios para que puedan soportar la violencia, parece un juego macabro y servil  pues mientras la violencia la pagan los  trabajadores para los empresarios del transporte la misma en un negocio rentable.

Después de 23 años de democracia formal somos un país con gobernantes sin compromisos reales con los intereses de la mayoría de la población, sin independencia de poderes, un país en donde las voluntades se compran con cualquier precio, de intelectuales sin compromiso social, de un ejército represivo y cada vez más fortalecido por el Gobierno de la UNE, todos hemos sido testigos como este gobierno ha disminuido los presupuestos de salud y educación e incrementado el Presupuesto del Ejército, aumentado el número de militares, de destacamentos y militarizando las comunidades, tenemos un gobierno, en términos generales, ejercido desde la perspectiva de las necesidades de los capitales nacionales y transnacionales y sin voluntad política de realizar el ideal democrático de transformar la estructura económica, política y cultural para ponerla al servicio de las mayorías.

En términos generales a 55 años  que nos fuera arrebatado el proceso revolucionario; el pueblo que  hizo posible, sus garantías e instituciones, sigue padeciendo los mismos golpes, bajo los mismos argumentos e intereses que traicionaron la patria,  con el agravante de que el actual gobierno, vía el despilfarro de recursos del pueblo, en medio de una constante campaña proselitista, pretende instrumentalizar este festejo  y quitárselo al pueblo que le pertenece.  

Guatemala está a punto de ser declarada un estado fallido. Tenemos un organismo legislativo totalmente comprometido con los intereses de los capitales nacionales y transnacionales y con la campaña política del gobierno de turno.  Prueba de ello lo constituye la aplanadora que han creado en el  Congreso el partido oficial de la UNE,  el PAN, la  GANA, PU y el  FRG en donde a cambio de cualquier prebenda servida por el Ejecutivo se pactan los intereses más elementales del pueblo pilares de la democracia.  Incluso como lo acabamos de ver el derecho del pueblo a tener un sistema de justicia independiente y eficiente.  Recordemos bien como la UNE  promovió la elección de Magistrados calificados de no idóneos para impartir justicia por la CICIG,  por el MSICG y por la sociedad civil.  Al final de todo la UNE pese a los señalamientos de la CICIG amparada por la Corte de Constitucionalidad  y los bloques con los cuales cogobierna deja  a 3 vetados propuestos por ellos dentro de la Corte Suprema de Justicia,  esto  evidencia el secuestro que existe y que impulsa este gobierno del sistema de justicia guatemalteco y que al final de cuentas se reflejará en resoluciones judiciales en contra de los trabajadores y favor del capital y de los intereses cercanos a este gobierno y su familia política… ¿En dónde quedó entonces el deseo de los gobiernos revolucionarios de que sentiríamos el respaldo poderoso de la ley que nos dignificaría sin necesidad de andar buscando favores personales ni simpatías de ocasión?.

Actualmente tenemos un Ministerio de trabajo y previsión social que se niega a fiscalizar las condiciones de trabajo de los trabajadores de los diferentes centros de trabajo denunciados por el MSICG, especialmente las fincas de los grandes terratenientes, las maquilas, las condiciones de trabajo de los compañeros del sector informal de la economía, las dependencias del Estado, etc. Un Ministro de trabajo que en compañía de la familia política del Presidente de la República y, según se dice, con recursos públicos promueve la división y penetración del  Movimiento sindical autónomo,  del movimiento campesino y del movimiento indígena y muy particularmente se ha enfocado por acción u omisión en eliminar física y formalmente al MSICG, referente de los intereses de la clase trabajadora del país. Al MSICG le han sido asesinados ya  32 compañeros durante el régimen de gobierno de la UNE, sin que ninguno de estos asesinatos se esclarezca.  Es un secreto a voces que el gobierno financia  movilizaciones de organizaciones afines a su régimen dispuestas a negociar los más fundamentales derechos de los trabajadores y del pueblo,  son estas organizaciones precisamente con las que el gobierno se sienta en las mesas de diálogo que no son otra cosa más que una caricatura y  mecanismo de evitar que haya críticas al gobierno y de validar los compromisos y pactos que este gobierno ya asumió con el sector empresarial del país.  No es casual que el sector empresarial permanezca en silencio y que los medios de comunicación salvo honrosas excepciones se pronuncien sobre la problemática del país.

Hoy estamos reunidos frente al IGSS, instituto en el cual al menos al 90% de trabajadores y trabajadoras se les niegan sus derechos laborales incluso el acceso a la seguridad social pues se les contrata en total violación a las leyes de trabajo por contratos civiles como el denominado 029, 021, 022 y todos los ceros que podamos imaginarnos.  

Este instituto que debería hoy dar seguridad social al 100% de la Población a penas la otorga al 19%, buena parte de esta problemática se debe a la politización y desfinanciación que se ha hecho del IGSS.  El Estado de Guatemala bajo total impunidad tiene actualmente una deuda  aproximada de 16 mil millones de quetzales con el IGSS en su calidad de empleador y Estado, las municipalidades una deuda de aproximadamente 365 millones de quetzales y  la iniciativa privada una deuda de aproximadamente 538 millones de quetzales.  Para coronar esta impunidad el IGSS se ha negado a proporcionarle al MSICG la información relativa a los deudores específicos del IGSS a pesar que desde el momento en que se es deudor del Estado la información por mandato de ley debe ser de conocimiento público.

Frente a este panorama de corrupción e impunidad la principal iniciativa del  gobierno de la UNE  es que  los trabajadores paguen más cuota para poder sostener el IGSS y que se aumente la edad de la jubilación.  Vale la pena decir con total indignación que esta moción ha sido también promovida por supuestos dirigentes sindicales  que desde el puesto de representación de los trabajadores han representando solamente sus intereses, sin defender a la clase trabajadora a cambio de algunos viajes y aumento de las dietas.

Todas y todos aquí nos preguntamos ¿por qué los trabajadores y trabajadoras de este país somos los que pagamos impuestos y no los dueños del capital?, ¿por qué los trabajadores y trabajadoras de este país tenemos que pagar con nuestros salarios que ni siquiera nos alcanzan para comer  la deuda impune que el Estado de Guatemala, los empleadores y las municipalidades tienen con el IGSS?,  ¿Por qué ya nadie habla de los Q350 millones de quetzales que se perdieron del IGSS y de los Q 82 millones de quetzales que fueron desviados del Congreso de la República?.

Y qué podemos decir de los compañeros del  sector agrícola quiénes continúan trabajando en condiciones de sobre explotación, sin acceso a la seguridad social,  a la organización sindical, a las leyes del trabajo, quienes laboran los 8 días a la semana durante más 12 horas diarias con sus familias, incluidos niños, niñas y mujeres, mujeres que no perciben ninguna remuneración por el trabajo que desempeñan o que perciben la mitad o menos de los salarios que perciben los hombres, de esos trabajadores  que son obligados a consumir drogas para laborar, según los empleadores, más competitivamente, empleadores sin escrúpulos ni ética que aduciendo la actual crisis económica y social que no ha tocado al agro están cobrándole la renta del lugar donde viven los trabajadores dentro de las fincas descontándola del salario.  Qué sucede con este 1.6 millones de trabajadores agrícolas a los  que el Presidente  de la República decidió unilateralmente negarles un ajuste al salario mínimo y la fiscalización del cumplimiento de sus derechos laborales más elementales, a quienes se les expulsa de sus tierras, se les queman sus siembras y se les manda a la cárcel.   

¿Y dónde está la reforma agraria integral?. ¿Qué sucede con los compañeros trabajadores del sector informal quienes son desalojados, golpeados  y asesinados en manos de fuerzas de seguridad del Estado a quiénes se les roban sus instrumentos de trabajo en los desalojos y las 88,000 trabajadoras de la maquila que no gozan de condiciones de trabajo diferentes a las del sector agrícola sólo que en la ciudad o sus cercanías? No olvidemos que el Presidente de la República ofreció a los empresarios de la maquila 175 millones de quetzales para enfrentar la crisis, la gran pregunta es ¿Estos 175 millones de quetzales cambiaron las condiciones de explotación de las trabajadoras de la maquila?  Y no olvidemos tampoco que por allí  viene el Convenio 175 de la OIT sobre el trabajo a tiempo parcial por Decreto.
¿Qué sucede con los derechos de los pueblos indígenas en cuyas tierras se instalan empresas de exploración y explotación minera sin consulta, sin haberse hecho previamente los estudios de impacto ambiental y programas que garanticen la protección de la  madre tierra?  Sólo en lo que va del año han sido asesinados por lo menos  3  compañeros por reclamar sus derechos a la tierra y recursos naturales, y  otra decena se encuentra en prisión por los mismos motivos incluido el compañero Ramiro Choc. No cabe la menor dudar que hay una total falta de voluntad política para poner fin a esta problemática ejemplo de ello son las mesas de diálogo infructuosas que obligatoriamente ha impuesto el gobierno, los estados de excepción y militarización de las comunidades impuestas cuando las poblaciones  se han atrevido a reclamar la vigencia del Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos indígenas, basten como ejemplos el caso de San Juan Sacatepequez y el Estor.  


Este gobierno aduce que no ha otorgado licencias Mineras sin embargo el 12 de Febrero de 2009 otorgó a Perenco Guatemala Limited el Contrato de servicios petroleros para operar de emergencia en 27,307 hectáreas de Alta Verapaz y Petén,  desde su toma de posesión ha otorgado 9 licencias definitivas para la utilización de bienes de dominio público para centrales hidroeléctricas, y sin agotar la lista recientemente aprobó la Franja Transversal del Norte que afectará a miles de compañeros campesinos e indígenas quiénes no fueron consultados y cuyas comunidades están siendo militarizadas.  Esto a pesar de que el MSICG, en su lucha ante OIT logró una contundente recomendación de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones en el sentido de que no se debía autorizar proyecto alguno de exploración o explotación de recursos naturales o proyecto alguno de desarrollo sin la consulta efectiva y de buena fe de los pueblos afectados por los mismos.

Para esta última concesión jugó un papel vital la aplanadora construida por la UNE en el Congreso sólo que esta vez no pagó el ejecutivo la transacción sino que, según se dice a grandes voces,  algunos inversionistas que hasta tomaron nota de quién votó en el Congreso a favor de dichos proyectos para después hacer unos cuantos cheques.  Pero como dijo el  Presidente de la República no hace mucho tiempo: La UNE tiene un Plan si los campesinos, sindicalistas e indígenas queremos otra cosa que hagamos nuestro partido, ganemos las elecciones y gobernemos.  

Pero esto no debe extrañarnos lo puntualizado hasta aquí, extraño sería que los mal llamados padres de la patria presentaran y aprobaran las 7 propuestas de iniciativas de Ley impulsadas por la clase trabajadora del país a través del MSICG, la iniciativa de Ley de desarrollo Rural promovida por Plataforma  Agraria y respaldada por el MSICG y la iniciativa de Ley de reformas  a Ley de Electricidad promovida por el sindicalismo del sector eléctrico del país con respaldo del MSICG.

¿De qué soberanía hablamos cuando UNION FENOSA violenta los derechos de sus trabajadores, hace cobros arbitrarios a la población del interior del país  y cuando esos pueblos se resisten son extorsionados mediante la privación del acceso a ese servicio esencial?

En otras palabras, después de 65 años de que se instaló el primero de los dos únicos gobiernos revolucionarios en este país, de un conflicto armado de más  36 años y de la firma de  los Acuerdos de Paz  la situación de las mayorías en Guatemala no ha cambiado.  El pueblo está muriendo de hambre y a pesar que la clase trabajadora de este país genera la riqueza 51% de ella está en pobreza y extrema pobreza, el 80% es excluida socialmente,  el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional, 4 millones de niños trabajan en este país debido a la falta de condiciones decentes de trabajo de los adultos, y aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con contrato de trabajo, 80% no gana un salario acorde al Costo del a Canasta Básica Vital y 50% no gana tan siquiera el salario mínimo que tiene un déficit con el Costo de la Canasta Básica Vital de 137%, y las mujeres de este país son las más discriminadas de América Latina.

Ante este panorama hacemos un llamado al pueblo de Guatemala para que resurja el espíritu que impulsó la gesta de octubre del 44 tan indispensable para  impulsar los cambios que se necesitan para resolver la problemática estructural del país. Dentro de ella la exclusión, desigualdad e injusticia social.  Hacemos un llamado a la Unidad, a la lucha organizada y a reivindicar el poder y soberanía que nos corresponde como pueblo así como nuestro derecho a una Guatemala mejor.

Aquí nadie se rinde

Aquí nadie se vende

No a la corrupción

No a la impunidad

No a la desigualdad e injusticia social

Por un trabajo decente

Por una verdadera Democracia

Guatemala, 20 de octubre de 2009.

CONSEJO POLITICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

MSICG

Mediante esta propuesta, el MSICG apuesta de manera decidida a la transparencia y dignificación del ejercicio de la representación de los trabajadores y trabajadoras en las diversas instancias en las que por disposición de la ley su partición se prevé.

La propuesta pretende la  eliminación del pago de  dietas a los representantes de los trabajadores y trabajadoras ante cualquier instancia en virtud de  que tales dietas se han constituido en un sistema de doble remuneración en donde a los representantes de los trabajadores no sólo se les paga su salario sino que además se les remunera por la defensa de sus intereses gremiales lo cual, el MSICG considera no compatible con el ejercicio transparente de tal representación.  Además debe tomarse en cuenta que dichas dietas son pagadas con el dinero proveniente del Pueblo de Guatemala que debiera ser invertido en gasto que fomente la justicia social.

En resumen, el proyecto de ley propone la eliminación del pago de dietas a los representantes de los trabajadores en las juntas directivas (como la del IGSS, IRTRA, INTECAP y empresas estatales, por ejemplo) así como en las diferentes comisiones de carácter paritario, tripartito o multisectorial.  Si bien es cierto, la iniciativa se presenta como una medida dirigida exclusivamente a los representantes del movimiento sindical, el MSICG espera provocar mediante la propuesta que otros sectores cuyos representantes gocen actualmente del pago de dietas dignifiquen también la representación de sus intereses en tales espacios y eviten trasladar ese costo al pueblo de Guatemala.

Adjunto a este artículo se encuentra en formato pdf el texto completo del  proyecto de ley impulsado por el MSICG.

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El MSICG propone la creación de una ley complementaria de la normativa laboral existente con la finalidad de dar cumplimiento a la recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, sobre las relaciones laborales y al artículo 7 del Protocolo adicional a la Convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales –Protocolo de San Salvador.

De aprobarse esta propuesta de Ley,  aparte de fortalecerse la normativa vigente en la materia, se crearía una tutela efectiva hacia el contrato de trabajo de los trabajadores del sector público y privado  y los mecanismos para evitar la desnaturalización del vínculo laboral mediante el uso fraudulento de figuras contractuales no laborales en actividades esencialmente permanentes de carácter laboral.

Esta propuesta debe ser considerada en el marco de la crisis económica y social actual de emergencia nacional en virtud que a través de la misma se elimina el manto de impunidad con que actualmente se ejecutan estas prácticas que desprotegen socialmente a los y las trabajadoras.

Si bien es cierto, que la propuesta sola por si misma  no elimina la posibilidad de que existan contrataciones temporales, por servicios profesionales, u otros mecanismos fraudulentos de contratación, la misma sí establece criterios y controles para asegurar que tales contrataciones no se realicen en evasión del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala bajo total impunidad y regula procedimientos rápidos y efectivos para garantizar su aplicación y  la eliminación de cualquier represalia en contra del trabajador o trabajadora mientras se discuta su situación jurídica ante tribunales.

Como medida anticíclica frente a la crisis, esta propuesta tiende a proteger la estabilidad laboral como elemento fundamental para la estabilidad social y económica.  Además elimina las condiciones para que se de el dumping social y la competencia desleal en contra de los y las profesionales egresadas de las diversas Universidades del país.

El texto completo de este proyecto de ley impulsado por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco, se encuentra como archivo adjunto a este artículo.

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