“PARA UN TRABAJO DECENTE, DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LIBERTAD SINDICAL”

Para el MSICG es inaceptable que Guatemala a pesar de contar y haber contado con una de las economías más grandes de la sub-región históricamente haya sacrificado el desarrollo humano generando y recrudeciendo la situación de exclusión, pobreza y pobreza extrema en que se encuentra la mayoría de la población.

Aunque Guatemala tiene un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, actualmente el índice de Gini  se ubica alrededor del 56,2%,  más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentra bajo la línea de la pobreza, y cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, afectando esta en un 74.8% a la población indígena y rural. Situación que empeoró desde el año 2009 cuando, según el PNUD, más de 700,000 guatemaltecos se sumaron a los pobres y  500,000 a los pobres extremos y que podría agudizarse para el año 2011 dado los actuales desastres naturales  que están poniendo en riesgo  de caer en pobreza a por lo menos  5.4% más de la población,  y en pobreza extrema a por lo menos  4.5%, sumado a las más  de 600,000 familias que se encuentran en inseguridad alimentaria y un número similar que han perdido sus viviendas y cultivos.

Este panorama es revelador de la alta concentración del ingreso que a su vez es causa y efecto de otras desigualdades, que se manifiestan tanto en la segmentación por inserción productiva y por factores territoriales, étnicos y de género, como en las históricas inequidades en el acceso a activos y patrimonios, como la tierra y el conocimiento, entre otros.  El último censo agropecuario del año 2003 refleja que del total de productores un 92.06%  ocupa tan sólo el 21.86% de las tierras cultivables, siendo estas parcelas de producción de subsistencia e infrasubsistencia, es decir, parcelas inferiores a una manaza o a diez respectivamente, mientras que un reducido 1.86% de productores ostenta el 57% de las tierras en producción.  Solamente 15,000 fincas concentran más de 5.3 millones de manzanas de las que tiene el país en procesos productivos agropecuarios, de estos 47 productores tienen más del 5% del total de las tierras.

La desigualdad distributiva ha representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. En primer lugar, porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional./En segundo término, la distribución del ingreso ha determinado, dramáticamente para el caso de las madres, mayores o menores posibilidades de sobrevivir en el periodo de gestación, pues la concentración de la riqueza segmenta implícitamente el pleno derecho a la vida, que es el primero de todos los derechos. Los registros de muertes maternas revelan que a menores niveles de ingreso y educación, existen mayores posibilidades de morir durante el embarazo.

Otra de las peores manifestaciones de la inequitativa distribución del ingreso se hace notoria en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos y la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos, Un 54,5% de los y las niñas menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, en su mayoría niñas del área rural e indígena.  /Finalmente, el mercado laboral es un fiel reflejo de la desigualdad y exclusión prevaleciente en el país.  A pesar que la composición del aparato productivo ha cambiado mucho en las últimas décadas en Guatemala las principales exportaciones siguen siendo el café, el banano y el azúcar, seguidas de los productos no tradicionales, la agroindustria y la producción textil, principalmente realizada en maquilas y destinado al mercado estadounidense; y el agro guatemalteco sigue siendo el principal empleador, empleando a más de 1.7 millones de trabajadores y trabajadoras.

Tanto las plantaciones de Café, como de banano, de caña de azúcar y los centros de trabajo del sector textil sector este ultimo que emplea a más de 900,000 trabajadores en su mayoría mujeres siguen siendo también los principales sectores donde más se violentan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, extremos que tanto el documental.

En la actualidad, aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con un contrato de trabajo, 16% se encuentra subempleado, 50% gana un salario inferior al mínimo fijado legalmente que tiene un déficit del 123% con el Costo de la Canasta básica Vital, 87% gana un salario inferior al Costo de la Canasta básica Vital, además de que 81.8% carece del acceso a la seguridad social.  La mayor parte de esta población tiene en común la limitada educación y el provenir de hogares pobres y en su mayoría de zonas rurales, en donde la baja cobertura y calidad del sistema escolar, aunada a la pobreza, los ha hecho integrarse de manera temprana al mercado laboral, desempeñando trabajos de baja productividad y baja remuneración. A la fecha más de un millón de niños de entre 5 y 17 años, provenientes en su mayoría de hogares pobres, rurales e indígenas, están insertados en el mercado laboral,  lo que en muchos casos no solamente viola las normas nacionales e internacionales que regulan el trabajo infantil, sino que sacrifica las posibilidades que tienen estos niños y jóvenes de construir un proyecto de vida que permita romper el círculo de la pobreza y la exclusión.

En materia de género, Guatemala es el país de América Latina con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, y en donde aún subsisten mecanismos de discriminación hacia las mujeres trabajadoras./Cambiar estas condiciones de desigualdad e injusticia social que precarizan las relaciones laborales tanto en el área rural como urbana  y mantienen en la exclusión social a más del 81% de la Población trabajadora  requieren desde la perspectiva del MSICG de la aprobación urgente de leyes y de la implementación de políticas que tiendan a favorecer un desarrollo rural integral y de la modernización de las relaciones laborales y económicas en el agro.

Por ello el MSICG en el marco del Capitulo Guatemala de la Jornada Mundial por el trabajo decente convocada por la CSI y CSA está demandando al Congreso de la República la Aprobación de Urgencia Nacional de la Iniciativa de Ley 4084 Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral y al Presidente de la República la implementación de la Política de desarrollo rural integral.  AMBOS INSTRUMENTOS VITALES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AGRO GUATEMALTECO Y DEL SISTEMA ECONÓMICO.

TANTO LA INICIATIVA DE LEY COMO LA POLÍTICA CONTIENEN UNA PROPUESTA  INTEGRAL DE REFORMA AGARIA, PECUARIA,  FORESTAL, HIDROBIOLOGICA, ECONOMICA, SOCIAL, LABORAL, DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESARROLLO POLÍTICO, GESTIÓN DE RIESGOS, SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, CULTURAL Y SOCIO-AMBIENTAL, Y SON PRODUCTO DEL CONSENSO ALCANZADO EN LOS ACUERDOS DE PAZ Y DE UN DIALOGO ENTRE EL SECTOR CAMPESINO E INDÍGENA Y LOS GOBIERNOS DE TURNO DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ESPECÍFICAMENTE, CON LOS GOBIERNOS DEL FRG, GANA Y UNE.