Guatemala 20 de abril del 2011

Doctora
CLAUDIA PAZ Y PAZ BAILEY
Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.
Ministerio Público
Su despacho.

Distinguida Señora Fiscal

Atentamente nos dirigimos a usted, para solicitarle por quinta vez como sindicato de profesión y único representante de los trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Publico – SITRADICMP – nos conceda una audiencia en la cual usted se encuentre presente, con el fin  de abordar y buscarle solución inmediata a la graves violaciones a los derechos laborales y sindicales que existen dentro de la Dirección de Investigaciones Criminalística – DICRI –, las cuales han estado a la luz de las Observaciones de los Órganos de Control de la Organización internacionales del trabajo –OIT- especialmente del Comité de Libertad Sindical –CSL-.

Dentro de esta problemática relacionada con graves violaciones a la libertad sindical cabe mencionar el seguimiento de juicios ordinarios para despedir a la mayoría de miembros del Comité Ejecutivo del SITRADICMP, los constantes intentos de traslado de nuestros directivos y más recientemente el traslado de nuestro Secretario General, compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, quien ha desarrollado sus labores en la sede central de la DIRECCION DE INVESTIGACIONES CRIMINALISTICAS asignado a la UNIDAD DE RECOLECCION DE EVIDENCIAS de la ciudad capital de Guatemala por más de once años y ocho meses continuos, quien desde el intento de formación de nuestra estructura sindical ha sido reprimido en aras de dejar acéfalo nuestro sindicato y obstruir el pleno ejercicio de nuestros derechos sindicales. Es importante mencionar que las acciones antisindicales contra nuestro sindicato habían sido dejadas de lado por el anterior Fiscal General a raíz de las Observaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, sin embargo las mismas han sido retomadas y endurecidas durante su administración.

Es importante recordar que tales actos antisindicales constituyen graves violaciones a los derechos sindicales contenidos en los Convenios 87 y 98 de la Organización internacional del trabajo, el Protocolo adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador, la Convención Americana Sobre derechos humanos, la Declaración americana sobre derechos y deberes del hombre, la Constitución Política de la República de Guatemala, el Código de Trabajo, el Pacto Colectivo de condiciones de trabajo firmado entre el Ministerio Publico  y el  Sindicato de Trabajadores del Ministerio Publico -STMP-, y demás leyes laborales del país; y que únicamente evidencian la intención y política de Estado asumida por el Ministerio Público de obstaculizar el trabajo de nuestro sindicato en la lucha reivindicativa de los derechos de los y las trabajadoras de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público y de la clase trabajadora en general.

Desde el momento en que usted tomó posesión como Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico, se le ha solicitado en repetidas ocasiones una audiencia por parte de nuestro sindicato, peticiones que no han sido atendidas por su persona, sino por el contrario, ante tales solicitudes se procedió en un acto de represalia a trasladar a nuestro Secretario General a más de 500 Kilómetros de la sede central y lugar donde ejerce las funciones laborales y sindicales, esto aun y a pesar que tales traslados fueron dejados sin efecto por el ex fiscal Juan Luis Florido en atención a la petición que le hiciera el Comité de Libertas Sindical a la OIT al Estado de Guatemala, tal y como se expuso anteriormente y como consta en el Acuerdo respectivo.

La Constitución Política de la República de Guatemala la obliga a velar por el estricto cumplimiento de las leyes y ello no se circunscribe únicamente a las leyes de índole penal, sino también, a todas las leyes del país, incluidas las leyes laborales tanto nacionales como las internacionales incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico en estricto apego al respeto de los Derechos Humanos.

Nosotros como organización sindical siempre hemos buscado el diálogo, la conciliación, el respeto a los derechos humanos laborales y sindicales por lo que una vez más le solicitamos nos conceda  audiencia, ya que como se le hizo saber desde la primera solicitud, dentro de la DICRI somos aproximadamente ochocientos cincuenta (850) trabajadores distribuidos en toda la República de Guatemala o dicho de otra manera, somos la tercera parte del total de trabajadores y trabajadoras que laboran en el Ministerio Publico, existiendo entre nosotros un gran descontento en cuanto a las disposiciones laborales, y sindicales (que riñen con las leyes laborales del País) y los abusos de los que hemos sido objeto en violación a nuestros derechos humanos más elementales por parte de los dos últimos directores de dicha Dirección.

El Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público lamenta que la política de puertas abiertas que usted prometió implementar al momento de asumir como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, se refiriera únicamente para personas que no laboran en la institución a la que usted representa, y que no beneficiara la  solución de los problemas que afrontan sus trabajadores y representantes de los mismos, dejando en claro que en realidad no existe voluntad para escucharlos y solucionarlos,  aún a sabiendas que es su obligación como Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.

Asimismo, el Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público – SITRADICMP – rechaza desde ya, las declaraciones públicas realizadas durante el Diálogo Nacional sobre Conflictividad Agraria por el representante que usted asignó para esa actividad, el Licenciado Javier Monterroso, quien manifestó que en el Ministerio Publico existen dos sindicatos, uno que tiene más de 1000 afiliados y otro (refiriéndose a nuestra organización sindical) que tiene únicamente 14 afiliados, que formamos parte de una unidad que no pudo ser depurada por el Ministerio Publico y aduce que uno de nuestros dirigentes está afiliado a dos sindicatos. Sobre dicha declaración manifestamos:

PRIMERO: APEGADOS A DERECHO LE EMPLAZAMOS PARA QUE DEMUESTRE INMEDIATAMENTE LOS EXTREMOS ARGUMENTADOS IRRESPONSABLEMENTE POR SU REPRESENTANTE en un claro acto de estigmatización y discriminación antisindical, ya que SITRADICMP es un sindicato de profesión muy específico y especializado en su área, y que no existe ninguna relación con el Sindicato de Trabajadores del Ministerio Público –STMP– el cual no representa los intereses de la categoría especial de trabajadores a los cuales representa nuestra organización sindical.

SEGUNDO: Que  nuestra membrecía es mucho mayor que los 14 afiliados que su representante menciona y que nos sorprende el desconocimiento malicioso de las leyes laborales que quiso hacer el  licenciado Javier Ernesto Monterroso Castillo en virtud que de conformidad con el Código de trabajo vigente, el número mínimo de trabajadores y trabajadoras que deben prestar su consentimiento para la constitución  de un sindicato, en ningún momento puede ser menor de 20 personas, mínimo legal que todavía está muy por debajo del total de trabajadores y trabajadoras afiliadas a nuestro sindicato. Sin embargo dada las declaraciones en un acto de estigmatización antisindical que hiciera el Licenciado Javier Monterroso, en su nombre como Fiscal General, le emplazamos para que proceda a probar tales extremos ya que resulta preocupante que un órgano susceptible de afectar el derecho a la libertad de las personas mediante su accionar actué sobre la base de afirmaciones apartadas de la realidad. 

TERCERO: En cuanto a que es una unidad que debió ser depurada con personas que debieron ser depuradas, le informamos que el personal con que cuenta la DICRI es personal calificado,  formado por el propio Ministerio Público y que ejerce sus funciones de conformidad con las instrucciones emitidas por el Fiscal General y las distintas fiscalías que existen y que las medidas administrativas que tiendan a mejorar los servicios que esta dirección presta deben realizarse respetando el derecho de defensa de los trabajadores y trabajadoras que pudieran resultar afectados y que en ningún caso, la implementación de esas medidas deben usarse como justificativo para menoscabar, criminalizar y estigmatizar  los derechos de organización y sindicación que nos asisten como trabajadores y trabajadoras del Ministerio Público, mismas que  tampoco la eximen de la obligación que tiene como Fiscal General y Jefa del Ministerio Publico de escuchar a sus trabajadores y de solucionar a través de un diálogo bipartito las problemática de carácter laboral que se susciten o existan.  Lamentamos profundamente que las declaraciones  del Licenciado Javier Monterroso dejen entrever que al ser dirigentes sindicales o sindicalistas nos hace ser depurables, le recordamos que la estigmatización del ejercicio de los derechos sindicales está prohibido por las leyes del país y que esta misma depuración de la que su representante habla es la misma que realizan empleadores del país según se ha denunciado internacionalmente para despedir y evitar contratar a trabajadores que ejercen o han ejercido sus derechos sindicales.

CUARTO: En cuanto a que en nuestro sindicato hay una persona que está afiliada a dos sindicatos, hacemos de su conocimiento que el Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo de nuestra organización sindical está debidamente inscrito y reconocido por la autoridades administrativas de trabajo, inscripción que no pudo haberse verificado si alguno de nuestros directivos no hubiera reunido los requisitos que la ley exige para ejercer dichos cargos sindicales, motivo por el cual le emplazamos nuevamente a probar los extremos afirmados por su representante en la citada actividad. 

De igual forma el SITRADICMP lamenta que la Señora Fiscal haya nombrado en la Secretaría General del Ministerio Público a una persona que fue excluida del listado de legibles para ocupar la Fiscalía precisamente por la existencia de procesos vinculados a la violación de derechos humanos y humanos sindicales en su contra y que siendo esta la persona que en su ausencia le substituye esto constituya un acto de desconocimiento a los esfuerzos que en la búsqueda de transparencia empeñaron todos y cada uno de los miembros de la Comisión de postulación y los miembros de la sociedad civil que presentamos nuestros objeciones en el marco de la Ley.


El SITRADICMP en vista de los actos antisindicales y las afirmaciones tendenciosas y maliciosas realizadas por la institución que usted dirige no descarta que esa misma responsabilidad se traduzca en actos orientados a perjudicar a nuestros directivos y miembros de base por lo cual desde ya la responsabilizamos de antemano de cualquier afección que pueda operarse en ese sentido.

Por lo antes manifestado consideramos de importancia que nos podamos reunir con su persona a fin de resolver estos y otro problemas por la vía de la conciliación y en un clima de diálogo directo,  franco y de buena fe sobre la base del Convenio 144 de la OIT, sin descalificaciones infundadas ni medidas que conlleven favoritismos hacia una organización sindical y discriminación para otra, sin estigmatización de nuestros derechos sindicales.

La respuesta a dicha solicitud, puede ser enviada a la secretaria de la Unidad de Recolección de Evidencias del Ministerio Público, ubicada en el 4to nivel, del edificio el Sexteo (Lucky) que se encuentra en la 6ta avenida 5-66 de la zona 1, o comunicarse al número de teléfono 49357312 con el Secretario General Javier de León del SITRADICMP

Agradeciendo la atención a la presente y a la espera de que un diálogo fructífero se lleve a cabo para evitar otro tipo de medidas nos suscribimos de usted atentamente.

COMITÉ EJECUTIVO DE SITRADICMP