“NO SE TRATA SOLO DE  RECORDAR… ¡SE TRATA DE LUCHAR Y CAMBIAR EL STATU QUO AQUÍ Y AHORA!”

El 20 de octubre de 1944 marca el inicio de un proceso y una etapa de la historia de Guatemala en que por primera  y única vez la prioridad del Estado fue superar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social con la idea de construir un modelo de desarrollo basado en la justicia social y un modelo de democracia sobre la base de una idea de soberanía asentada en el propio pueblo y no solamente en la satisfacción de los intereses de determinadas élites.

A pesar de que este proceso fue truncado cuando apenas iniciaba, evidenció en su escaza década de existencia los logros más significativos para la sociedad guatemalteca, los cuales han sido  sistemática y metódicamente atacados durante los años posteriores.

Año con año, salimos a las calles a conmemorar esta gesta y también año con año nos referimos tanto a garantías perdidas como a otras que se encuentran en riesgo de sernos despojadas y este acto de conmemoración se reduce a un caminar nostálgico repleto de planteamientos cada vez mas coyunturales y cada vez con menos seguimiento.

En ello deben asumirse las responsabilidades que también nos competen, en tanto que la Revolución de Octubre promovió la generación del poder social organizado como un mecanismo de defensa de las decisiones acertadas del gobierno, para la interlocución legítima de la sociedad, la presión hacia los cambios requeridos por la población y esencialmente como un garante de que el proceso no desviara su camino; hoy día pareciera existir una voluntad consciente de impedir tanto la interlocución legítima de la población como la posibilidad de esta de contar con las herramientas necesarias para hacer valer el peso de la voluntad y necesidades de  los más sobre los menos.

A este debilitamiento del poder social organizado contribuyen todos aquellos que desde sus   intereses particulares  no hacen sino reproducir a lo interno de las organizaciones los vicios que criticamos del sistema. Hay quienes se prestan a la realización de una interlocución que no representa más que sus propios  intereses y  los intereses de un gobierno que en la praxis ha traicionado  al pueblo y al  ataque y desgaste de los procesos unitarios que plantean la lucha y propuesta estructural como objetivo  de la agenda de clase.

La falta de incorporación de los jóvenes y sus demandas, el cierre de los espacios para el desarrollo del liderazgo femenino y a la propia renovación de liderazgos son también parte de las causas que se encuentran haciendo labor en sentido contrario al desarrollo organizativo y la generación de condiciones de incidencia social necesarias al menos para la defensa y superación de las garantías que hemos heredado de la gesta revolucionaria de 1944.

En materia de interlocución política, las propias expresiones político-partidarias de la izquierda han demorado en la construcción de un proyecto de izquierda capaz de romper la hegemonía de los gobiernos de derecha que se han sucedido desde 1954.

En todo esto, la principal causa ha sido la falta de unidad y en esta falta de unidad cada vez se hace más evidente una terrible falta de congruencia que no se supera con la mera conmemoración de una gesta gloriosa cuando carecemos de lo fundamental para defender su legado y emularla, que ya no puede ocultarse desde el simple discurso y que demanda de cada una y de cada uno de nosotros contundencia  y acción.

Al ofrecernos el Código de Trabajo como una compilación de garantías del trabajo decente, la Revolución de octubre de 1944, también nos garantizó la libertad sindical; del año 1947 a junio del año 1954  la organización sindical se expresó a través de 117 organizaciones y 104,000 afiliados, es decir, un 10.74% en relación con la PEA. Actualmente la tasa de sindicalización  representa tan sólo el  2.2  % del total de la Población económicamente activa,  existiendo un total de 118,017 afiliados, este número de afiliación muy similar al establecido en 1954 refleja el estancamiento y deterioro del movimiento sindical en comparación con la PEA.

De esta tasa 104,993 son trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia (Incluyendo trabajadores del Estado y la iniciativa privada) y 13,024 trabajadoras y trabajadores sin relación de dependencia (incluyendo sindicatos gremiales sin patrono, trabajo por cuenta propia y trabajadores campesinos independientes).

De los 104,993 afiliadas y afiliados de sindicatos con relación de dependencia, 91,890  son trabajadores del Estado a través de sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y empresas estatales en tanto que solo 13,103 sindicalistas son trabajadoras y trabajadoras con relación de dependencia en la iniciativa privada.  En consecuencia apenas el 12.48% sindicatos se constituyen en la iniciativa privada.

A esta limitada tasa de sindicalización debe sumarse como problema la dispersión existente ya que actualmente en Guatemala existen solo tres organizaciones de tercer grado, las cuales en su conjunto agremian a 11,142 trabajadores y trabajadoras, existen 13 federaciones independientes que aglutinan tan sólo a 22,013 trabajadores y trabajadoras,  en tanto que 84,862 trabajadores y trabajadoras no cuentan  con afiliación de segundo ni de tercer grado.

En materia de género, estas debilidades se ilustran cuando nos damos cuenta que de un total de 233 puestos directivos existentes en las federaciones y confederaciones sindicales inscritas solamente 39 son mujeres en tanto que de los 82 puestos consultivos en las mismas organizaciones únicamente 10 son mujeres, lo cual contrasta con la propia distribución de la membrecía sindical total del país en donde más del 48% son mujeres.

La reducida tasa de sindicalización ha tenido un efecto negativo en las condiciones de vida y de trabajo de la población Guatemalteca.  Según las últimas estadísticas oficiales  para el año 2006  Guatemala concentraba el 7.14% del total de la tasa de trabajo infantil de América Latina.

A pesar de que el 49% de trabajadores se encuentran en una relación de trabajo formal el 81.8% no cuenta con seguridad social, el 82.7% no cuenta con contrato de trabajo aún y cuando la legislación establece que este es responsabilidad del empleador, el 15.2% de trabajadores se encuentra en el subempleo, 50.1% de los trabajadores gana un salario bajo el costo del salario mínimo fijado legalmente, y el 87% no gana tan siquiera un salario acorde al Costo de la Canasta básica de alimentos.

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- es otro de los legados de la gesta revolucionaria de 1944 que corre un grave riesgo, a pesar de haber sido creado con la intención de que el mismo alcanzara una cobertura universal; hoy día no solo no ha logrado la universalidad de cobertura sino que también ve amenazados muchos de sus programas debido a una deuda millonaria tanto por parte del Estado como de las municipalidades y la iniciativa privada sin que el propio Estado y las municipalidades se ocupen siquiera de incluir dentro de sus presupuestos una partida para la amortización de sus deudas, sin que el Estado de Guatemala cumpla con su deber constitucional de presupuestar anualmente el pago de las cuotas que debe pagar al IGSS y sin que las autoridades del IGSS, incluyendo irónicamente a los propios representantes de los trabajadores, hayan mostrado más preocupación que la de incrementar el monto de las dietas que perciben.

La Revolución de Octubre de 1944 ha sido el único proceso en el cual se ha tenido en cuenta el carácter integral de la problemática del país y en esa comprensión impulsó la modernización del agro guatemalteco entendiendo que por las condiciones del país resultaba imposible la construcción de la justicia social y la generación de condiciones de trabajo decente sin el impulso de medidas que permitieran la revalorización del trabajo sobre la base de generación de alternativas productivas debidamente acompañadas y apoyadas por el Estado que permitieran a las trabajadoras y trabajadores contar con las condiciones prácticas necesarias para salir del arbitrio de quienes acumulan la tierra y el capital, impulsando como parte de estas medidas la Reforma Agraria que fuera más tarde truncada junto con  en el derrocamiento del gobierno revolucionario y que a la presente fecha hemos sido incapaces de recuperar.

Desde 1954 esa concentración de la tierra se ha estado intensificando, según el último censo agropecuario del año 2003 refleja que del total de productores un 92.06%  ocupa tan sólo el 21.86% de las tierras cultivables, siendo estas parcelas de producción de subsistencia e infrasubsistencia, es decir, parcelas inferiores a una manaza o a diez respectivamente, mientras que un reducido 1.86% de productores ostenta el 57% de las tierras en producción.  Solamente 15,000 fincas concentran más de 5.3 millones de manzanas de las que tiene el país en procesos productivos agropecuarios, de estos 47 productores tienen más del 5% del total de las tierras. Por ello no es casual que  en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos se concentre también  la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos, y que un 54,5% de los y las niñas menores de 5 años padezcan  de desnutrición crónica, en su mayoría niñas del área rural e indígena.  

Tampoco resulta causal que durante este gobierno se hayan incrementado los desalojos violentos  de comunidades y la represión de la protesta social mediante la aplicación de la Ley de Orden Público y de la legislación penal que criminaliza la acción social en aras de mantener y  ampliar las concentraciones de tierra a favor de unos pocos y la instalación de capitales para la exploración y explotación de los recursos naturales sin respetar el derecho de consulta de los pueblos indígenas.

La falta de voluntad política para la atención de esta problemática, se evidencia hoy más que nunca en la ausencia de presupuesto, institucionalidad e implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral y en las maniobras regresivas de los diputados del Congreso de la República de Guatemala que han bloqueado la aprobación y puesta en vigencia de la Iniciativa 4084, iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral que, a pesar de contar con el dictamen favorable de la Comisión respectiva, ha sido sometida a un infructuoso y malintencionado sistema de rediscusión a efecto de bloquear su aprobación y en consecuencia mantener las condiciones de precarización del trabajo y exclusión económica y social en el país; y en la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT Sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Guatemala.

Los avances logrados en la década de la primavera para alcanzar la justicia social han sufrido un revés. Aunque el país sigue teniendo un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, cuenta con un índice de Gini  que se ubica alrededor del 56,2%,  en que más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentre bajo la línea de la pobreza, y cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, afectando esta en un 74.8% a la población indígena y rural. Situación que empeoró desde el año 2009 cuando, según el PNUD, más de 700,000 guatemaltecos se sumaron a los pobres y  500,000 a los pobres extremos y que podría agudizarse para el año 2011 dado los actuales desastres naturales  que están poniendo en riesgo  de caer en pobreza a por lo menos  5.4% más de la población,  y en pobreza extrema a por lo menos  4.5%, sumado a las más  de 600,000 familias que se encuentran en inseguridad alimentaria y un número similar que han perdido sus viviendas y cultivos.  

La desigualdad distributiva sigue  representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. Principalmente porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional.  

Cambiar esta situación requiere de una urgente e integral reforma fiscal, la cual ni siquiera necesita discusión puesto que ya fue consensuada en los Acuerdos de Paz y es una obligación constitucional del Estado.  Sin embargo lejos de resolver esta problemática los Diputados del Congreso de la República se encuentran hoy discutiendo como exonerar de más impuestos a los grandes productores, exportadores y concentradores de los activos productivos  del país y para ello se están valiendo de un supuesto diálogo social instrumentalizado.  Para un ejemplo baste con revisar las reformas que están impulsando los diputados a la Ley de Zonas Francas y a la Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, las cuales se pretenden acompañar con un impuesto dirigido a los trabajadores que no ganan tan siquiera un salario acorde al costo de la Canasta básica vital para garantizar las carreteras e infraestructura por donde transitan los bienes de los privilegiados de este país.

Para ser consecuente con el impulso de los privilegios de estos sectores minoritarios, el gobierno solidario pretende garantizar para el sector exportador del agro que emplea a más de 1.7 millones de trabajadores y para  los empresarios de la maquila que emplean a más de 900,000 trabajadores, en su mayoría mujeres, mano de obra aún más sobreexplotada. Congruente con ello el gobierno se ha negado a plantear y dar seguimiento a las reformas legales necesarias para crear trabajo decente y ha enfocado sus esfuerzos a la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo a tiempo parcial y en las reformas al Código de trabajo y demás leyes laborales.

Seguramente con estas reformas el Gobierno conseguirá que las pequeñas prerrogativas migratorias que trata de negociar con países a los que exporta mano de obra barata alcance a un número más elevado de guatemaltecos y guatemaltecas los cuales se verán forzados a migrar masivamente  en virtud de la falta de condiciones de trabajo decente en el país que les permitan darse a sí mismos y a sus familias una vida digna.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-, este 20 de octubre saluda las luchas que libran nuestras hermanas y hermanos en América Latina y en Europa, particularmente en España y Francia en defensa de sus garantías sociales que es a la vez la lucha por las garantías sociales de todos y hace un llamado a la unidad y la congruencia entre el discurso y la práctica en Guatemala puesto que entiende que la conmemoración del inicio de la única década democrática en nuestro país no puede hacerse sino impulsando medidas de contenido estratégico sobre la base de propuestas concretas a corto, mediano y largo plazo que permitan pasar de la conmemoración a la defensa efectiva de las garantías legadas por la Primavera Democrática.

La Revolución del 20 de octubre de 1944, compañeras y compañeros,  debe ya dejar de ser una fecha de recuerdos para dar paso a una época de realizaciones, de construcción del poder social organizado, de renovaciones necesarias e imperativas, de principios y valores llevados a la  práctica, de planteamientos estructurales, de acciones estratégicas, de defensa, recuperación y avanzada.

No se trata de festejar o recordar…  ¡Se trata de luchar aquí y ahora!

Guatemala, 20 de octubre de 2010.

CONSEJO POLITICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

“PARA UN TRABAJO DECENTE, DESARROLLO RURAL INTEGRAL Y LIBERTAD SINDICAL”

Para el MSICG es inaceptable que Guatemala a pesar de contar y haber contado con una de las economías más grandes de la sub-región históricamente haya sacrificado el desarrollo humano generando y recrudeciendo la situación de exclusión, pobreza y pobreza extrema en que se encuentra la mayoría de la población.

Aunque Guatemala tiene un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, actualmente el índice de Gini  se ubica alrededor del 56,2%,  más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentra bajo la línea de la pobreza, y cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, afectando esta en un 74.8% a la población indígena y rural. Situación que empeoró desde el año 2009 cuando, según el PNUD, más de 700,000 guatemaltecos se sumaron a los pobres y  500,000 a los pobres extremos y que podría agudizarse para el año 2011 dado los actuales desastres naturales  que están poniendo en riesgo  de caer en pobreza a por lo menos  5.4% más de la población,  y en pobreza extrema a por lo menos  4.5%, sumado a las más  de 600,000 familias que se encuentran en inseguridad alimentaria y un número similar que han perdido sus viviendas y cultivos.

Este panorama es revelador de la alta concentración del ingreso que a su vez es causa y efecto de otras desigualdades, que se manifiestan tanto en la segmentación por inserción productiva y por factores territoriales, étnicos y de género, como en las históricas inequidades en el acceso a activos y patrimonios, como la tierra y el conocimiento, entre otros.  El último censo agropecuario del año 2003 refleja que del total de productores un 92.06%  ocupa tan sólo el 21.86% de las tierras cultivables, siendo estas parcelas de producción de subsistencia e infrasubsistencia, es decir, parcelas inferiores a una manaza o a diez respectivamente, mientras que un reducido 1.86% de productores ostenta el 57% de las tierras en producción.  Solamente 15,000 fincas concentran más de 5.3 millones de manzanas de las que tiene el país en procesos productivos agropecuarios, de estos 47 productores tienen más del 5% del total de las tierras.

La desigualdad distributiva ha representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. En primer lugar, porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional./En segundo término, la distribución del ingreso ha determinado, dramáticamente para el caso de las madres, mayores o menores posibilidades de sobrevivir en el periodo de gestación, pues la concentración de la riqueza segmenta implícitamente el pleno derecho a la vida, que es el primero de todos los derechos. Los registros de muertes maternas revelan que a menores niveles de ingreso y educación, existen mayores posibilidades de morir durante el embarazo.

Otra de las peores manifestaciones de la inequitativa distribución del ingreso se hace notoria en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos y la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos, Un 54,5% de los y las niñas menores de 5 años padecen de desnutrición crónica, en su mayoría niñas del área rural e indígena.  /Finalmente, el mercado laboral es un fiel reflejo de la desigualdad y exclusión prevaleciente en el país.  A pesar que la composición del aparato productivo ha cambiado mucho en las últimas décadas en Guatemala las principales exportaciones siguen siendo el café, el banano y el azúcar, seguidas de los productos no tradicionales, la agroindustria y la producción textil, principalmente realizada en maquilas y destinado al mercado estadounidense; y el agro guatemalteco sigue siendo el principal empleador, empleando a más de 1.7 millones de trabajadores y trabajadoras.

Tanto las plantaciones de Café, como de banano, de caña de azúcar y los centros de trabajo del sector textil sector este ultimo que emplea a más de 900,000 trabajadores en su mayoría mujeres siguen siendo también los principales sectores donde más se violentan los derechos de los trabajadores y trabajadoras, extremos que tanto el documental.

En la actualidad, aunque el 49% de los trabajadores se encuentran en la economía formal, más del 80% no cuenta con un contrato de trabajo, 16% se encuentra subempleado, 50% gana un salario inferior al mínimo fijado legalmente que tiene un déficit del 123% con el Costo de la Canasta básica Vital, 87% gana un salario inferior al Costo de la Canasta básica Vital, además de que 81.8% carece del acceso a la seguridad social.  La mayor parte de esta población tiene en común la limitada educación y el provenir de hogares pobres y en su mayoría de zonas rurales, en donde la baja cobertura y calidad del sistema escolar, aunada a la pobreza, los ha hecho integrarse de manera temprana al mercado laboral, desempeñando trabajos de baja productividad y baja remuneración. A la fecha más de un millón de niños de entre 5 y 17 años, provenientes en su mayoría de hogares pobres, rurales e indígenas, están insertados en el mercado laboral,  lo que en muchos casos no solamente viola las normas nacionales e internacionales que regulan el trabajo infantil, sino que sacrifica las posibilidades que tienen estos niños y jóvenes de construir un proyecto de vida que permita romper el círculo de la pobreza y la exclusión.

En materia de género, Guatemala es el país de América Latina con la mayor brecha salarial entre hombres y mujeres, y en donde aún subsisten mecanismos de discriminación hacia las mujeres trabajadoras./Cambiar estas condiciones de desigualdad e injusticia social que precarizan las relaciones laborales tanto en el área rural como urbana  y mantienen en la exclusión social a más del 81% de la Población trabajadora  requieren desde la perspectiva del MSICG de la aprobación urgente de leyes y de la implementación de políticas que tiendan a favorecer un desarrollo rural integral y de la modernización de las relaciones laborales y económicas en el agro.

Por ello el MSICG en el marco del Capitulo Guatemala de la Jornada Mundial por el trabajo decente convocada por la CSI y CSA está demandando al Congreso de la República la Aprobación de Urgencia Nacional de la Iniciativa de Ley 4084 Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Rural Integral y al Presidente de la República la implementación de la Política de desarrollo rural integral.  AMBOS INSTRUMENTOS VITALES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL AGRO GUATEMALTECO Y DEL SISTEMA ECONÓMICO.

TANTO LA INICIATIVA DE LEY COMO LA POLÍTICA CONTIENEN UNA PROPUESTA  INTEGRAL DE REFORMA AGARIA, PECUARIA,  FORESTAL, HIDROBIOLOGICA, ECONOMICA, SOCIAL, LABORAL, DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESARROLLO POLÍTICO, GESTIÓN DE RIESGOS, SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA, CULTURAL Y SOCIO-AMBIENTAL, Y SON PRODUCTO DEL CONSENSO ALCANZADO EN LOS ACUERDOS DE PAZ Y DE UN DIALOGO ENTRE EL SECTOR CAMPESINO E INDÍGENA Y LOS GOBIERNOS DE TURNO DURANTE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, ESPECÍFICAMENTE, CON LOS GOBIERNOS DEL FRG, GANA Y UNE.

El día de hoy, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- realizó una masiva concentración  en  el marco de la Jornada mundial por el trabajo decente frente al Congreso de la República de Guatemala que tardo desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas.

La delegación del MSICG fue recibida por los diputados Otilia Lux, Héctor Nuila, Walter Félix en el Salón del Pueblo del Congreso de la República de Guatemala, en la reunión los delegados del MSICG expusieron las razones y la necesidad de aprobar de urgencia nacional la iniciativa de Ley 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. La aprobación e implementación de la citada iniciativa de Ley pondría solución a buena parte de la problemática estructural del país en materia de exclusión social y de precarización del empleo.

De la misma forma los delegados del MSICG hicieron del conocimiento de los diputados que tanto la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral y la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral se encuentran dentro de las propuestas del MSICG en el marco de las Consultas iniciadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América por el CAFTA-DR. Ello teniendo en cuenta que la sobrexplotación a la que son sometidos los trabajadores del sector exportador del país es utilizada por el Estado de Guatemala en violación a las leyes laborales para garantizar un dumping social para el comercio, extremo que ha impactado negativamente la organización sindical en estos sectores.

Durante la reunión, los diputados manifestaron los obstáculos existentes dentro del Congreso de la República para avanzar en la solución de la problemática estructural del país y la importancia de la interlocución de las organizaciones de los movimientos sindical, indígena y campesino para el impulso de una agenda concreta para solucionarla.

El MSICG manifestó su compromiso de iniciar una articulación social amplia y anunció la toma de algunas medidas a corto, mediano y largo plazo.

Los diputados se comprometieron a generar los espacios para darle seguimiento a las demandas del MSICG y realizar las gestiones necesarias para involucrar en el proceso a otros diputados al Congreso de la República de Guatemala interesados en hacer una interlocución legítima de las necesidades de la población.

Finalizada la reunión la delegación del MSICG informó de los resultados a sus bases y les agradeció a las compañeras y compañeras su participación en la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada por CSA y CSI así como su espera a la salida de la delegación del MSICG. También les hizo un llamado a no votar en las próximas elecciones por todos aquellos diputados que no apoyan las demandas de la clase trabajadora sino que favorecen los intereses de la oligarquía, para lo cual deben tener en cuenta los nombres de todos aquellos diputados que se están oponiendo a apoyar la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral.

Comunicado

El lunes 4 de octubre de 2010, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, a través de sus organizaciones miembros ADECMAK, CCDA, CNAIC-P, UCS, SITRATOLIMAN, SITRASEC, SITRASOLEDAD, SITRADICMP, SITRAINSANCCER y STOPGN, en el marco del Capítulo Guatemala de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, convocada por CSI y CSA realizó dos actividades simultáneas en el Salón Casa Larrazábal del Congreso de la República de Guatemala a la cual asistieron miembros del cuerpo diplomático, importantes autoridades del país y representantes de las agencias internacionales de cooperación establecidas en Guatemala.

Las actividades realizadas se hicieron con el auspicio del Solidarity Center de AFL-CIO, CCOO-Aragón, FNV, CNV y CONGCOOP.

La primera de las actividades consistió en la presentación en Guatemala de una exposición fotográfica, la misma que fuera presentada por el MSICG en Holanda y en la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- en Ginebra, Suiza.

La exposición titulada: “Guatemala: El rostro humano de la agroexportación”, conformada por 38 fotografías realizadas por Alfonso Castro, despertó el interés de los asistentes no sólo por la calidad de las fotografías sino porque las mismas condujeron a los observadores en un recorrido por las precarias condiciones de trabajo prevalecientes en la producción de los principales productos de exportación del país; particularmente en lo referente a la producción café, banano y caña de azúcar.

La segunda actividad realizada consistió en la presentación en Guatemala del documental “Guatemala, la violencia que no cesa”, de José Manuel Fandos y Javier Stella, co-producido por la Fundación Paz y Solidaridad de la CCOO-Aragón y financiado por el Ayuntamiento de Aragón.

“Guatemala, la violencia que no cesa” durante sus poco más de 48 minutos de duración capturó la atención y arrancó algunas lágrimas a los expectadores al presentar un recorrido a través de la vivencia de los problemas estructurales de Guatemala desde la perspectiva de intelectuales comprometidos con las luchas sociales y, sobre todo, de la base de las organizaciones.

Durante su proyección, estuvieron presentes algunos/as de los/as protagonistas del documental.

Al comentarlo al final de su proyección, el compañero Leocadio Juracán resaltó la naturaleza estructural de la propuesta y agenda de lucha del MSICG resaltando la importancia vital que para la solución de las causas de la problemática de Guatemala y la generación de condiciones de trabajo decente en el país revisten la puesta en marcha de la Política de Desarrollo Rural Integral y la aprobación como Ley de Urgencia Nacional de la Iniciativa 4084, Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral.

Ambas actividades fueron finalmente clausuradas por el Compañero Aniceto Montiel, en quien recae la conducción política del MSICG, quien aprovechó la oportunidad para informar del amplio apoyo brindado por organizaciones hermanas alrededor del mundo en la campaña internacional convocada por el MSICG para la implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral y la Aprobación de la Iniciativa 4084 al tiempo que aprovechó para reiterar la convocatoria a la concentración y movilización realizada por el MSICG para el 7 de octubre de 2010.

Presentación de documental y exposición fotográfica, en el marco de la jornada mundial por el trabajo decente.

El día martes 28 de septiembre,  en el marco de la Campaña Mundial por el Trabajo Decente y su impulso unitario, el MSICG a través de su consejo político dio la bienvenida a SITRADICMP, SITRATOLIMAN, SITRASOLEDAD, SITRASEC, SITRAINSANCCER y STOPGN, todas ellas organizaciones sindicales representativas de la lucha progresista en Guatemala y a partir de ahora, nuevas organizaciones miembros del Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Al respecto, el compañero Javier De León Salazar, Secretario General de SITRADICMP, manifestó que "era importante la política incluyente del MSICG, sobre todo porque permite articular en un mismo espacio a la mayor cantidad de organizaciones de tendencia progresista posibles".

El día de hoy, 27 de septiembre del año 2010, el Movimiento Sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- a través de sus  de organizaciones miembros ADECMAK, CCDA, CNAICP y UCS, ante una masiva respuesta por parte de los medios de comunicación social y en la Sala de Conferencias del Congreso de la República de Guatemala, presentó  el Segundo informe titulado “Guatemala: El costo de la libertad sindical” como parte de sus actividades dentro del capítulo Guatemala de la Jornada Mundial por el Trabajo decente desarrollada en nuestro país bajo el lema: “Para un trabajo decente, desarrollo rural integral y libertad sindical”.

Este informe pretende mostrar la realidad guatemalteca en materia de respeto al derecho humano a  la libertad sindical y de alguna manera evidencia las razones por las cuales el gobierno de Guatemala enfrenta severos cuestionamientos en el marco de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- dentro de ellos ante el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones CEACR, y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia CAN, así como un procedimiento de consultas iniciado por el gobierno de los Estados de América en el marco del Capítulo XVI del CAFTA-DR.

A diferencia del primer informe, presentado en el mes de febrero de 2010; El Segundo Informe, Guatemala: El Costo de la libertad sindical hace un análisis del devenir histórico del sindicalismo guatemalteco manifestado en la constitución y desaparición de organizaciones sindicales, demostrando la existencia de patrones y políticas antisindicales especialmente en los sectores productivos más importantes de Guatemala.  

A efecto de establecer una comparación que permita analizar su desarrollo en concordancia con las condiciones específicas prevalecientes se establecieron cuatro períodos de análisis.  La primera de 1947 (año de entrada en vigencia del Código de Trabajo) a 1954 (año en que fue derrocado el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán) y que marca la etapa de reconocimiento y mayores garantías para el ejercicio de la libertad sindical en nuestro país; la segunda de 1955  a 1986 correspondiente a la etapa de mayor intensidad del conflicto armado interno y que inicia con la caída del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán hasta el retorno de Guatemala a la democracia formal.

La tercera etapa, comprendida de 1987 a 1996 que abarca los años del proceso de paz y finalmente la comprendida de 1997 a junio de 2010 que comprende al mismo tiempo la etapa posterior a la firma de la paz firme y duradera así como el auge de la globalización.

El referido análisis permite apreciar el recrudecimiento de las condiciones precarias existentes en el país para el ejercicio de la libertad sindical en atención a dichos períodos históricos así como demostrar que la política antisindical no es una política específicamente de gobierno sino una política de Estado que se ha ejecutado con independencia de quien o quienes gobiernen el país.

Actualmente, la Confederación Sindical Internacional –CSI- ha calificado a Guatemala, después de Colombia, como el segundo país más peligroso para el ejercicio de la libertad sindical. Esta calificación ha sido producto de la intensificación de los actos de violencia particularmente a partir del año 2007 y que, extrañamente, coincide con el surgimiento y consolidación del MSICG como expresión sociopolítica con una agenda de lucha integral y su desarrollo cualitativo en materia propositiva.

En el informe se demuestra la concentración de los asesinatos, actos de violencia e intimidación en las organizaciones parte del MSICG; para citar un ejemplo de 47 asesinatos de dirigentes ejecutados del año 2007 a la presente fecha, 42 corresponden a miembros del MSICG y 5 al resto de organizaciones.

A pesar de la gravedad del caso y la existencia de elementos que inducen a la posible participación de grupos paralelos, el informe destaca que CICIG actualmente sólo investiga uno de los casos en tanto que el Ministerio Público no ha identificado, juzgado y condenado a los autores materiales e intelectuales ni siquiera en uno sólo de los casos.

Además del tema de violencia, el informe explora otros mecanismos antisinsidicales como las contrataciones fraudulentas, obstáculos administrativos impuestos a los sindicatos, despidos antisindicales, la tercerización de las relaciones laborales, la injerencia en los sindicatos, la criminalización y estigmatización de la libertad sindical hasta el intento del actual gobierno de impulsar y potenciar un sindicalismo carente de autonomía.

Finalmente, el informe establece una breve descripción de los desafíos que el sindicalismo debería de asumir a lo interno a efecto de generar un proceso de desarrollo organizativo y de adecuación y modernización del propio sindicalismo.

El segundo informe “Guatemala: El costo de la libertad sindical” más allá de la denuncia, analiza el proceso y condiciones que hoy por hoy hacen de Guatemala, como lo afirmara la Confederación Sindical Internacional –CSI- como el segundo país, después de Colombia, más peligroso para el ejercicio de la libertad sindical.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con mucha satisfacción el inicio del procedimiento de consultas por parte del Gobierno de los Estados Unidos en el marco del Capítulo XVI del CAFTA-DR y entiende el mismo como un proceso que puede coadyuvar a generar la voluntad política necesaria para impulsar los cambios que resultan indispensables para solucionar la problemática estructural que se evidencia en los casos presentados como ejemplificación del incumplimiento  sistemático de los derechos humanos laborales y sindicales en Guatemala.

Esta problemática estructural ha sido señalada de manera constante por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo; especialmente por el Comité de Libertad Sindical –CLS-, la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEACR- y la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional del trabajo –CAN- en donde el caso de Guatemala ha sido reiteradamente examinado por violaciones a los Convenios 87 y 98 de la OIT sin que hasta la fecha se hayan mostrado avances significativos en sus niveles de cumplimiento; en cambio sí, un recrudecimiento de las cuestiones denunciadas.

Para el MSICG la problemática evidenciada en los casos que se ejemplifican dentro de este procedimiento respecto a la omisión por parte del Estado de Guatemala en aplicar y respetar los derechos humanos laborales y sindicales como un curso de acción e inacción para garantizar beneficios comerciales a costa de la sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras, es estructural y en ella concurren varios factores de hecho y de derecho, por ello se hace necesario buscar las soluciones desde un análisis integral.

Teniendo en cuenta lo expuesto, el MSICG  tomó la decisión de elaborar una propuesta como parte de sus actividades en el capítulo nacional de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente convocada por CSI y CSA en la cual, de una manera sintética, se proponen algunos mecanismos de solución desde una perspectiva integral. Dicha Propuesta fue entregada este miércoles 22 de septiembre de 2010 a los compañeros y compañeras de la AFL-CIO a través del Centro de Solidaridad con sede en Guatemala por miembros del Consejo Político del MSICG quienes expresaron su esperanza de que los requerimientos realizados al Gobierno de Guatemala se orienten a la solución de las causas reales de la problemática que enfrentan hoy día las guatemaltecas y guatemaltecos, agradeciendo a su vez, el esfuerzo y acompañamiento brindado por las compañeras y compañeros de AFL-CIO y del Solidarity Center.

El día de hoy, 8 de septiembre de 2010, dio inicio la Campaña Nacional con miras a desembocar en la Jornada Mundial por el Trabajo decente convocada por CSA y CSI con la realización de dos eventos de alto contenido estratégico en la lucha por la solución de la problemática estructural en Guatemala que obstaculiza la generación de condiciones de trabajo decente.

De las 08:00 a las 13:00 horas en el Salón Mayor del Centro Cultural Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala,  “El Paraninfo”, con la presencia de más de 300 compañeras y compañeros dirigentes de base del MSICG, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Guatemala entre ellos la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, y organizaciones hermanas que fueron convocadas en el marco de la política de articulación social del MSICG, se desarrolló el foro:  “La Política económica y laboral en Guatemala a la Luz de la Propuesta de Iniciativa de Ley del Sistema Nacional del Desarrollo Integral” co-organizado con la Coordinación de ONG y Cooperativas –CONGCOOP- y el Centro de Solidaridad de AFL-CIO en Guatemala.

En dicha actividad se contó con las ponencias: El Agro y la problemática estructural de Guatemala, realizada por el compañero Alberto Alonzo del INSTITUTO DE ESTUDIOS AGRARIOS Y RURALES y la ponencia: La iniciativa de Ley del sistema de desarrollo Rural integral, presentada por el compañero Pablo Sigüenza del INSTITUTO DE ESTUDIOS AGRARIOS Y RURALES.

Dicha iniciativa de ley contó con los valiosos comentarios del Doctor Héctor Nuila, diputado al Congreso de la República de Guatemala por la bancada de URNG-MAIZ y uno de los diputados ponentes de la iniciativa; del Licenciado Alfredo Itzep, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y representante de dicha casa de Estudios superiores en la ADRI y del compañero Leocadio Juracán, de la dirección nacional de CCDA y del Consejo Político del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-.

Compañeros y compañeras de diversos medios de comunicación acompañaron la actividad y conversaron con el compañero Leocadio Juracán quien insistió en la importancia que tiene para la consumación del trabajo decente en el país  la Implementación de la Política nacional de desarrollo rural integral acordada entre el Presidente de la República y el Movimiento Indígena y Campesino y emitida a través de un Acuerdo del Organismo Ejecutivo el 13 de julio del año 2009, así como la aprobación de la iniciativa de Ley del sistema nacional del desarrollo rural integral,  el compañero Leocadio Juracán informó además  que las actividades del día de hoy formaban parte de una jornada mundial por el trabajo decente convocada por CSA y CSI y respaldada por el MSICG.

De las 13:30 a las 16:00 horas , con la presencia de más de 150 compañeras y compañeros dirigentes de base de 150 comunidades del país, en el Salón Mayor del Centro Cultural Universitario “El Paraninfo” de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se desarrolló el taller “Mecanismos de incidencia para la implementación de la propuesta de Iniciativa de Ley del sistema nacional del desarrollo rural integral” coorganizado con la Coordinación de Ong y Cooperativas –CONGCOOP- y el Centro de Solidaridad de AFL-CIO en Guatemala.

El taller tuvo por objeto  definir los mecanismos de articulación social a implementar para la aprobación de la iniciativa de ley, la implementación de la política, y el establecimiento de las bases para  la política de alianzas del MSICG con vistas a la movilización masiva programada para el día 7 de octubre de 2010.

Durante el taller,  los compañeros Helmer Velásquez, de CONGCOOP; y Leocadio Juracán de la Dirección Nacional del CCDA y del  Consejo Político del MSICG y Gilberto Atz, de la Dirección Nacional de CNAICP y del Consejo Político del MSICG se refirieron a los Retos del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco para la aprobación de la iniciativa de Ley del sistema nacional del  desarrollo rural integral y para la implementación de la política de desarrollo rural integral, posteriormente se desarrolló una discusión plenaria en donde se trato  la importancia de las propuestas citadas para la generación de condiciones de trabajo decente en Guatemala.

Este planteamiento, coloca al MSICG en medio de una difícil lucha por el cambio de la injusticia estructural en el país  lo que  requiere de una política de alianzas y de concebir la Jornada Mundial por el Trabajo Decente como parte de la campaña permanente del MSICG  en Guatemala en la cual, la articulación social es un elemento vital.

La plenaria, finalizó con importantes decisiones estratégicas y la decisión de convocar, como parte de esta, a una movilización masiva el 7 de octubre de 2010 en el marco de la Convocatoria de CSA y CSI.