El 25 de noviembre de 2011, la Coordinadora de la mujer del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- realizó una marcha en el día de la no violencia contra la mujer la cual partió del Parque Morazán en la zona 2 capitalina y enfiló por la sexta Avenida hasta Casa Presidencial.

En el marco de conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer el Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco -MSICG- condena la violencia ejercida contra las mujeres en todas sus formas y la falta de una acción eficiente por parte de todos los sectores a nivel nacional e internacional por erradicarla.

Así mismo el MSICG este 25 de noviembre dedica sus acciones a continuar con la exigencia del cese de la violencia institucionalizada contra un grupo importante de la población y sometido por disposición incluso de las propias leyes del país a condiciones de discriminación y esclavitud, como lo son las trabajadoras de casa particular.

El paradigma del trabajo decente, requiere como aspecto esencial para su realización el avance hacia el cumplimiento del paradigma básico de la igualdad real y formal y la equidad; la lucha por el trabajo decente no puede establecer categorizaciones y el reconocimiento de que, por la naturaleza del trabajo que se realiza, este debe protegerse y remunerarse de una manera distinta al trabajo que uno mismo realiza; la lucha por el trabajo decente, se hace por todas y por todos, ese es un principio fundamental de congruencia de la lucha sindical.

A pesar de esto, vemos con preocupación cómo ha existido un silencio absoluto por parte de las organizaciones sindicales, a excepción del MSICG, en la exigencia de condiciones de trabajo decente para las trabajadoras de casa particular y aún y cuando se han referido a la impunidad o a la necesidad de condiciones de trabajo decente, se ha obviado por completo siquiera una referencia a este importante sector de la clase trabajadora que es el sostén de todas las economías a nivel mundial.

Según estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística -INE- el total de trabajadores de casa particular en Guatemala para el año 2006 era de 173,265 trabajadores de los cuales 169,610 eran mujeres y 3,655 hombres. Según estimaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad de Seguridad Social -IGSS- para el año 2011 más de 183,000 trabajadores y trabajadoras laboran en este sector.

Al igual que la mayoría de trabajadores de Guatemala los trabajadores y trabajadoras de casa particular se desempeñan en condiciones de precariedad extrema para ejemplificar esto basta con citar que:

• 99.1% de las trabajadoras de casa particular en Guatemala no ganan un salario acorde al costo de la Canasta básica de Alimentos –CBA- que de conformidad con el INE incluye sólo el consumo de 26 alimentos sin cocinar a un costo hasta el mes de octubre del año 2011 de Q2, 397.30 (USD 307.74) al mes, lo que equivale a Q79.91 (USD 10.26.54)diarios.

• 100% de los trabajadores y trabajadoras del sector no gana un salario acorde al costo de la Canasta Básica Vital – CBV-, que contempla mínimos alimentarios, servicios básicos de agua, luz, transporte, vestuario, etc. Para el mes de octubre del año 2011 el Costo de la Canasta Básica Vital se fijaba en Q4, 374.64 (USD 561.57) al mes, lo que equivale a Q145.82 (USD18.72) diarios.

• 98% no ganan el salario mínimo fijado legalmente. Que para el año 2011 se constituye para este sector contemplado dentro de la ley como no agrícola, por un monto de Q2, 187.54 (USD281.53) al mes, monto que no alcanza siquiera el costo de la Canasta básica de alimentos, mucho menos el costo de la canasta básica vital. La falta de pago de salario mínimo legal a la casi totalidad de trabajadoras de este sector se produce en total violación a las leyes de trabajo sin que las entidades del Estado hagan nada para garantizar el respeto de la ley.

• Apenas 0.1% de las trabajadoras del sector está cubierta por la seguridad social y en condiciones desiguales al resto de trabajadores pues para las trabajadoras del sector sólo se incluyen los servicios básicos que presta de igual forma el sistema de salud y sin tener que cotizar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

• De conformidad con el Código de trabajo las trabajadoras de casa particular deben laborar 16 horas diarias siendo dos de ellas destinadas al consumo de alimentos y aunque la Constitución establece la jornada de 8 horas los empleadores en la práctica imponen la jornada establecida en el Código de trabajo, así mismo no se goza de los días de descanso, de asueto, del pago de horas laboradas en jornada extraordinaria, etc.

Las trabajadoras y trabajadores del sector son víctimas de todo tipo de acoso y violencia, discriminación, racismo y de la violación sistemática de todos sus derechos laborales sin tener la más mínima posibilidad de defensa en la práctica.

Este año, luego de que el MSICG denunciara ante la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT las argumentaciones realizadas por el Gobierno de Guatemala para oponerse el año pasado a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, Sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos; el Gobierno finalmente en la Conferencia realizada este año apoyó la aprobación del mismo; no obstante, ha demorado injustificadamente la realización de los trámites necesarios para la incorporación del Convenio a la legislación nacional y su ratificación ante la OIT.

El avance hacia la solución de la problemática de violencia y discriminación contra este importante sector laboral, constituido en una gran mayoría por mujeres, no debe convertirse en una tarea dejada sin resolver por el actual gobierno así como tampoco obviarse del cambio ofrecido por el futuro gobernante; por el contrario, debe asignársele un lugar prioritario, sea como legado histórico de un gobierno saliente o como el compromiso de construir una Guatemala mejor de un nuevo gobierno.

En tal sentido, pedimos al Gobierno de Álvaro Colom que cese la demora en la realización de los trámites para la ratificación del Convenio 189 de la OIT, Sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos, de la misma forma que pedimos al General Otto Pérez Molina y a la Vicepresidenta Roxana Baldetti hacer todos sus esfuerzos porque esta ratificación y la efectiva implementación de Convenio pueda ser una realidad lo más pronto posible.

Trabajo decente en la calle, trabajo decente en casa
Sí a la ratificación del Convenio 189 de OIT

¡Basta ya de violencia, basta ya de indiferencia!

El día de hoy, 25 de noviembre de 2011, la Coordinadora de la mujer del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- realizó una marcha en el día de la no violencia contra la mujer la cual partió del Parque Morazán en la zona 2 capitalina y enfiló por la sexta Avenida hasta Casa Presidencial.

La marcha formó parte de la continuidad de las acciones de exigencia del cese de la violencia institucionalizada  contra un grupo importante de la población y sometido por disposición incluso de las propias leyes del país a condiciones de discriminación y esclavitud, como lo son las trabajadoras de casa particular.

En la marcha participaron compañeras afiliadas al Comité Campesino del Altiplano –CCDA-, el Sindicado de Trabajadoras de Casa Particular –SITRACAPGUA- entre otras organizaciones miembro del MSICG así como el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –STIGSS- recientemente afiliado al MSICG.

La marcha protestaba por la falta de voluntad política del gobierno de Álvaro Colom Caballeros para presentar al Congreso de la República de la iniciativa de Ley de Ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Sobre  trabajo  decente  para  las trabajadoras y trabajadores domésticos, a pesar de que el MSICG ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Trabajo y Previsión Social cumpla con el procedimiento legal y traslade al Presidente la propuesta de iniciativa de ley para que éste la traslade al Congreso de la República para su aprobación.

Al arribar a Casa Presidencial, la Coordinadora de la Mujer solicitó el ingreso de una delegación para que fuera atendida por el Presidente de la República a efecto de entregarle personalmente la propuesta de iniciativa de ley para la ratificación de Convenio 189 de OIT. 

La Coordinadora de la mujer, fue atendida en la puerta por personal de la Secretaría Privada de la Presidencia quien solicitó un listado con el nombre de las compañeras que ingresarían, luego de unos quince minutos, el personal salió diciendo que se atendería únicamente a tres personas excluyendo de la lista a las dos compañeras indígenas.

Ante tal acto de discriminación, el MSICG instó nuevamente al Presidente de la República a no finalizar su gobierno violentando un derecho humano ejecutando un acto de triple discriminación a través de la discriminación de mujeres por su condición como tales, su condición de indígenas y su condición laboral. Luego de esperar por cerca de veinte minutos sin que hubiera una rectificación por parte del Presidente de la República, se tomó la decisión de entregar el documento en la Secretaría General de la Presidencia y culminar la manifestación expresando la condena del MSICG a la actitud discriminativa contra la mujer indígena por parte del Presidente Álvaro Colom.

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El día viernes 11 de noviembre de 2011, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia y ante la masiva presencia de los medios de comunicación social, se llevó a cabo la vista pública dentro del amparo promovido por el compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, Secretario General del SITRADICMP y miembro del Consejo Político del MSICG en contra de los actos de persecución antinsindical ejecutados por la Fiscal del Ministerio Público contra los directivos del SITRADICMP.

La vista se realizó de forma pública por petición de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, ante lo cual el MSICG convocó a los medios de comunicación social y solicitó autorización a la Corte Suprema de Justicia para filmar la audiencia debido esencialmente a que los argumentos antinsindicales del Ministerio Público en la vista pública llevada a cabo en el trámite del recurso de apelación a petición del Ministerio Público no pudieron ser documentados debido a la omisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones  de Trabajo y Previsión Social de documentar el contenido íntegro de la audiencia y la omisión de entregar copia del acta de la audiencia al compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR.

Durante la audiencia, la defensa del compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, entre otras cosas, remarcó la constante de violación a las leyes aplicables al Ministerio Público en sus relaciones con sus trabajadores, la desobediencia del Ministerio Público a una resolución de la justicia constitucional que suspendía los efectos jurídicos y prácticos de los traslados antinsindicales, el litigio de mala fe al omitir la aplicación de las normas contenidas en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y la negativa del Estado de Guatemala de dar cumplimiento a la solicitud del Comité de Libertad sindical de la OIT en cuanto a dejar sin efecto los traslados y las consecuencias de estos a efecto de que las trabajadoras y trabajadores pudieran ejercer libremente su libertad sindical.

La Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, a través de su representante legal, abundó en alegatos que ratifican el carácter antisindical de la persecución contra el SITRADICMP recrudecida durante su administración.

Para iniciar, los argumentos del Ministerio Público abundaron en una contradicción y que deja claro que el único objetivo de los actos contra los directivos del SITRADICMP es limitarles el ejercicio de la libertad sindical ya que, al referirse al caso del compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, el Ministerio público expresó:  “…la Fiscal General o cualquier autoridad del Ministerio Público tiene la facultad de mandar a sus mejores gentes a trabajar a los lugares donde se les necesite…”.

De la misma forma, la discriminación hacia el sindicato que no se encuentra bajo el control del Ministerio Público, quedó evidenciada cuando este alegó:  “…Hemos escuchado una serie de referencias sobre la libertad sindical. El Ministerio Público tiene un sindicato con el que ha negociado el Pacto Colectivo y el interponente del Amparo, ni siquiera es miembro de ese sindicato, es más, aquí mismo se ha venido a decir que pertenece a un sindicato indígena y campesino… ….Existiendo un pacto colectivo, hay ciertas disposiciones que se refieren a integrantes de un comité ejecutivo pero del pacto que lo suscribió, no a cualquier usurpador aprovechado, que quiere aprovecharse de la buena fe…”.

Los alegatos anteriores dejan claro que existe una marcada intención de discriminar a una organización sindical y el uso de calificativos inapropiados en el ámbito procesal pero que ilustran los niveles de discriminación a que se encuentran sujetos el SITRADICMP y sus miembros así como el MSICG que ha denunciado constantemente la ineficacia del Ministerio Público; debe recordarse que el Sindicato a que hace referencia el Ministerio Público hace parte de una de las centrales pro gobiernistas con las cuales la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público suscribió un acuerdo para garantizar la impunidad internacional de los actos de violencia y represión antisindical ejecutados durante el actual gobierno cuya cauda ha sido de varias decenas de dirigentes y miembros de base asesinados en circunstancias que el Ministerio Público no ha esclarecido.  Debe agregarse que el problema de la impunidad dista de solucionarse con acuerdos de cúpulas sino que exige de acciones concretas, eficientes que permitan dar con los responsables de estos hechos y a partir de lo probado en juicio descartar la existencia de motivaciones antisindicales en los actos de violencia sufridos por la víctima.

Lo manifestado por el Ministerio Público al alegar que: “apareció como miembro de un sindicato del Ministerio Público a pesar  que ahorita habla de que es miembro de otro sindicato a sabiendas que la ley, el código laboral, el código de trabajo prohíbe la doble sindicalización….”  Es congruente con lo manifestado en su momento por el representante de la Fiscal, Javier Monterroso, en un evento del movimiento campesino y cuyos extremos se le emplazó a probar a la Fiscal General sin que hasta la fecha haya demostrado la doble sindicalización, debido a que esta no existe; por otra parte, deja claro que el Ministerio Público no está dispuesto a aceptar la sindicalización de primer, segundo o tercer grado si esta no opera en el marco de las organizaciones bajo su control o bajo el control del gobierno.  Lo cual en términos de injerencia en el ejercicio de la libertad sindical es una violación grave a los principios de esta.

Igualmente, el Ministerio Público ratifica constantemente la orientación contraria y el desprecio institucional al ejercicio autónomo de la libertad sindical al alegar: “…De tener funcionarios que no les importa nada de lo que hacen, que lo que les importa es mantener la cuota de sindicalización, a cuenta de qué? De lo que sufre el guatemalteco? Eso es inaceptable y venir aquí a decir que el Comité de Libertad Sindical ha dispuesto tal o cual cosa, por supuesto, porque no ha tenido otras informaciones más adecuadas, es venir a traer aspectos que nada tienen que ver con el supuesto acto reclamado…”

Debe recordarse que en el planteamiento del amparo, la reivindicación del libre ejercicio de  la libertad sindical es el elemento toral de su planteamiento y cuya violación se demuestra a través de la constante de transgresión deliberada de la legislación aplicable; por otra parte, el Estado de Guatemala manifestó que la información proporcionada al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo le fue proporcionada por el propio Ministerio Público.

Lo actuado por el Ministerio Público, a partir de una argumentación consistente con otras argumentaciones denunciadas y documentadas por el MSICG evidencian el carácter injerencista y antisindical de las acciones del Ministerio Público y descartan cualquier beneficio de la duda hacia la gestión de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.

Al final de la audiencia, la representación del MSICG dio declaraciones a los medios de comunicación y expresaron lo inconveniente que resulta para el Estado de Guatemala, señalado internacionalmente de graves y constantes violaciones a la libertad sindical el contar con una funcionaria que lejos de cumplir con sus obligaciones fundamentales agrava la situación al violar la libertad sindical e impedir el ejercicio autónomo de esta a sus propias trabajadoras y trabajadores.

La grabación íntegra de la audiencia será puesta a disposición de las guatemaltecas y  guatemaltecos así como de la comunidad internacional en nuestro sitio web: www.movimientosicg.org como una prueba más del menosprecio y violación de derechos fundamentales de los trabajadores implementada por la actual Fiscal y Jefa del Ministerio Público,  Claudia Paz y Paz.

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El día viernes 11 de noviembre de 2011, en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia y ante la masiva presencia de los medios de comunicación social, se llevó a cabo la vista pública dentro del amparo promovido por el compañero JAVIER ADOLFO DE LEON SALAZAR, Secretario General del SITRADICMP y miembro del Consejo Político del MSICG en contra de los actos de persecución antinsindical ejecutados por la Fiscal del Ministerio Público contra los directivos del SITRADICMP.

Con fecha 07 de noviembre del año 2,011 a eso de las veinte horas con treinta minutos cuando las compañeras MARÍA RUANO, miembro del consejo político del MSICG,  e INGRID RUANO miembro de la Coordinadora de la Mujer del -MSICG-,  retornaban de realizar labores sindicales de la sede del MSICG ubicada en la zona 1 de la ciudad capital, a su casa de habitación, se percataron que aproximadamente a veinte metros de su casa se encontraba un vehículo tipo sedan, color blanco en cuyo interior se encontraba un individuo que las vigilaba.  Por temor, las compañeras cambiaron de banqueta y avanzaron rápidamente hacia la puerta de su casa.

Apenas se detuvieron frente a la puerta de su casa de habitación, el individuo se abalanzó sobre ellas y sin mediar palabra empezó a agredirlas golpeándolas en el rostro, cuerpo, producto de lo cual tienen lesiones.  La compañera Ingrid fue arrastrada  por el suelo por el agresor  quien intentó llevarla hasta el  vehículo.  Los gritos y la resistencia opuesta por las compañeras hicieron que  sus familiares y vecinos salieran a auxiliarlas ante lo cual el agresor se dio a la fuga.   Vale  la pena citar que a pesar que las compañeras llevaban sus carteras y bolsas visibles y que  en ningún momento el agresor intentó apropiarse de ellas.

El MSICG condena y deplora este hecho de violencia perpetrado una vez más contra sus dirigentes y que este ocurra a pocos días de que, con participación de las compañeras, se hayan enderezado las acciones legales y políticas contra las medidas de privatización encubierta de la seguridad social tomadas por la Junta Directiva del IGSS y a pocos días de que se hiciera público por el MSICG el informe de investigación  “La maquila textil y de confección en Guatemala: ¿Oportunidad y desarrollo?”

La denuncia penal ha sido interpuesta ante el Ministerio Público y el MSICG espera que en este caso la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público Claudia Paz y Paz  muestre  una igual eficacia e interés a la manifestada en el despliegue de un fuerte equipo y recursos para perseguir y ejecutar actos de represión antisindical contra el SITRADICMP y para perseguir penalmente a la FEDEIGSS a petición de la Junta Directiva del IGSS argumentando la supuesta comisión de ilícitos al constituir la FEDEIGSS, expediente en el cual ha existido una inédita agilidad en las acciones del Ministerio Publico lo cual contrasta con la inexistencia de avances en los casos de más de 47 asesinatos de sindicalistas miembros del MSICG que le fueron denunciados en su oportunidad entre otros actos de violencia antisindical.

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-

Este 20 de octubre, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ha tomado la decisión de no convocar debido a las duras consecuencias que para el país ha tenido este nuevo embate de la naturaleza y de salir únicamente  con las compañeras y compañeros cuya presencia no implique poner en riesgo sus vidas.

En este mes, nuestro país se ha encontrado sumergido en una serie de eventos que no han hecho sino desnudar el problema estructural del país, sus causas y efectos y la carencia de posibilidades de solución.

La dureza de los efectos de una depresión tropical, en términos de pérdidas de vidas humanas, de infraestructura y alimentos;  no son el producto de un fenómeno aislado, son la consecuencia de las condiciones generales de nuestro país que pueden resumirse en la profunda exclusión social generada por la falta de acceso de las grandes mayorías  a los medios de producción, reproducción de la riqueza y de bienestar.

En la problemática agraria, la desinterpretacion de los Acuerdos de Paz ha dado lugar al denominado Fondo de Tierras, que lejos de ser una solución se ha convertido en otro mecanismo de reconcentración de la tierra; a las compañeras y compañeros campesinos se les hizo entrega de tierras sobrevaloradas, con suelos de mala calidad, se les incumplió la creación de la infraestructura productiva básica y la asesoría y financiamiento de procesos productivos viables; a lo que se han sumado la constante de desastres naturales y ha tenido como efecto la generación de una deuda agraria y la imposición por parte del Fondo de Tierras de soluciones que solo conducen a la reconcentración de la tierra.   A pesar de la problemática, el actual gobierno invirtió con poca transparencia grandes sumas del presupuesto del Estado en programas de asistencialismo utilizados con fines proselitistas, omitiendo solucionar esta problemática y; de la misma forma, las bancadas de los dos partidos y sus respectivas alianzas en esta segunda vuelta electoral, no han pasado de esperar el voto  para sus candidatos a cambio de las consabidas promesas que nunca han de cumplirse.

En términos de trabajo decente, el Estado de Guatemala ha garantizado una total impunidad en el incumplimiento de las garantías fundamentales en el trabajo; instituciones como el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría de obras sociales de la esposa del presidente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad social y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social han destacado en la violación de los derechos fundamentales de sus trabajadoras y trabajadores. En estas circunstancias, un nuevo gobierno, comprometido con el cumplimiento de los derechos laborales debería asumir el compromiso de remover a todos y cada uno de los funcionarios involucrados en violaciones a los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

La seguridad social, ha sido notablemente afectada en estos años, las decisiones tomadas por la Junta Directiva del IGSS  están conduciendo de manera encubierta a la privatización del seguro social y  están allanando ese camino creando en la población una sensación de ineficiencia de los servicios que se prestan la cual es provocada por sus propias medidas.

La capacidad operativa del IGSS está siendo notablemente reducida concesionando los servicios que debería prestar de manera directa a empresas privadas, se han cambiado los medicamentos que brinda por medicamentos de dudosa calidad y se entregan a los afiliados en cantidades insuficientes; se ha reducido la contratación de personal  y esto conduce a que las citas deban ser exageradamente espaciadas; se está creando un sistema de clínicas en la empresa que seguramente serán concesionadas a la iniciativa privada y su efecto es que los diclofenacos genéricos y milagrosos que ahora entrega el IGSS en sus hospitales y clínicas sean entregados en las empresas y se impida que el trabajador o trabajadora pueda asistir al IGSS para que le examine un especialista.

La junta directiva del IGSS, ha incrementado la edad de jubilación y reducido los beneficios en el Programa de IVS al disminuir la base de cálculo de la pensión, eliminar el concepto de carga familiar y eliminar el concepto de beneficiario, lo cual dejará desprotegida a la familia del pensionado que al morir extinguirá la pensión.  Esta misma medida, está siendo tomada a lo interno del IGSS con el plan de jubilación de sus empleados e igualmente bajo el mismo argumento de la desfinanciación, que también ha sido provocada por el IGSS y el propio Estado al admitir y contratar trabajadoras y trabajadores bajo mecanismos de contratación fraudulentos que buscan despojarlos formalmente de sus garantías laborales y que les niegan el acceso a la seguridad social.  Actualmente, en el IGSS, más del 50% del personal se encuentra bajo estas condiciones de contratación y estas medidas han sido adoptadas con la complicidad de personas particulares que sin contar con legitimidad o representatividad han usurpado la bandera del sindicalismo para contribuir a la destrucción del de cualquier indicio de trabajo decente en Guatemala.

En el caso del Estado, a pesar de que el MSICG presentó al Presidente de la República y a las bancadas en el Congreso una propuesta de Ley tendiente a solucionar esta situación sobre la base de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- se ha hecho caso omiso de esta y se continúan impulsando, sea directamente o permitiendo la impunidad en su implementación, estos mecanismos de contratación anómalos que defraudan la misma Constitución Política de la República de Guatemala.

En la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo, el MSICG luchó porque en las recomendaciones hechas al Estado de Guatemala por la Comisión de Aplicación de Normas en el párrafo especial que el propio MSICG había conseguido a pesar de todos los intentos de bloquearle,  se incluyera la recomendación de una reforma fiscal integral que permitiera la eliminación de los privilegios e impunidad fiscal de  aquellos sectores que concentran la riqueza y el bienestar buscando con ello que los mismos tributaran en esa medida  se permitiera el financiamiento del Estado  y el fortalecimiento del sistema de justicia; sin embargo, la conjunción de actores poco comprometidos con el país, aunaron a la posición empresarial y la referencia a dicha reforma fiscal fue eliminada de las conclusiones a pesar de haber sido aprobadas por la Comisión de Aplicación de Normas.


Hoy día, tenemos un Estado que promueve reformas regresivas, candidatos que no se apartan de dicha lógica y honrando los compromisos con sus financistas omiten referirse a ello o proponen mecanismos para la reducción de impuestos, ninguno se pronuncia respecto a la revisión y eliminación de privilegios fiscales y ninguno se refiere a mecanismos de fiscalización que permitan una verdadera transparencia en el gasto público y una efectiva fiscalización social de este y que si existiera, seguramente la obra pública no se derrumbaría con tanta facilidad ante fenómenos naturales que en otros países con mayor transparencia son fenómenos de baja magnitud y habría mayor capacidad de respuesta, con instituciones de socorro debidamente provistas de recursos, fondos de reserva para hacer frente a eventualidades y sin seguir incrementando la deuda pública.

En este marco, la conmemoración de un aniversario más de la gesta del 20 de octubre de 1944, no nos permite otra cosa que percatarnos del nivel de alejamiento que existe no solo en el tiempo sino en los principios que la inspiraron y la pérdida paulatina de las garantías que durante la misma fueron reivindicadas.  Con una libertad sindical y negociación colectiva inexistentes, una seguridad social debilitada y en riesgo, un sistema educativo ineficiente y una economía cada vez más excluyente, un pronunciamiento se encontraría lejos de la realidad si manifiesta júbilo en lugar de una creciente preocupación y si en el mismo se pretende llevar a la población a recordar en lugar de generar el malestar social necesario para que la población reaccione, que vea en este proceso electoral y en el bajo nivel de propuesta contrastado con la duración y gasto de la campaña un proceso de profundización de la problemática nacional y espere al menos que, en este tiempo que falta para la segunda vuelta electoral, se tomen medidas que realmente manifiesten una voluntad de cambio o, por lo menos, que no sigan menospreciando la inteligencia de la población con promesas de acciones y medidas que no se implementaron durante los últimos cuatro años.

El MSICG, entonces, asume el nuevo aniversario de la Revolución del 20 de Octubre de 1944 llamando a las trabajadoras y trabajadores de Guatemala a organizarse y resistir, a formar parte de un mundo indignado con el recrudecimiento de las exclusiones y a recuperar la soberanía que como pueblo, se nos ha arrebatado.

LA REVOLUCIÓN NO SE LLEVA EN LA BOCA PARA VIVIR DE ELLA… SE LLEVA EN EL CORAZÓN PARA MORIR POR ELLA… (FARABUNDO MARTÍ)

Guatemala, 20 de octubre de 2011.

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

MSICG

Con fecha 18 de octubre del año 2011 el Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco -MSICG- recibió una carta del Partido Patriota en la cual se le invitaba a participar de una reunión en la casa de campaña del partido ubicada en la Zona 10 de la ciudad capital con el ánimo de presentarle su plan de gobierno en caso de que el General Otto Pérez Molina asuma la Presidencia.

Teniendo en cuenta su carácter democrático y de organización representativa de los intereses de la clase trabajadora guatemalteca el MSICG  delegó una  comisión para atender dicha reunión la cual tuvo lugar el día de ayer 18 de octubre del año 2011.

Durante la misma el Partido Patriota expuso el carácter ideológico liberal que inspira  a su agrupación y manifestó su interés por respetar, promover y hacer cumplir  la libertad sindical, negociación colectiva y los derechos de los trabajadores y trabajadoras en el país, así como fomentar el trabajo decente.  Asimismo el Partido Patriota informó al MSICG que ya había sostenido reuniones con otras organizaciones sindicales del país a petición de estas.

Por su lado el MSICG dejo clara su ideología de izquierda, clasista y democrática y su posición independiente de cualquier partido político que asuma el poder, acorde únicamente con los intereses de la clase trabajadora guatemalteca y en el acto entregó tres ejemplares de su reciente publicación “LA MAQUILA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN EN GUATEMALA: ¿OPORTUNIDAD Y DESARROLLO?.

En la reunión sostenida, el MSICG planteó la importancia de que independientemente del gobierno que asuma el poder, este deberá abordar de forma seria y con la participación de los trabajadores y trabajadoras las decisiones políticas a implementar en el ámbito económico, social, laboral, ambiental y agrario.

También el MSICG urgió al Partido Patriota para que en caso asuma el poder implemente de inmediato una reforma fiscal integral, la transformación del agro, incluida la condonación de la deuda agraria sin la cual no puede haber trabajo decente,  la destitución de todos los funcionarios públicos vinculados a la violación de derechos de los y las trabajadoras especialmente los vinculados a las violaciones de derechos sindicales y laborales, entre otras.

El día de hoy, 14 de octubre de 2011, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- presentó públicamente el informe de investigación DENOMINADO “LA MAQUILA TEXTIL Y DE CONFECCIÓN EN GUATEMALA: ¿OPORTUNIDAD Y DESARROLLO?”.  La presentación se realizó en el Salón Chichicastenango del Hotel Panamerican en la zona uno de la Ciudad Capitalina.

El informe fue comentado por el compañero HELMER VELÁSQUEZ de la Coordinación de ONG y Cooperativas -CONGCOOP-.

En el evento se hicieron presentes compañeras y compañeras de organizaciones hermanas como el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO con sede en Guatemala, CONGCOOP, CPRAPCD-SIERRA, CONDEG, CEADEL, CAMPAÑA GUATEMALA SIN HAMBRE, ATRADHOM, NUEVO DIA, FRENTE POPULAR, TIERRA VIVA, COLLECTIC GUATEMALA,  ASOCASA, UVOC,  MOVEMAYAS, FESTRAS, AMUCV, CONAPREM, GGM, SIGSTRAIGSS, SIGEDIIGSS, SIGTRAIGSS, FEDEIGSS Y REJOCIH entre otras que se sumaron a dirigentes de las organizaciones miembros del MSICG y a compañeros como la compañera MARIELOS MONZÓN y los compañeros MIGUEL ANGEL SANDOVAL y ALEJANDRO ARRIAZA, importante y talentoso cantautor guatemalteco.

Estuvieron presentes en la presentación del informe magistrados de la Corte de Constitucionalidad,  embajada de EEUU en Guatemala,  representantes de COVERCO, de VESTEX  Y  AGEXPORT.

De la misma forma, la convocatoria fue atendida por importantes medios de comunicación social como Albedrío, REVISTA ¿Y QUÉ?, NOTI 7, CERIGUA, RADIO UNIVERSITARIA, TV MAYA, RADIO PUNTO, PRENSA LIBRE, entre otras.

La presentación del informe, fue aperturado por el compañero Aniceto Montiel, miembro de CCDA y Conducción Política del MSICG, los objetivos y alcances del informe fueron presentados por la compañera María de los Ángeles Ruano Almeda de la Coordinadora de la Mujer y Consejo Político del MSICG y  sus principales hallazgos por la compañera Lesbia Amézquita, Directora del INESICG (órgano de soporte técnico del MSICG) en tanto que la moderación estuvo a cargo del compañero Alejandro Rodríguez, miembro del STOPGN y del Consejo Político del MSICG.

El informe, entre otras cosas, dirige una mirada a los privilegios fiscales otorgados a las empresas de maquila y exportación en Guatemala, cuestiona la política salarial implementada por el Estado con la finalidad de favorecer este sector, enumera las empresas que gozan de estos beneficios fiscales y salariales, las que han sido mayormente denunciadas por violaciones a garantías laborales, las que tienen e incluso han cerrado operaciones adeudando cuotas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-, la falta de acceso a la libertad sindical y la negociación colectiva, analiza cuantitativa y cualitativamente las negociaciones colectivas existentes en el sector, enumera los sindicatos activos y analiza la evolución de su membrecía,   evidencia la debilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Inspección General de Trabajo para fiscalizar y hacer que se cumpla la normativa laboral así como lanza algunas luces sobre las estrategias en cuanto al manejo de información por parte del MINTRAB para minimizar los cuestionamientos derivados de la situación laboral en las maquilas, entre otros aspectos importantes.

El cuestionamiento sobre el costo tributario y social que representan para las guatemaltecas y guatemaltecos y sus familias los beneficios y facilidades que el Estado ha otorgado a este sector de la industria se erige como el hilo conductor del informe que finalmente, habiendo aportado todos los elementos necesarios para una evaluación  asentada sobre la base de datos oficiales, pueda permitir al lector hacerse un juicio y responderse a la interrogación que complementa el título del informe.

Durante sus alocuciones, las y los ponentes hicieron énfasis en la situación laboral prevaleciente para las trabajadoras y trabajadores de la maquila así como en la importancia no solo de generar empleo sino que este empleo se ajuste a los estándares de trabajo decente universalmente reconocidos.

La actividad fue clausurada por el compañero Aniceto Montiel quien agradeció la asistencia de todas y todos los participantes a pesar de las dificultades imperantes en el territorio nacional debido a los desastres naturales.

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El viernes 14 de octubre de 2011 el MSICG presentó en el Hotel Pan American, el informe de investigación "La maquila textil y de confección en Guatemala: ¿Oportunidad y desarrollo?