Today, November 14th, 2012, was the publishing of Document GB.316/INS/15/2 of the Administrative Council of the International Labor Organization –ILO- regarding the Complaint presented by the non-compliance of the State of Guatemala on union freedom and protection to union right, 1948 (number 87), by several delegates of the 101st meeting of the International Labor Conference due to article 26 of ILO¡s Constitution.

The document talks about the decision of the Administration Council of processing the complaint presented on the 101st International Labor Conference regarding the request of a Poll Commission to be installed in the State of Guatemala for the repeated and systematic violation of Agreement 87, remitting it to the Government of Guatemala and submitting the decision concerning its pertinence to the meeting of the Administration council on March 2,013.

El día  6 de noviembre del año 2,012, en el Salón Vicent Van Gogh de Casa Ariana, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- presentó y entregó la versión impresa de su informe de investigación titulado: “DE HERODES A PILATOS: EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL GUATEMALTECO” el cual parte del estudio de las condiciones laborales desde la colonia hasta 1,947 año en que se institucionaliza y crea por primera vez  la jurisdicción privativa de trabajo para posteriormente analizar sobre la base de datos oficiales dentro de ellos expedientes judiciales el funcionamiento del sistema de justicia laboral de 1,947 a 1,954 y del año 2,005 al mes de junio del año 2,012. 

Dentro de los principales resultados de investigación a destacar se encuentra el hecho de que actualmente un proceso laboral ya sea de reinstalación de una mujer despedida en estado de embarazo o en período de lactancia, el cobro de salarios, indemnización y demás prestaciones no pagadas a un trabajadora o trabajadora, la reinstalación de trabajadores despedidos por participar en la formación de un sindicato o  de directivos sindicales, entre otros, pueden tardarse en promedio asumiendo que los tribunales de trabajo y previsión social no hubieran recibido una demanda más desde el mes de junio de 2,012, 11 años en primera instancia y más de 7 en segunda instancia previo a encontrarse firmes. 

La presentación del informe fue retroalimentada con los importantes comentarios del Master en Derecho del trabajo y la seguridad social,  Guillermo Maldonado Castellanos y  del Diputado del Congreso de la República Luís Pedro Álvarez Morales quien actualmente preside la Comisión Extraordinaria de Reforma al Sector Justicia del parlamento.  Ambos comentaristas coincidieron con los resultados presentados en el informe, la debilidad del sistema de justicia laboral y su urgente fortalecimiento, resaltando que el informe hace además un importante aporte científico a la historia de las relaciones laborales y del derecho de trabajo no tenido a la fecha.

El MSICG agradece la presencia en la actividad de la compañera Mercè Campabadal, quien en representación de CCOO de España, elogió el esfuerzo evidenciado en el informe y el importante trabajo del MSICG e hizo un  llamado a la solidaridad con la huelga que se realizará en varios países europeos, incluyendo España, el próximo 14 de noviembre de 2,012, llamado al cual el MSICG se suma urgiendo la necesidad de globalizar la resistencia ante el ataque global que se está ejecutando contra la dignidad, futuro y condiciones de vida de las trabajadoras, trabajadores y de sus familias.

Lamentablemente a pocas horas de haber presentado el informe EL MSICG COMIENZA A RECIBIR LAS REPRESALIAS POR PARTE DEL SISTEMA DE JUSTICIA puesto que al presentarse a litigar en un caso donde se defiende a una trabajadora sindicalizada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social  la JUEZA DÉCIMO CUARTA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL no sólo no se presentó a la audiencia a la hora señalada sino que cuando la abogada del MSICG se presentó al tribunal para consultar si habría audiencia fue informada que la jueza se excusaría de conocer todos los casos en los que actuara la abogada de la Central Sindical y de inmediato en forma injustificada movilizó a los guardias de seguridad del Organismo Judicial para intimidar a la Profesional del Derecho.

El MSICG condena esta represión que se suma a la práctica de jueces y magistrados que hacen que nuestro sistema de justicia laboral sea infuncional  para los trabajadores y funcional para los sectores poderos económicamente y estará tomando las acciones nacionales e internacionales pertinentes.

LA VERSIÓN ELECTRÓNICA DEL INFORME DE INVESTIGACIÓN: “DE HERODES A PILATOS: EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL GUATEMALTECO” SE ENCUENTRA YA A DISPOSICIÓN PARA SU DESCARGA EN ESTE PORTAL, EN EL ÁREA DE PUBLICACIONES

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

MSICG

El día de hoy, 5 de noviembre de 2012, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, recibió con profunda satisfacción la noticia de que fue notificada la sentencia de fecha 25 de octubre de 2012, dictada por la Jueza Primera de Trabajo y Previsión Social dentro del Expediente 01087-2010-00203 mediante la cual declara nulo de pleno derecho el despido antisindical ejecutado por la Fundación Friedrich Ebert en contra de la compañera Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica y le condena a reinstalarla en su puesto de trabajo y a hacerle efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejados de percibir como consecuencia del despido.

A pesar de las múltiples maniobras dilatorias y de litigio poco apropiado desarrollado por la FES durante el proceso, que compareció a juicio con la asesoría de uno de los principales bufetes antisindicales del país y los infructuosos intentos por construir una realidad apartada de los hechos, la contundente prueba aportada por la demandante y la adecuada aplicación del Derecho del trabajo, así como de los principios de la libertad sindical por parte de la juzgadora, han dado como resultado la emisión de una sentencia que constituye un hito en la administración de justicia laboral en Guatemala.

En la sentencia se tienen por probados algunos hechos torales como lo es el hecho de que la compañera fue despedida durante la 99ª Conferencia Internacional del Trabajo, en la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, que ese despido fue confirmado por escrito  a su llegada a Guatemala, que el mismo se ejecutó durante el cumplimiento de una función sindical y que efectivamente la FES había conferido la licencia respectiva a la compañera Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica para asistir a la Conferencia Internacional del Trabajo durante el transcurso de la cual fue injustamente y antisindicalmente despedida.

El MSICG se congratula por la sentencia emitida por la justicia laboral guatemalteca y hace un llamado a la Fundación Friedrich Ebert para dar efectivo cumplimiento a la misma sin conducir el proceso a más dilaciones que no solamente retrasarían el efectivo cumplimiento del Estado de derecho guatemalteco sino que también significarían la erogación de más gastos innecesarios que, finalmente, son recursos del hermano pueblo de Alemania con un fin, difícilmente sostenible, como lo es evitar que se restaure una violación a los principios básicos de la libertad sindical y la legislación laboral de nuestro país.

Guatemala, 5 de noviembre de 2012.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

Today, November 5th 2012, the Guatemalan Union, Indigenous and Peasant Movement –MSICG-, received with great satisfaction the news that the sentence dated October 25th, 2012, issued by the Judge First of Labor and Social Prevision within File 0187-2010-00203 was notified, declaring null of full right the antiunion dismissal  executed by the Friedrich Ebert Foundation against companion Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica, sentencing it to restore here  to her  previous work position there,  and make  effective the payment  of wages and other benefits not perceived as a consequence of her dismissal.

Despite the many delaying strategies and of the inappropriate legal procedure undertaken by FES during the process, in which  it went to court advised by one of the main anti-union lawyers’ offices in the country, and of its fruitless efforts to build a reality  different from the facts, the undisputed evidence presented by the plaintiff and the adequate application of the labor laws, as well as the principles of union freedom by the judge, have produced the issuing of a sentence that is a landmark in the administration of labor justice in Guatemala.

The sentence considers some fundamental facts as proven, like the fact that the companion was dismissed during the 99th International labor Conference, while she was at the headquarters of ILO in Geneva, Switzerland, that the dismissal was confirmed by written means when she arrived back in Guatemala, that it was executed in a period in which she was serving union duties and that effectively the FES had granted  the due license to companion  Lesbia Guadalupe Amézquita Garnica to attend the International Labor Conference, during which she was unfairly dismissed in an anti-union manner.

MSICG is joyful for the sentence that was issued by the Guatemalan labor justice, and makes a calling to the Friedrich Ebert Foundation to give effective compliance with it without taking the process to further delay, which would not only set back the effective compliance with the Guatemalan state of the law, but would also mean incurring in further unnecessary expenses which, ultimately, belong to the sister nation of Germany, with a hardly defendable end, which is avoiding the restoration of a violation of the basic principles of union freedom and labor laws in our country. 

POLITICAL COUNCIL
GUATEMALAN UNION, INDIGENOUS AND PEASANT MOVEMENT
MSICG

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- presenta el tercer número de su Revista Wachb’il que en su carácter de instrumento sociopolítico de expresión sindical se dedica en esta ocasión a la memoria de nuestro compañero MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ, asesinado el 1 de junio de 2012 y a los compañeros asesinados durante la masacre ejecutada por el Estado en contra de la población de los 48 cantones de Totonicapán el día 4  de octubre de 2012.

Esta dedicatoria se hace extensiva a los perseguidos y presos políticos del país, particularmente a los compañeros RODOLFO EDUARDO JUAREZ RALDA Y LAYLA LERISA CHANQUIN JOCOL.

El MSICG llama la atención sobre el grave riesgo que representa para la democracia el debilitamiento del Estado de derecho, la supresión práctica de las garantías sociales, la penalización y la estigmatización de la lucha social así como la profundización de las políticas de exclusión implementadas desde el actual gobierno.

El MSICG saluda y felicita la importante labor de las expertas y expertos de la Organización Internacional del Trabajo por la dosis de sensatez y congruencia que aportan a la construcción de la democracia en el mundo y a la vez  lamenta las acciones del grupo de los empleadores a nivel mundial tendientes a debilitar los sistemas de control del cumplimiento de los Convenios surgidos del consenso tripartito y democrático en el seno de OIT.


http://www.movimientosicg.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=131

El día Jun Lajuj Choj del calendario Maya (11 de octubre de 2012) casi termina pero llega la noticia de la captura de los responsables directos de los hechos de la masacre perpetrada contra el Pueblo K’iche’ el 4 de octubre. Este Pueblo, representado en autoridades ancestrales –hombre y mujeres— de los 48 cantones, tomó las carreteras para protestar contra las políticas neoliberales, las injusticias y las invasiones del gobierno. Al mismo tiempo, se concentraron para reclamar por nuestros derechos y por una vida con dignidad, la cual está siendo usurpada por la voracidad del capitalismo. Para el sistema de justicia y el Ministerio Publico, la detención representa “un gran avance” porque se investiga y se detienen a los responsables de tales atrocidades.

Todo apunta a que estos militares fueron los responsables de tal hecho. Como se menciona en Prensa Libre (11-10-2012) “La fiscal General, Claudia Paz y Paz, señaló en conferencia de prensa al coronel Juan Chiroy como principal responsable de los hechos cometidos hace una semana…” De la misma manera, se enlista los nombres de los soldados que activaron sus armas bajo las órdenes del Coronel. Esta situación podría ser aplaudida por diferentes organizaciones y organismos nacionales e internacionales. Así mismo, podría ser un elemento importante para demostrar que el gobierno está “avanzando con la justicia”. Se podrá pensar que la noticia es buena pero es importante detenernos y preguntarnos si ¿en realidad se está haciendo justicia? ¿Constituye un avance el inculpar a los autores intelectuales de dichas muertes como lo son los ministros de gobernación y de la defensa? La respuesta es “no se está haciendo justicia”. EL PUEBLO EXIGE JUSTICIA a los autores materiales e intelectuales de dichos hechos.

Urge también reflexionar sobre otros puntos que son fundamentales para los Pueblos Mayas: 1) El no hacer una investigación a fondo para enjuiciar a los autores intelectuales de la masacre significa que seguimos viviendo un sistema militar, genocida y racista como los que hemos vivido en estos 520 años de invasión colonial. 2) La lista que provee el Ministerio Publico notamos nombres de soldados son de bajo rango, algunos con apellidos Mayas que han sido engañados con promesas falsas para salir de sus comunidades y prestar su servicio militar. 3) La negación del presidente y del ministro de gobernación de la participación militar y del uso de armas son una clara muestra de la impunidad de este gobierno militar. Y 4) las palabras de un pastor evangélico como el ministro de relaciones exteriores muestra el racismo imperante en esta sociedad y en la mentalidad ladino-oligarca.

Nuevamente el sistema de justicia racista sale a relucir. Sabemos que el sistema de justicia es racista y excluyente por naturaleza. Sin embargo, este gobierno, que se ufana de “iniciar una nueva era” con la celebración del 13 b’aktun, inicia una nueva era de racismo, militarismo y genocidio como los que ya vimos en otras partes del territorio Maya en otros tiempos. ¿Dónde están los autores intelectuales de las masacres cometidas contra el Pueblo Maya? ¿Por qué no han sido involucrados personajes de alto mando del ejército dentro de la investigación? Esto demuestra una vez más el sesgo de la investigación y de la justicia en Guatemala. Los soldados  que dispararon y provocaron la muerte de 8 personas y más de una treintena de heridos no actuaron bajo voluntad propia. Hay responsables directos como el mismo Pérez Molina quien es, como lo establece la Constitución Política de la República, “el comandante general del ejército”.

Queda demostrado que nos encontramos ante un Estado autoritario, racista y patriarcal. Notamos que se utilizan estrategias similares como las que se usaron en los 36 años de guerra contra el Pueblo Maya. En los años 1980s, los soldados actuaban bajo órdenes de altos mandos; sin embargo, esos coroneles, generales, etc. no han sido llevados a la justicia para que respondan por las masacres cometidas.

El Pueblo Maya y el Pueblo de Guatemala demandan justicia. Queremos vivir en un país con dignidad y donde se respeten nuestros derechos. Nos oponemos rotundamente a ser campo de batalla para el beneficio de la oligarquía, de las empresas transnacionales o de militares. No más asesinatos selectivos de lideresas y líderes. No a las violaciones de los derechos humanos, individuales y colectivos de mujeres y hombres, ancianas y ancianos, jóvenes, y niñas y niños Mayas. ¡En este Kab’lajuj Tx’i’ exigimos que se respete la vida de la Madre Tierra y la de los Pueblos Originarios!

“KAYB’ALAN”
Centro de análisis, formación e incidencia del Pueblo Maya
Tnaab’il Kayb’alam

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha venido viendo con preocupación el accionar la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, CLAUDIA PAZ Y PAZ BAILEY por la actuación contradictoria del Ministerio Público durante la gestión de la citada funcionaria.  La cual puede resumirse en los siguientes aspectos:

1. La posición contraria de la Señora Fiscal General al cumplimiento de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, realizadas al Estado de Guatemala por el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- en su informe número 349, caso número 2580, al recrudecer la persecución antisindical en contra del SITRADICMP.
2. El nombramiento en la Secretaría General del Ministerio Público, cargo que de conformidad con la ley debe sustituirle en caso de ausencia, de una persona excluida listado final de postulantes al Cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público por las tachas presentadas por la sociedad civil y particularmente por el MSICG, lo cual defrauda el trabajo de las Comisiones de postulación y particularmente de quienes creímos en las mismas.
3. La débil o nula acción del Ministerio Público en el esclarecimiento de asesinatos y actos de violencia e intimidación contra sindicalistas, incluyendo el caso del compañero, VICTOR ALEJANDRO SOYOS SURET, miembro del Consejo Consultivo del SITRADICMP que fuere asesinado llegando al extremo de negar ante la OIT tener conocimiento de su asesinato.
4. La información carente de veracidad trasladada a la Organización Internacional de Trabajo respecto a la existencia en el país de una fiscalía especial para investigar los delitos contra sindicalistas aún y cuando, lo que existe, es una unidad, centralizada en la Ciudad Capital, carente de personal y recursos necesarios para cumplir efectivamente con sus funciones.
5. La posición abiertamente antisindical y amenazante contra las organizaciones campesinas sostenida por el Señor Javier Monterroso con fecha 6 de abril de 2011 y cuyas declaraciones, vertidas en representación de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, fueron publicadas en nuestro portal web.
6. La inexplicable posición del Ministerio Público en los casos del genocidio contra el pueblo Ixil en el que extrañamente el Ministerio Público postuló que en tales delitos de lesa humanidad, no existió una línea de mando.
7. El sometimiento del personal del Ministerio Público al manejo de sustancias peligrosas  sin el equipamiento debido.
8. La falta de objetividad del Ministerio Público en el caso del profesor EDGAR JONATAN AVALOS RODRÍGUEZ, quien fue y se mantiene ilegalmente preso desde el día 2 de julio de 2012 y en donde el Ministerio Público ha negado la posibilidad de diligenciar cualquier medio de investigación tendiente a corroborar la detención ilegal que ha sido denunciada.
9. La falta de traslado a las fiscalías específicos de delitos previstos en la ley contra el femicidio y de delitos cometidos contra sindicalistas de las denuncias presentadas contra el Superintendente de Administración Tributaria y el Director General de Trabajo, las cuales, fueron presentadas el 14 de septiembre de 2012 y en las cuales, hasta la fecha no se ha llamado siquiera a ratificar la denuncia a las afectadas y afectados por tales delitos.
10. La débil actuación de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público en la masacre ejecutada por elementos del ejército en contra de la población de los 48 cantones de Totonicapán en donde el Ministerio Público pretende argumentar la inexistencia de una responsabilidad institucional del Estado de Guatemala aún y cuando, tanto el Ejército como la Policía Nacional Civil obedecen a una línea de mando constitucional y legalmente establecida en virtud de la cual una investigación objetiva no puede obviar la existencia de una responsabilidad institucional a partir de la misma orden que admitió que el ejército participara en un operativo en el que nunca debieron participar elementos militares.   Esta falta de objetividad ha llegado al extremo de que la Fiscal General, tal y como lo publicara un importante medio de comunicación social del país, admitiera que se le entregaran embaladas las supuestas armas utilizadas en la ejecución de la masacre en Totonicapán, aún y cuando, esto destruye la cadena de custodia, la credibilidad y eficacia de la prueba.  El MSICG recuerda que estos hechos, deben investigarse de oficio y no depender de la convocatoria para ello realizada por algún funcionario del Estado.
11. El apoyo brindado a una ley, como la Ley de la Dirección General de Investigación Criminal que otorga amplios márgenes de discrecionalidad fundamentada en la ausencia o confusa regulación de un cuerpo facultado para no identificarse, no portar uniformes, portar cualquier tipo de armamento y autodotarse del  protocolo de uso del mismo, entre otros elementos que crean condiciones susceptibles de admitir arbitrariedades, abusos y la violación de derechos humanos.

A todo lo anterior, se ha sumado la desobediencia de resoluciones emitidas por tribunales de amparo que, según los artículos 32 y 78, deben dar lugar a la destitución del funcionario o funcionaria que las desobedezca, normas cuya positividad se ha reclamado a la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia desde el 10 de octubre de 2012.

Debe agregarse que esta desobediencia, parece obedecer a un acto de represalia en contra del SITRADICMP por su participación como postulante de la Acción de Inconstitucionalidad General Total planteada ante la Corte de Constitucionalidad el 8 de octubre de 2012 en contra del Decreto 15-2012, Ley de la Dirección General de Investigación Criminal.  Llama poderosamente la atención que los Acuerdos mediante los cuales se ha destituido en los últimos dos días a dos directivos del SITRADICMP, uno de ellos en pleno goce de una licencia para someterse al examen técnico profesional de la Carrera de Abogado y Notario, fueron emitidos el mismo 8 de octubre de 2012 aun y cuando no fueron notificados sino hasta los días 10 y 11 de octubre del presente año.

El MSICG recuerda que con fecha 11 de diciembre de 2010, en comunicado oficial manifestó:  “El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- felicita a la Abogada Claudia Paz y Paz por su nombramiento como Fiscal General de la República de Guatemala y Jefa del Ministerio Público y le expresa sus esperanzas porque su gestión contribuya a la erradicación de la impunidad en Guatemala.  Teniendo en cuenta sus antecedentes como defensora de derechos humanos y su activismo a favor de la justicia, el MSICG espera que su gestión se caracterice por el cese de las violaciones a los derechos humanos sindicales y laborales a lo interno del Ministerio Público y particularmente porque cesen las políticas y acciones antisindicales en contra de nuestra organización miembro SITRADICMP y se cumpla con los requerimientos que al respecto ha formulado el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- al Estado de Guatemala.  El MSICG expresa su esperanza de que durante su gestión, pueda establecerse una relación respetuosa entre el SITRADICMP y el Ministerio Público, tal y como debiese ser en una sociedad democrática.  El MSICG espera igualmente que el nombramiento de la Abogada Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público, marque un giro positivo y avances significativos  en la investigación de los delitos cometidos contra sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, actos de violencia contra la mujer, la lucha contra el crimen organizado, y la investigación y desmantelamiento de  los cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad.”.

En ese sentido, el MSICG lamenta que, a poco menos de dos años de ese comunicado, la esperanza expresada se haya visto rotundamente defraudada y que una institución garante del cumplimiento de la ley, como lo manda la Constitución, sin distingos de alguna clase, sea hoy día una institución que no ofrece en la práctica tal garantía y por el contrario, actúe con menosprecio de las leyes que debe hacer cumplir.

De tal forma, el MSICG expresa su esperanza porque la justicia constitucional, de efectivo cumplimiento a los artículos 32 y 78 de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y proceda al estricto cumplimiento de lo que tales normas les demandan de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Guatemala, 11 de octubre de 2012.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El día de hoy 8 de octubre del año 2012, la diputada del Congreso de la República Nineth Varenca Montenegro Cottom, Los diputados Luís Pedro Álvarez Morales, Héctor Leonel Lira Montenegro de la Bancada Encuentro por Guatemala (EG) y Carlos Alberto Barreda Taracena de la Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) con el  Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público –SITRADICMP-  y el Movimiento sindical, indígena y  campesino guatemalteco –MSICG- presentamos colectivamente ante la Corte de Constitucionalidad una Acción de Inconstitucionalidad General Total en contra del Decreto Número 15-2012 del Congreso de la República, LEY DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL –DIGICRI- en virtud de considerar que la misma adolece de profundos vicios de inconstitucionalidad que afectan a toda la población Guatemalteca.

El planteamiento de esta acción es el producto de un amplio y minucioso estudio que ha tenido en cuenta el proceso a través del cual fue aprobada esta Ley, las debilidades que presenta, la responsabilidad y deber de defensa de la Constitución así como la responsabilidad que como guatemaltecas y guatemaltecos tenemos de propiciar las condiciones necesarias para la seguridad, la justicia pero, sobre todo, de plena garantía de los derechos humanos a partir de las lecciones que nos ha dejado la historia reciente de nuestro país.

De allí que la acción presentada se divida en tres secciones, la primera, que hace una referencia precisamente a las lecciones que nos ha dejado la historia reciente del país al poner en manos del Organismo Ejecutivo la investigación criminal y el apartamiento que esta ley representa del camino trazado a partir de la firma del Acuerdo Global Sobre Derechos humanos y las últimas reformas Constitucionales.

La segunda parte, aborda las violaciones al debido proceso legislativo operados durante el proceso de discusión y aprobación de la ley que implicaron que en su discusión por artículos la iniciativa originalmente presentada y dictaminada por la Comisión de Gobernación fuera modificada en un ciento por ciento de su contenido, tanto en forma como conceptualmente al punto de que el producto finalmente aprobado por el Congreso de la República fue lo absolutamente opuesto a la iniciativa de ley dictaminada.

La tercera parte de la inconstitucionalidad hace referencia a los vicios de fondo evidentes en la ley que resulta contradictoria incluso en sus propias disposiciones, que debilita al Ministerio Público, presenta ambigüedades que pueden traducirse en amplios márgenes de discrecionalidad y susceptibles de facilitar el abuso y violación de los derechos humanos por parte del nuevo organismo así como la vulnerabilidad de este ante intereses ajenos a los intereses de la aplicación de justicia, la modificación de leyes orgánicas sin que la norma impugnada haya sido aprobada por la mayoría requerida constitucionalmente para operar tales cambios y, sobre todo, por eliminar la certeza jurídica que por antonomasia deben generar los actos legislativos.

La presente acción, no implica en sí la negación de la posibilidad de generar herramientas que permitan la debida y efectiva investigación del delito, no obstante, si enfatiza en que la función punitiva del Estado no se ubica por encima de su deber de garantizar la plena vigencia de las garantías reconocidas al ser humano por la Constitución y el Ius Cogens internacional.

Finalmente esperamos que la Corte de Constitucionalidad como en derecho corresponde decrete en primera instancia la suspensión provisional de la LEY DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL  y al resolver en definitiva la expulse del ordenamiento jurídico.

El MSICG deja constancia por este medio que durante la conferencia, se presentó una persona que dijo pertenecer a Comunicación Social del Ministerio de Gobernación, situación que causó extrañeza a partir de que la convocatoria se giró exclusivamente a los medios de comunicación social del país.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El día de hoy, 5 de octubre de 2012, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- presentó un Despacho calificado a la Presidencia de la Junta Directiva del Congreso de la República en la cual solicita a los diputados y diputadas de los distintos partidos políticos representados en el Organismo Legislativo, así como a los Jefes de bloque y a las distintas bancadas que citen para ser interpelados a los Ministros de Gobernación y de Defensa del País y que se les dé el voto de falta de confianza a efecto de que sea el Congreso el que los destituya de sus cargos como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y la ejecución de la masacre contra las compañeras y compañeros de los 48 cantones de Totonicapán.

El MSICG ha apelado a la responsabilidad de los diputados y su compromiso con la democracia que deduzca responsabilidades políticas en contra de los funcionarios públicos que faltando a su deber han usado la fuerza del Estado para cercenar el derecho a la vida de nuestras compañeras y compañeros y llama a la atención respecto a que el equilibrio de poderes establecido en nuestra Constitución ha sido establecido precisamente para impedir la instauración de regímenes dictatoriales.

El MSICG condena igualmente la insistencia del gobierno central en mentirle a la nación; debemos recordar, que el Ministro de Gobernación afirmó ante los medios de comunicación social que entre los efectivos que ejecutaron esta masacre no había agentes del Estado portando armas de fuego que luego de ser desmentido por las imágenes publicadas por los medios de comunicación social, dijo que eran tropas que “cuidaban” a los agentes desarmados, ahora la versión nuevamente ha cambiado para decir que efectivamente los agentes dispararon pero lo hicieron al aire.

El MSICG, en el despacho calificado ha pedido también al Congreso de la República que legisle en el sentido de impedir que una barbarie como la acontecida del día de ayer vuelva a repetirse.

El MSICG exige también a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que, con la misma premura con que se presta para penalizar la protesta social incoando procesos y encarcelar a los opositores a las políticas excluyentes del gobierno, entre ellos dirigentes  estudiantiles, indígenas , campesinos y sindicales, ahora, en que los mecanismos de imposición de las políticas oficiales han rebasado cualquier límite en el Estado de Derecho, que  inicie los procedimientos y antejuicios necesarios para someter ante los tribunales de justicia a los autores materiales y a toda la línea de mando involucrada en los atropellos contra la vida y la integridad física de nuestras hermanas y hermanos de Totonicapán.

El MSICG espera que la petición dirigida en despacho calificado y cuya copia de recepción ha sido enviada electrónicamente a los Jefes de Bancada, sea atendida de URGENCIA.

Guatemala, 5 de octubre de 2012.

CONSEJO POLITICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- condena la masacre ejecutada por el ejército y agentes de la Policía Nacional Civil en contra de las compañeras y compañeros de los 48 cantones de Totonicapán quienes habían sido convocados a una manifestación pacífica por los líderes indígenas de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán con la finalidad de manifestar su oposición a las reformas constitucionales propuestas por el poder ejecutivo,  la denominada reforma educativa impuesta por el Ministerio de Educación sin consulta a los pueblos indígenas y el elevado costo de la energía eléctrica.

El ataque del ejército y de la Policía Nacional contra la población indígena ha tenido ya una cauda de 4 muertos, 37 heridos y 35 intoxicados, todos de la población civil.

El MSICG lamenta profundamente el pronunciamiento realizado por el Procurador de los Derechos Humanos en las declaraciones realizadas en radio sonora toda vez que el deber fundamental del Estado es preservar la vida y la integridad física de la persona y ningún derecho se encuentra por encima de este derecho fundamental y son las fuerzas del Estado las principales obligadas a garantizarla, al menos en una sociedad democrática.

Debe recordarse que la imposición de la denominada reforma educativa ha sido también motivo de que haya sido ilegalmente detenido y se encuentre en esa condición el profesor Edgar Jonatan Avalos Rodríguez debido a la aquiescencia por parte del poder judicial y del Ministerio Público para mantenerlo en tal situación aún a pesar de ser inverosímiles los hechos en virtud de los cuales se fundamenta su detención y la supuesta flagrancia. Extremos que han sido denunciados ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El MSICG exige al General Otro Pérez Molina cumpla con su afirmación de deducir responsabilidades en contra de los responsables directos por el uso desmedido de la fuerza en contra de las compañeras y compañeros de los Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán pero que tal deducción de responsabilidades abarque la totalidad de la línea de mando responsable por tales hechos.

El MSICG hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a manifestar su solidaridad hacia los compañeros de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán y su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos incurridas por el ejército de Guatemala y la Policía nacional Civil en contra de la población indígena de los cuarenta y ocho cantones de Totonicapán en un uso absurdo y desproporcional de la fuerza pública.

Guatemala, 4 de octubre de 2012.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG