El día viernes 28 de noviembre de 2014 en horas de la tarde, fue colocada la plaqueta en memoria del compañero MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ en el MUSEO DE LOS MÁRTIRES DEL MOVIMIENTO SINDICAL, ESTUDIANTIL Y POPULAR de la FUNDACIÓN AMANCIO SAMUEL VILLATORO, en una sencilla pero emotiva ceremonia que se realizó en las instalaciones del museo en la Ciudad Capital de Guatemala.

Para el MSICG es de mucha importancia que la memoria de un compañero, cuyo compromiso con la lucha sindical en Guatemala llegó incluso a costarle la vida, haya sido acogida en un espacio en el que reposan los restos mortales y la memoria de otro valioso compañero sindicalista, desaparecido de manera forzada y asesinado durante el gobierno de facto del General Oscar Humberto Mejía Víctores y en donde se expone el contenido del Diario Militar que registra y evidencia la política de terror del Estado de Guatemala.

Y la importancia radica no solo en el hecho de que la memoria de Manuelito haya sido la primera de un sindicalista asesinado luego del retorno a la democracia formal que se incorpora al museo sino también porque es que el Museo opera como un llamado a la memoria que garantice la no repetición en nuestro país de estas prácticas, aún y cuando, la lucha por reivindicar las garantías para que esto no se repitiera, fue precisamente lo que causó el asesinato de nuestro compañero.

Durante la ceremonia, se ubicó la memoria de Manuelito en un espacio del Museo, que a partir de ahora dará testimonio de que aún existe dentro del sindicalismo el compromiso y la congruencia necesaria para creer, soñar, luchar y tratar de construir en este país una democracia plena, con inclusión y justicia social.

El MSICG agradece a la FUNDACIÓN AMANCIO SAMUEL VILLATORO el honor que ha conferido a nuestro compañero MANUEL DE JESÚS RAMÍREZ al honrar su memoria y asegurar que su legado no se disipe y se comparta con el de todas y todos los compañeros que nos legaron el sueño de un país diferente e invita a la población a visitar el museo, a recuperar esa memoria que hoy es tan necesaria para garantizar que esa historia de sangre, injusticia y desigualdad no se siga repitiendo.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- considera necesario recordar que la Constitución Política de un Estado es algo más que una norma jurídica susceptible de ser interpretada únicamente en su sentido literal; una Constitución, como instrumento de fundación del Estado es producto de un momento histórico determinado y su articulado obedece a una serie de valores, principios y consideraciones éticas que buscan reflejar las necesidades, aspiraciones e incluso los temores de un pueblo.

De allí que al asumir que la confrontación de un acto o norma violatoria de lo que la Constitución pretende garantizar se reduce a un mero ejercicio gramatical y escudar en formalismos absurdos el deber histórico de los tribunales constitucionales de resguardar la integridad del Estado y los valores que se propugnan como base de convivencia de una sociedad, desnaturaliza su función, cuestiona la legitimidad y hace dudar sobre la necesidad del denominado control constitucional ya que es imposible la subsistencia de un orden que se aplica en contradicción con esos valores, principios, consideraciones, necesidades, aspiraciones y temores de un pueblo, al que, según la propia Constitución, deben servir y obedecer todos los organismos del Estado, incluyendo los tribunales constitucionales que son los últimos garantes del sistema democrático cuyos pilares fueron sentados al momento de promulgarse la norma constitucional.

La Constitución Política de la República de Guatemala, es el producto de una larga y dolorosa lucha contra la injusticia social, las dictaduras militares y la esperanza de construir una sociedad gobernada por poderes democráticos, establecidos como la superestructura encargada de garantizar que el Estado realice los fines comunes de la población y la herramienta creada para impedir la concentración del poder, su sujeción a intereses reducidos y ajenos a los intereses que deben caracterizar a un Estado, al menos a un Estado democrático, participativo, e incluyente.

De allí que la Constitución guatemalteca establezca una serie de deberes básicos que se resumen en sus primeros artículos, entre los que se encuentra brindar seguridad jurídica respecto a la plena positividad de todas las garantías que desarrolla, de los controles para impedir la arbitrariedad en todas sus expresiones, de las limitaciones, separaciones y control cruzado entre los diversos organismos del Estado y mecanismos de control para garantizar que ese Estado, constituido en 1986, no se coloque en manos de intereses ajenos o alternos al propio poder soberano del Estado que, como lo indica la Constitución, proviene y reside en el pueblo.

En este caso, hemos visto un proceso de elección de Magistrados a la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones que evidenció con el mayor descaro posible una terrible descomposición del Estado, la eliminación de cualquier posibilidad de separación de poderes y en consecuencia de inutilización de los controles constitucionales contra la arbitrariedad y su sujeción a estructuras e intereses paralelos al propio Estado y los fines establecidos para el mismo por la Constitución.

Y, como era de esperarse, se acudió al sistema de justicia constitucional como último garante de la Constitución, sabiendo que sobre la Corte de Constitucionalidad pesaba la carga histórica de reivindicar y rescatar los principios constitucionales. Pero la Corte de Constitucionalidad falló, como parte de un Estado fallido, de una democracia fallida, de un sistema de justicia fallido, dejando al descubierto, una terrible realidad, evidente ya para la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, en donde ya no es necesario un Estado de excepción para garantizar la arbitrariedad y la falta de vigencia de las garantías constitucionales ya que estas, han sido derrumbadas de manera permanente para garantizar los intereses de grupos y estructuras de poder que, antes de que la Corte de Constitucionalidad resolviera, podían considerarse paralelas y que hoy día, han asumido todos los poderes del Estado, sobre la base del ejercicio de meros formalismos para pretender mantener la farsa de que vivimos en un Estado democrático.

De la misma manera en que la Corte de Constitucionalidad garantizó el resurgimiento de la policía judicial al declarar sin lugar la Inconstitucionalidad planteada por el MSICG contra la Ley que creó la DIGICRI, de que sepultó cualquier posibilidad práctica para la creación de estructuras sindicales dentro de ellas las del sindicalismo de industria, de que ha garantizado impunidad a funcionarios públicos dentro de ellos operadores de justicia, hoy privó a la población guatemalteca de cualquier expectativa de rescatar el sistema de justicia y de construir la democracia por la que murieron cientos de miles de guatemaltecas y guatemaltecos y confirmó de que es una instancia más que sólo responde a los intereses de grupos de poder que manejan el Estado.

El día de hoy, ha sido sepultado cualquier sueño democrático en el país; y esto es algo que debe tener muy claro tanto el pueblo de Guatemala como nuestras hermanas y hermanos de la comunidad internacional a efecto de evaluar sus relaciones y cooperación con el Estado de Guatemala; hoy se ha demolido la institucionalidad del Estado y se han entronizado intereses ajenos a los fines y objetivos fijados en la Constitución Política de la República de Guatemala; hoy más que nunca es necesaria la continuidad de la CICIG y el condicionamiento al Estado de Guatemala a garantizar el pleno ejercicio de su mandato ya que hoy, las estructuras y poderes que se visualizaban como un peligro latente, son un peligro consumado y asentado en las propias estructuras del Estado.

El MSICG lamenta uno de los días más oscuros de la historia jurídica y democrática del país, comparable solamente a aquel día en que el mismo órgano constitucional rompió el orden que estaba llamado a proteger resolviendo aún en contra del texto expreso de la Constitución permitiendo a José Efraín Ríos Mont postularse a la Presidencia de la República; aunque es peor, en ese momento, al menos había un sistema de justicia con algún grado de independencia y congruencia con el deber de resguardar nuestra Constitución; tuvimos eso, y hoy nos lo quitaron.

Hoy día se perdió seguridad, se perdió confianza, se perdió legitimidad, se perdió incluso los pocos avances formales que se hayan logrado desde 1986, desde 1996, desde la derrota en las urnas de José Efraín Ríos Mont. Hoy se perdió la democracia, la transparencia, se perdieron elementos fundamentales del Estado quedando solamente el pueblo como estructura garante de una soberanía que, según nuestra maltrecha Constitución, proviene y reside en ese pueblo del cual el MSICG hace parte.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- lamenta que el Estado de Guatemala se encuentre atravesando actualmente por una “aparente crisis de liquidez” y que ello esté afectando la debida prestación de servicios esenciales y esté privando de su acceso al salario a decenas de miles de trabajadoras y trabajadores en los diversos organismos e instituciones del Estado.

No obstante, resulta más preocupante aún que se pretenda paliar una crisis de liquidez mediante un mayor endeudamiento público a través de la emisión de bonos del tesoro obviando el debate de fondo y la deducción de las responsabilidades que corresponden a quienes son los causantes y responsables de esto.

La situación respecto a la liquidez del Estado no es producto de la casualidad sino más bien el resultado de toda una serie de desaciertos cometidos con plena conciencia por los y las funcionarias públicas y por las cuales se deben deslindar responsabilidades de todo orden.

Debemos recordar que durante el gobierno anterior, se adquirió una millonaria deuda al margen del presupuesto del Estado, que contravenía toda la legislación relativa a la contratación pública respecto a la cual, lejos de hacerse una defensa de los intereses del Estado, se optó por pagar la misma obviando su evidente ilegalidad.

En el primer presupuesto aprobado durante la gestión del actual gobierno, a los efectos de evadir las limitaciones a las transferencias presupuestarias e impedir el control parlamentario sobre el manejo del presupuesto, se recargó este en gastos operación reduciendo los gastos destinados a la inversión que, de conformidad con la ley, no pueden ser transferidos al presupuesto operativo.

Se impulsó una llamada reforma tributaria que sobrecargó los tributos en los sectores de menor ingreso y eliminó el control cruzado que ejercía la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- a través de las planillas presentadas por los trabajadores y trabajadoras para la deducción del IVA pagado del monto del ISR, con lo cual se perdió el interés de las personas de exigir facturas por sus compras y a la vez se imposibilitó el control de la SAT sobre las ventas realizadas por las empresas y sobre sus utilidades.

Lejos de cumplir con los compromisos internacionales del Estado de eliminar las subvenciones a la exportación, principalmente la operada a través de exenciones y beneficios fiscales, el actual Gobierno promovió ante el Congreso de la República una iniciativa de Ley que extiende los privilegios fiscales y amplía los ya otorgados al sector denominado de maquila y exportación a todas las actividades productivas.

La política salarial impulsada por el Estado, tanto en lo referente a los salarios en el sector público como en el sector privado y la falta de fiscalización efectiva del cumplimiento del pago de los salarios mínimos que se ubican por debajo del costo de la Canasta Básica Vital –CBV- y que ahora pretende recrudecerse mediante la fijación salarios mínimos diferenciados por circunscripción territorial a efecto de establecer salarios aún más precarios, sumado a lo que ya apuntamos en materia tributaria, ha tenido un doble efecto; por una parte, ha reducido la capacidad de consumo de la población y por el otro, ha permitido el incremento de las utilidades de sectores que no son efectivamente fiscalizados en la renta que obtienen y que, como consecuencia, de ello, no tributan conforme a su capacidad de pago y su responsabilidad tributaria.

En este marco, los presupuestos se han realizado proyectando una meta fiscal poco realista pretendiendo que la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- obtenga una recaudación muy elevada de los sectores con menos capacidad de pago y sin poder fiscalizar que los sectores con mayor renta en el país tributen de manera acorde a sus ingresos.

A pesar de que uno de los argumentos de campaña del actual Partido de gobierno fue su compromiso con la transparencia, en la práctica, luego de una gestión que puede calificarse como la menos transparente en las últimas décadas, impulsó e impuso una reforma a la normativa de la Contraloría General de Cuentas que la imposibilita de fiscalizar de manera efectiva el gasto público.

La realidad del país, y la lógica desde la cual nos gobiernan y en función de la cual pretenden endeudarnos, puede evidenciarse en el desequilibrio salarial existente toda vez que en tanto que el Presidente Otto Pérez Molina tiene un ingreso declarado de las arcas del Estado equivalente a Q. 141,167.00 mensuales, el Plan Anual de Salarios aprobado por el mismo Presidente de la República para la Administración Pública mediante el Acuerdo Gubernativo 543-2013 fija un salario de Q. 1039.00 mensuales para los trabajadores operativos II (la serie más baja de la escala) y de Q. 6,759.00 para la categoría profesional especializada IV (la serie más alta de la escala) en tanto que la Vicepresidenta percibe ingresos declarados mensuales de Q. 136,412.00. Dicho en otras palabras, el Presidente y la Vicepresidenta devengan un salario al menos 20 veces mayor que el que devenga la escala más alta y al menos 135 veces mayor que la escala más baja del plan anual de salarios de la administración pública. De la misma forma, existen asesorías contratadas que, sin tratarse de personal de carrera, especializado y sin que haya pasado por un proceso de educación y sin tener la obligación de cumplir con una jornada de trabajo obtienen ingresos muy por encima del salario que se le proporcionara la categoría profesional más alta del plan anual de salarios de la administración pública.

A esto se suman los beneficios no declarados que se les confieren a las organizaciones sindicales afines al gobierno y que operan como instrumentos, de choque o de presión para gestionar los intereses del partido oficial y que van desde el otorgamiento de vehículos, gasolina hasta el permitir que cuenten con personal liberado a tiempo completo con goce de salario, tal como sucede en los casos del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en tanto, se aduce que no existen recursos para cumplir con cuestiones fundamentales como la refacción escolar o insumos para atender a la población en los hospitales y centros de salud.

Es preciso recordar también que es durante el actual gobierno en el que se ha manifestado de manera más abierta, la existencia de intereses ajenos a los del Estado, determinando cuotas de poder, listados de obras e incluso la aprobación de más endeudamiento público, conduciendo a una pérdida cada vez más acelerada de la poca credibilidad del Estado y de la confianza de la población en sus instituciones. Esto, ha sido acelerado por la falta total de una oposición que cuestione el gobierno por intereses distintos a los que han determinado el actual rumbo de cosas.

Para el MSICG resulta particularmente llamativo que el Congreso de la República de Guatemala haya dedicado más tiempo, muy bien remunerado por el erario nacional, a pujas entre bloques legislativos y relativas a la repartición del Estado y sus instituciones que a aprobar legislación importante para el país como lo es el caso de la Iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral o la Renovación del Mandato de la CICIG que resulta imperativa ante la innegable degradación e infiltración del Estado por intereses ajenos al cumplimiento de los fines que la Constitución Política de la República de Guatemala le establecen al aparato estatal.

En este marco, el MSICG manifiesta su oposición a la aprobación de más endeudamiento público y en consecuencia a la aprobación de los bonos pretendida por el actual gobierno, esto porque su aprobación presupondría la legitimación de la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos y la evasión de la problemática de fondo, y por lo mismo propone:

• Se renueve el mandado de la CICIG.
• Se apruebe la Iniciativa de Ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral sin modificación alguna al articulado que fue originalmente presentado al Congreso de la República.
• Se inicie inmediatamente un profundo proceso de revisión de la totalidad del gasto público a efecto de determinar, en caso de que realmente exista, las causas de la falta de liquidez para el financiamiento del actual presupuesto del Estado.
• Se Implemente una reforma fiscal que cumpla con el compromiso internacional del Estado de eliminar las subvenciones tributarias a la exportación y garantice la justicia y equidad tributaria.
• Se revise la legislación relativa a las regalías que obtiene el Estado de Guatemala por la explotación de sus recursos no renovables, de tal manera que permita una efectiva fiscalización de los beneficios reales que se obtienen y estableciendo tales regalías en un mínimo del 50% de dichos beneficios.
• Se reforme la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas a los efectos de fortalecer sus mecanismos de fiscalización del gasto público para que pueda ejercer una fiscalización sobre la calidad y eficiencia del gasto y cuente con una total autonomía y herramientas para sancionar drásticamente a los responsables de anomalías en la gestión de los recursos del Estado.
• Se reforme la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos a efecto de que quienes ocupen cargos de elección popular, elección indirecta o tengan bajo su administración bienes y recursos del Estado, estén obligados a mantener su declaración de bienes hasta por un mínimo de diez años posteriores a la fecha en que hayan dejado el cargo.
• Se reforme la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos estableciendo expresamente la obligación de los tribunales de ordenar a la Procuraduría General de la Nación iniciar los procesos para repetir en contra de las personas responsables del daño al patrimonio del Estado, en los casos en que este haya sido condenado.
• Se regularice la situación laboral de todos aquellos trabajadores y trabajadoras contratados simulando relaciones temporales o contratos de prestación de servicios profesionales.
• Se elimine la contratación de asesorías al margen de la carrera administrativa.
• Se reduzcan los salarios del Presidente, Vicepresidenta de la República así como de los diputados, ministros y vice ministros de Estado y demás funcionarios de alto rango de manera que los mismos respondan a la realidad, posibilidades del país y el ingreso que garantizan a la población.
• Se eliminen todos los privilegios discrecionalmente otorgados a las organizaciones sindicales afines al gobierno.
• Se eliminen los gastos de representación en todos los casos en que estos se otorguen.
• Se reforme la Ley en Materia de Antejuicio a efecto de que el retiro de este privilegio responda a criterios objetivos que impidan que el mismo opere como hasta ahora lo hace, como un mecanismo garante de la impunidad.
• Se limiten de manera razonable los montos anuales por los que pueden hacerse compras o contrataciones sin cumplir con los procedimientos de licitación o cotización en los Estados de Excepción.
• Se limite de manera razonable el monto mensual por el que puede utilizarse el sistema de compras directas en todas las instituciones, centralizadas, descentralizadas y autónomas del Estado.
• Se establezca un sistema de fianzas, que permanezcan vigentes por un período no menor de cinco años, para el Presidente, Vicepresidente, Ministros de Estado u órganos directivos de instituciones descentralizadas o autónomas del Estado por el monto total de los recursos que hayan administrado durante su gestión en dichos cargos.
• Se reforme la Ley de Extinción de Dominio a efecto de someter a la misma todo aquel patrimonio, en Guatemala o en otro país, que no se declare al momento de tomar posesión de un cargo público que conlleve la administración de recursos del Estado o que se obtenga y no se refleje en la actualización anual de las declaraciones patrimoniales que se realicen durante la gestión en dichos cargos.
• Se reforme la Ley de las Comisiones de Postulación de manera que todos los cargos de dirección o administración de entidades descentralizadas o autónomas del Estado no derivados de un proceso eleccionario y dependientes de un nombramiento, sean sometidos a Comisiones de Postulación que permitan la fiscalización social sobre tales nombramientos.
• Se fortalezca la estructura operativa del Estado a los efectos de minimizar al máximo la contratación externa para la realización de obra pública.

El día de hoy, el Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala –SITRAPDH- ofreció una conferencia de prensa en la que denunció que desde la toma posesión del actual Procurador de los Derechos Humanos, JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE, se ha implementado una política de debilitamiento de las Defensorías de la PDH y limitación del accionar de la PDH con lo cual también se ha afectado el cumplimiento del mandato Constitucional de la Institución y se impide que la misma pueda intervenir de manera efectiva para garantizar el respeto de los derechos humanos de la población.

Esta política ha sido complementada con un proceso de violaciones a la legislación laboral a lo interno de la institución que incluyen despidos injustificados, incumplimiento de órdenes judiciales de reinstalación y la aprobación de un reglamento de trabajo que viola derechos humanos fundamentales como el defensa, debido proceso y presunción de inocencia de las trabajadoras y trabajadores.

Bajo el argumento de la implementación de una política de austeridad, han sido limitados los recursos destinados al cumplimiento de las funciones básicas de la institución, lo cual contrasta con la política de contratación de personal en la que ha privado la contratación de allegados al actual Procurador, con salarios que discrepan con los que devengan, por las mismas funciones, trabajadoras y trabajadoras que llevan muchos años laborando en la Institución.

El SITRAPDH puso a la vista de los medios de comunicación la documentación que evidencia la existencia, también en la PDH, de irregularidades en la contratación de los allegados al Procurador de los Derechos Humanos, situación que coincide con las prácticas de otras instituciones públicas.

En medio de esta problemática, con el apoyo de su Central Sindical, Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, el SITRAPDH planteó al Procurador de los Derechos Humanos el primer Proyecto de Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo que se ha presentado en toda la historia de la institución; esto con la finalidad de establecer condiciones básicas, evitar arbitrariedades y garantizar que quienes laboran para la Procuraduría de los Derechos Humanos cuenten con las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la institución y la prestación de un servicio acorde a las necesidades de la población y que garantice la vigencia plena de los derechos humanos en el país.

Este proyecto fue notificado por la Inspección General de Trabajo al Procurador de los Derechos Humanos el día 24 de septiembre de 2014 a los efectos de que el mismo fuese discutido en la vía directa; no obstante, el Magistrado de Conciencia no emitió una respuesta sino hasta el día 4 de noviembre de 2014, cuando ya habían transcurrido 28 días hábiles desde la notificación y faltaban solamente 2 días para el agotamiento del plazo establecido por el Código de Trabajo para el agotamiento de la vía directa.

Ante este nuevo gesto elusivo de la ley y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, el SITRAPDH tomó la decisión de dar por agotada la vía directa y promover el Conflicto Colectivo de Carácter Económico Social ante los tribunales de trabajo y previsión social, quedando emplazada la institución a partir del día 10 de noviembre de 2014, lo cual implica que ningún contrato de trabajo puede ser finalizado sin contar con la respectiva autorización del Juez que conocerá en definitiva del conflicto y, de operarse tal finalización sin dicha autorización, la institución deberá reinstalar a los trabajadores o trabajadoras afectadas sin perjuicio de la multa que por mandato de la ley debe imponer el tribunal al Procurador de los Derechos Humanos.

Tanto el SITRAPDH como el MSICG, hicieron un llamado al Procurador de los Derechos Humanos para que cese en su resistencia al cumplimiento de las órdenes judiciales de reinstalación, en la violación de los derechos laborales, el debilitamiento de la institución y el establecimiento de mecanismos de contratación discriminatorios implementados así como a mostrar una genuina voluntad política para fortalecer la institución y dar efectivo cumplimiento al mandato Constitucional que se le ha encomendado.

No obstante, en momentos posteriores a la Conferencia y luego de que la nota se transmitiera en una importante radio emisora, a pesar de que las directivas habían presentado el aviso que establece el Código de Trabajo de que se encontrarían en el uso de la licencia sindical que prevé el Código de Trabajo, recibieron llamadas insistiendo en que retornaran a las instalaciones de la PDH bajo amenaza de sancionarles disciplinariamente.

El día de hoy, 11 de noviembre de 2014, el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE GUATEMALA –SITRADEMEG-, afiliado al MSICG, como complemento de las denuncias que ha realizado ante diversos órganos de las irregularidades existentes en las Direcciones Departamentales del Ministerio de Educación, tomo la decisión de colocar en la Dirección Departamental de Chiquimula una serie de mantas vinilicas en las cuales se expresa la posición del Sindicato frente a las mismas.

En dichos vinilos se expresaba la oposición sindical a la implementación de jornadas extraordinarias obligatorias y no remuneradas que son impuestas al gremio de trabajadores y trabajadoras administrativas, las violaciones del reglamento de viáticos del Organismo Ejecutivo al no anticipar los viáticos cuando son comisionados fuera de la localidad bajo la pretensión de que el trabajador absorba los costos que tales comisiones implican, la inobservancia de los procesos de oposición y de carrera administrativa en los nombramientos y ascensos y la realización de estos atendiendo criterios ajenos a los establecidos por la ley para la asignación de dichas plazas, los malos tratos y constantes acosos contra las trabajadoras y trabajadores, entre otras violaciones a las garantías laborales.

La acción pacífica del sindicato fue respondida por el Director Departamental de Chiquimula, NESTOR REYNALDO VERBENA SAGASTUME, con una inmediata represalia que involucró la toma de fotografías a los trabajadores que colocaban los vinilos, insultos y el retiro de los vinilos sin autorización del sindicato y sin devolver los mismos a la organización sindical.

Como parte de dichas represalias el citado funcionario público también pretendió impedir el ejercicio de las licencias sindicales previstas en el Código de Trabajo para los miembros del Comité Ejecutivo del sindicato amenazando con iniciarles procesos disciplinarios.

El MSICG condena la respuesta represiva en contra de su afiliado SITRADEMEG por parte del Director Departamental de Chiquimula ante el ejercicio de garantías fundamentales realizado de manera pacífica por la organización sindical e insta a las autoridades del Ministerio de Educación a resolver de manera inmediata las violaciones a los límites de las jornadas ordinarias de trabajo y la imposición de modalidades asimilables al trabajo forzoso impuestas por el MINEDUC a las trabajadoras y trabajadores del gremio administrativo, a dar cumplimiento efectivo al reglamento de viáticos vigente y abstenerse de vulnerar las protecciones al salario de las trabajadoras y trabajadores en las comisiones que se les asignen, a garantizar el pleno respeto a los procedimientos determinados en la ley para la asignación de plazas y ascensos dentro de las dependencias administrativas del MINEDUC y a investigar y sancionar a los funcionarios que en representación del Ministerio, propician un ambiente laboral indignante para las trabajadoras y trabajadores administrativos.

[Las fotografías muestran al Director Departamental de la DIDEDUC-CHIQUIMULA mientras retiraba los vinilos, propiedad del SITRADEMEG, así como el contenido de los mismos]

Del 18 al 23 de octubre del año 2014 el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco -MSICG- y la FNV de Holanda compartieron en la ciudad de Lima, Perú con los compañeros de la CGTP, entre otras cuestiones su experiencia exitosa en el planteamiento y desarrollo del caso de Guatemala ante los Órganos de Control de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- en varios convenios pero, particularmente, en lo relativo a los Convenios 87 y 98, sobre libertad sindical y negociación colectiva y el Convenio 169, sobre derechos de los pueblos indígenas y tribales, su experiencia en el uso de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el caso sostenido por el MSICG dentro del DR-CAFTA.

El trabajo realizado durante estos días ha facilitado el intercambio y cooperación técnico-política entre CGTP y el MSICG con la finalidad de mejorar las capacidades de ambas organizaciones, entre las cuales, más allá de las múltiples coincidencias y la similitud de la situación de nuestros países, existen lazos de hermandad inquebrantables.

Esta jornada, marca el fortalecimiento de una relación de solidaridad entre las organizaciones más representativas y congruentes con los intereses y luchas de dos pueblos de Nuestra América que sin duda alguna permitirá un traslado bilateral de capacidades al mismo tiempo que se avanza en sensibilizar a los pueblos del mundo sobre la situación que atraviesan nuestras hermanas y hermanos peruanos.

Este día, conmemoramos un año de más de la gesta revolucionaria, evocando una primavera democrática cada vez más lejana y lo hacemos en medio de una total descomposición de las instituciones democráticas; en donde la separación de poderes ha cedido su lugar a las componendas entre intereses y grupos de poder paraestatales y en donde el ejército ha vuelto de nuevo a someter a la población.

Hoy vemos como el sistema de justicia, en todos sus niveles, es presa de intereses ajenos a la aplicación de la ley y el resguardo del Estado de derecho, cómo el Congreso de la República, negocia y endeuda a las futuras generaciones sin más fin que una repartición constante de cuotas de poder, recursos e instituciones.

Como el Poder Ejecutivo pretendiendo vender a la población una realidad que solamente ven sus publicistas pretende a través del partido de gobierno perpetuarse en el poder y promueve una legislación que destruirá las pocas garantías que aún quedan del legado revolucionario, promoviendo entre otras, una reforma constitucional que, en las actuales condiciones, solamente constitucionalizaría todas las prácticas e intereses que han conducido al Estado de Guatemala a la condición de Estado fallido.

Hoy más que nunca estamos en un momento en el que la política no se ejerce desde una orientación ideológica, sino desde una posición política mercantilizada, que opera sobre la base de intereses particulares y que, en su búsqueda, ha corrompido no solo el legado de la Revolución de 1944 sino también la esperanza de contar con una democracia real, participativa e inclusiva como la propuesta por los Acuerdos de Paz.

Esta descomposición sin precedente ha alcanzado también al Instituto Guatemalteco de Seguridad de Seguridad Social –IGSS-, cuya finalidad era encaminarse hacia la protección universal de la población, y que en la práctica se ha convertido en un instrumento de operación política que ha puesto en riesgo la democracia y la seguridad social; y al mismo Procurador de los Derechos Humanos cuya conciencia yace acallada y cómplice ante todas las reiteradas violaciones a los derechos humanos.

Los gremios que otrora marcharan por la construcción de un Estado moderno, por la construcción de una democracia real, por avanzar hacia la justicia social, hoy día siguen marchando pero a un son distinto al que imponen la necesidades sociales, sumando sufrimiento a la población y persiguiendo objetivos cada vez más mezquinos. Instancias como el denominado Consejo Económico Social, han jugado un papel determinante para impedir la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral y para la legitimación de la mal llamada Reforma Educativa; las comisiones del Salario han abierto las puertas a una mayor precarización salarial a través de la fijación territorial del salario mínimo, y los autonombrados interlocutores sindicales han facilitado al gobierno todas las herramientas para alcanzar la impunidad internacional ante las constantes violaciones a la normativa nacional e internacional del Trabajo.

Guatemala, es hoy día un lugar mucho peor que el construido por Ubico y las dictaduras liberales y conservadoras que le antecedieron, es mucho peor que los escombros dejados por las dictaduras militares durante el Conflicto armado interno, es un país sin más expectativa que la mera sobrevivencia en condiciones cada vez más precarias, en donde el presente aterra y el futuro es una pesadilla. Guatemala es hoy un país donde se vive sin mañana y se muere sin motivo.

En medio de todo esto, el MSICG ha empeñado todos sus esfuerzos por visibilizar la situación nacional y aportar soluciones a la misma transformando esta terrible realidad, lamentablemente, no ha sido suficiente, se requiere de una depuración profunda tanto en las instituciones del Estado como el propio movimiento social, se requiere revivir los valores revolucionarios, recuperar la dignidad del pueblo y ese instinto soberano que hoy día transforma al Cono Sur de nuestro continente, ese mismo espíritu en que se asienta la resistencia de los pueblos de Europa ante los procesos regresivos que se les pretende imponer, se requiere recuperar ese algo que hoy hace tanta falta y que hizo posible una gesta como la Revolución del 20 de octubre de 1944.

Guatemala hoy más que nunca urge de revolucionarios, de revolucionarios en acción y no solo de palabra, capaces de heredar a las futuras generaciones un futuro o, al menos, la esperanza de que este puede construirse.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- condena las acciones ejercidas por el Procurador de los Derechos Humanos, JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE, con la finalidad de vulnerar la independencia judicial y garantizarse impunidad por los despidos antisindicales que ha ejecutado.

El MSICG recuerda que con motivo de la conformación del SITRAPDH, el primer sindicato creado en la Procuraduría de Derechos Humanos en toda la historia de la institución, el Señor Procurador procedió a ejecutar los despidos de varios trabajadores que participaban en la conformación de la organización sindical, entre ellos el compañero MARCO ANTONIO CABRERA HERNANDEZ.

Ante su despido e invocando las protecciones constitucionales, el trabajador solicitó su reinstalación con el apoyo del MSICG, la cual fue ordenada por la Jueza de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Escuintla, resolución que se encuentra actualmente firme. No obstante, a los efectos del impedir la ejecución de la misma, el Procurador de los Derechos Humanos ha emprendido un constante acoso en contra de la juzgadora que ha implicado un amparo promovido extemporáneamente y recientemente una recusación en contra de la juzgadora.

En el planteamiento de dicha recusación, el Procurador de los Derechos Humanos, además de declarar ante el tribunal hechos alejados de la verdad y las constancias procesales, ha calificado de amenazas por parte de la juzgadora el cumplimiento de su deber de apercibirle de que la persistencia en la desobediencia de la orden judicial motivaría la certificación contra dicho funcionario público por el delito de desobediencia y ha alegado también como motivo para separar a la jueza del proceso el darle “…un trato irrespetuoso, no acorde a su dignidad, pasando por alto que su investidura viene por mandato constitucional, seguido del legal y que por el simple hecho merece un trato decoroso, mismo que la autoridad judicial ha ignorado…”.

El MSICG ratifica al Procurador de los Derechos Humanos que la igualdad ante la ley, la protección a la libertad sindical, la sujeción de los funcionarios públicos al mandato de la ley, la función jurisdiccional, la garantía de independencia de los jueces y los derechos mínimos e irrenunciables relativos al trabajo son también garantías constitucionales y lamenta que a quien la Constitución le otorga la función de ser el Magistrado de conciencia presuponga que su investidura obliga a los tribunales a darle un trato diferente o solicitarle permiso y beneplácito para aplicar las leyes cuando las ha infringido.

El MSICG insiste al Señor Procurador de los Derechos Humanos que el concepto de amenaza no es aplicable a los apercibimientos realizados por los juzgadores en aplicación de la ley y en el ejercicio de su función jurisdiccional; no siendo en consecuencia una amenaza o una afección a su investidura la advertencia de certificar al ramo penal por el delito de desobediencia en caso seguir incumpliendo una orden judicial firme; por el contrario, lo que sí irrespeta y vulnera su investidura constitucional, es la búsqueda de impunidad luego de haber violentado nuestro ordenamiento jurídico, ante el cual, debe responder como cualquier patrono que vulnera la ley y viola la libertad sindical.

El MSICG hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos, JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE para apegar su actuación a derecho y a rectificar su accionar dando cumplimiento inmediato a la orden de reinstalación y para abandonar el errado criterio de que una investidura legal ubica a la persona del funcionario por encima de la ley.

El día de hoy, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- recibió la visita de un equipo periodístico de RT en Español, una de las más importantes cadenas televisivas a nivel mundial que además representa una alternativa informativa que aporta la objetividad de la cual carecen otras cadenas internacionales de noticias.

El MSICG compartió con los compañeros de RT en Español la situación que en términos generales afronta el país y aprovechó la oportunidad para expresarles la importancia que para el derecho de estar informados tiene la labor que desarrolla RT.

El MSICG también expresó a los compañeros de RT en Español su solidaridad con el pueblo hermano y el gobierno de Rusia ante las constantes agresiones de que han venido siendo objeto por parte de Estados Unidos y la Unión Europea y expresó su esperanza porque la prudencia y el espíritu pacifista con el que hasta el momento ha respondido el Presidente Vladimir Putin a tales agresiones permita superar los intereses hegemónicos y unipolares que están poniendo en grave riesgo la paz mundial así como las condiciones de vida de miles de millones de personas alrededor del mundo.

Las trabajadoras y trabajadores de Guatemala hemos visto como el Congreso de la República de Guatemala ha entrado en una crisis de credibilidad y transparencia más grave que la que motivó el proceso de depuración del Legislativo posterior al Serranazo. La población hemos sido víctimas de un poder legislativo que debiendo legislar para garantizar el bien común lo hace en razón de intereses particulares y a costa de los derechos más elementales de la población.

Esta crisis ha llevado al MSICG a analizar diversas maneras de frenar de raíz esta grave problemática, dentro de estas medidas se encuentra la petición que hoy se dirige al Tribunal Supremo Electoral para que declare vacantes 85 Curules de igual número de diputados por haberse violado los artículos 12 y 13 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Esto atendiendo a que los diputados y diputadas son electos en razón del número de votos obtenido por el partido y su relación con los demás partidos de acuerdo al sistema de representación proporcional de minorías. En consecuencia el diputado o diputada que resulta electo para ocupar una diputación no lo hace en razón de que las personas hayan emitido su sufragio por él sino en función del voto que emitieron por el partido que postuló la planilla dentro de la cual resultaron electos.

Es decir que el voto emitido por el ciudadano a favor de una u otra planilla, así como la proporción en que este fue emitido por cada una de las opciones políticas sometidas a sufragio expresa la voluntad respecto a la configuración de las fuerzas políticas en el organismo legislativo y la renuncia al partido político dentro de cuya planilla fueron electos los diputados y diputadas, implica la renuncia al voto que el ciudadano emitió por dicha agrupación política y en razón de la cual resultó electo.

En este sentido, no es viable que una persona electa a diputado o diputada por una agrupación política, de manera unilateral, aún y cuando no fue personalmente votado por los ciudadanos, se incorpore a una agrupación política distinta toda vez que no fue postulado por los órganos facultados para ello y porque tal situación conduce a la alteración del voto emitido por los ciudadanos y, de manera directa, la conducción de la voluntad expresada mediante el voto en un sentido distinto al cual fue emitido existiendo una abierta violación entre otros a los artículos 12 y 13 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

En este sentido y en cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos a luz de lo que establece el artículo 136 de la Constitución Política de la República de Guatemala el MSICG pidió al Tribunal Supremo Electoral que declare vacantes las curules ocupadas por los diputados y diputas siguientes quienes renunciaron al partido político que los postuló y dentro de cuya planilla fueron electos y que proceda a adjudicar las vacantes a quienes corresponda de conformidad con los resultados de las elecciones generales correspondientes:

[01] Gabriel Heredia Castro
[02] William Rubén Recinos Sandoval
[03] Amildo de Jesús Morales Rodríguez
[04] Francisco Ricardo Mérida Orozco
[05] Manuel de Jesús Barquín Durán
[06] Edwin Armando Martínez Herrera
[07] Fidencio Lima Pop
[08] Carlos Santiago Nájera Sagastume
[09] Rubén Rolando Pérez Betahancourt
[10] Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga
[11] Eduardo Genis Quej Chen
[12] Guillermo Sierra
[13] Felipe de Jesús Cal Lem
[14] Haroldo Erick Quej Chen
[15] César Arnulfo Duarte Soto
[16] Sergio Leonel Celis Navas
[17] José Inés Castillo Martínez
[18] Mirza Judith Arreaga Meza de Cardona
[19] Oscar Rolando Corleto Rivera
[20] Julián Tesucún Tesucún
[21] Francisco Tambriz y Tambriz
[22] Nery Mamfredo Rodas Méndez
[23] Luís Adolfo Chávez Pérez
[24] Dalio José Berreondo Zavala
[25] Juan Armando Chun Chanchavac
[26] Delia Emilda Bac Alvarado
[27] Miriam Pineda Chinchilla
[28] Mario Israel Rivera Cabrera
[29] Laura Alicia Franco Aguirre
[30] Baudilio Elinohet Hichos López
[31] Beatriz Concepción Canastuj Canastuj
[32] Edín Leonel Casasola Martínez
[33] Natán Isaías Rodas Méndez
[34] Elsa Leonora Cu Isem
[35] Byron Juventino Chacón Ardón
[36] Hernán Morán Mejía
[37] Nery Orlando Samayoa Barrios
[38] Joel Rubén Martínez Herrera
[39] Marvin Orellana López
[40] Luís Adolfo Balcárcel Cuellar
[41] Alicia Dolores Beltrán López
[42] Juan Francisco Cárdenas Argueta
[43] Reynabel Estrada Roca
[44] Jorge Adolfo de Jesús García Silva
[45] Julio César Longo Maldonado
[46] Juan Ramón Ponce Guay
[47] Jorge Mario Barrios Falla
[48] Mauro Aurelio Pineda Castellanos
[49] Juan Manuel Giordano Grajeda
[50] José David Echeverría Díaz
[51] Marvin Rocael Osorio Vásquez
[52] Ricardo Arturo Sandoval Sandoval
[53] Virna Ileana López Chacón
[54] Jaime Antonio Martínez Lohayza
[55] Carlos Alberto Martínez Castellanos
[56] Juan Carlos Rivera Estévez
[57] Flavio José Yojcom García
[58] Sofía Jeanetth Hernández Herrera
[59] Humberto Leonel Sosa Mendoza
[60] Gustavo Adolfo Medrano Osorio
[61] Ricardo Antonio Saravia Torrebiarte
[62] Emannuel Seider Aguado
[63] Hugo Francisco Morán Tobar
[64] José Roberto Alejos
[65] Felipe Alejos Lorenzana
[66] Ronald Estuardo Arango Ordóñez
[67] Pedro Gálvez Hernández
[68] Christian Jacques Boussinot Nuila
[69] Feliz Ovidio Monzón Pedroza
[70] Roberto Kestler Velásquez
[71] Carlos Enrique López Girón
[72] Jean Paul Briere Samayoa
[73] Eugenio Moisés Gonzales Alvarado
[74] Mynor Enrique Cappa Rosales
[75] Rodolfo Moisés Castañón Fuentes
[76] Fidel Reyes Lee
[77] Luis Armando Rabbe Tejada
[78] Alfredo Augusto Rabbé Tejada
[79] Carlos Humberto Herrera Quezada
[80] Mario Rolando Torres Marroquín
[81] José Alejandro Arévalo Alburez
[82] Leslie Buezo Escoto
[83] Carlos Arturo Batres Rivera
[84] Edgar Ajcip Tepeu
[85] César Leonel Soto Arango

El MSICG espera que el Tribunal Suprema Electoral actúe apegado a derecho en un plazo que no exceda de 8 días como lo establece la Constitución Política de la República de lo contrario el MSICG procederá entre otras cuestiones a efectuar las acciones legales correspondientes para garantizar el imperio de la ley, la independencia de poderes y la consolidación de la paz en el país.