El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con preocupación que, sin que se haya convocado al MSICG o este haya participado a través de algún delegado de la organización, su logo ha sido empleado sin su autorización en una supuesta convocatoria a una marcha para el 25 de abril de 2015 orientada a pedir la renuncia del Presidente y Vice Presidenta de la República, esto junto a organizaciones a las que el propio MSICG ha denunciado de encontrarse bajo el control del gobierno, de saquear los fondos del Estado mediante el establecimiento de prebendas y que han garantizado la impunidad para el Estado de Guatemala ante los organismos internacionales y con las cuales el MSICG no guarda algún tipo de relación.

Si bien es cierto, el MSICG ha sido enfático en que es deber de la CICIG y el Ministerio Público, vincular al proceso a todas las personas que han participado en la estructura paralela establecida en las aduanas del país, incluyendo dentro de esta a los miembros de alto rango del poder ejecutivo y empresarios que se beneficiaron de la misma y establecer si las actividades de la red se limitaban exclusivamente la defraudación tributaria, el MSICG tiene claro que existen procedimientos y una institucionalidad que debe garantizar que los partícipes, responsables y beneficiarios de esta estructura paralela respondan penalmente por los delitos incurridos.

Para el MSICG, la justicia debe aplicarse sin politización alguna y sin que esta aplicación sea entorpecida por intereses o finalidades ajenas a las que debe aspirar un sistema de justicia efectivo y transparente.

De la misma forma, aunque el MSICG comparte la indignación de buena parte de la población, no participa de la idea de que la misma se canalice en la búsqueda de intereses ajenos al fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho y, considera, que la pretensión de sustituir la responsabilidad de los órganos encargados de la investigación y persecución penal por la generación de condiciones que ponen el riesgo la propia institucionalidad del Estado, del sistema democrático y que desvían la atención sobre los órganos a quienes les corresponde por mandato legal investigar, identificar y someter a la justicia a los o las responsables por la comisión de delitos.

El MSICG considera necesario reflexionar respecto a lo previsto en el artículo 189 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de conformidad con el cual, una eventual falta temporal o absoluta del Presidente de la República y Vice Presidente, daría lugar a que fuera el Congreso de la República quien eligiera a la persona o personas que habrían de completar el período presidencial.

En el actual escenario un rompimiento operado al margen de los mecanismos y procedimientos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, con un Congreso dominado por grupos paralelos, manifestados en un transfuguismo que afecta más del 50% de las diputaciones y que constituye la alteración de más del 50% de la voluntad popular manifestada en el último proceso electoral, y más aún, cuando los actuales acontecimientos han permitido establecer una bancada mayoritaria, que ha negociado y ha sido cómplice de este gobierno y a la cual se le señala de haber permitido las condiciones para el ingreso furtivo al país de la Vice Presidenta y ocultar a la población la verdadera fecha de su arribo, seguramente, conduciría al mismo o aún peor punto que en el que nos encontramos actualmente.

El MSICG, desde su vocación democrática, es respetuoso del orden constitucional y apuesta a un eficaz funcionamiento de la institucionalidad del país y en consecuencia, considera que es deber del Ministerio Público y la CICIG realizar las vinculaciones procesales necesarias y pedir los antejuicios que correspondan en contra del Presidente y Vice Presidenta.

En consecuencia, el MSICG no apoya medida alguna que pretenda obviar los mecanismos constitucionalmente establecidos así como tampoco la de generar condiciones que puedan justificar un rompimiento del orden constitucional sin permitir que los órganos creados para atender, perseguir, juzgar y resolver, cumplan con las obligaciones que la propia Constitución les impone y respecto a cuyo accionar nos corresponde ser vigilantes.

El MSICG, ha sido abiertamente crítico del actual gobierno, como lo fue del gobierno anterior y lo será de cualquier gobierno que no responda a los intereses de la clase trabajadora y de las mayorías excluidas de este país y; en ese marco, pide a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que, si existen elementos de investigación que permitan establecer una posible participación directa o indirecta del Presidente y Vice Presidenta de la República, procedan a realizar de inmediato las gestiones necesarias para que se conozcan los antejuicios correspondientes con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la acción del Ministerio Público y con la misma agilidad con la que se piden y tramitan los desalojos de las comunidades campesinas.

De la misma manera, solicita que investiguen las motivaciones de la juzgadora que otorgó medidas sustitutivas a los integrantes de más alto rango dentro de la estructura y que se determine si las actividades ilícitas de la misma excedían o no la mera defraudación tributaria.

Por esto, y en virtud de que se encuentran actualmente circulando convocatorias para una marcha a celebrarse el día 25 de abril de 2015 en los cuales se ha utilizado el logo e identificativos del MSICG sin autorización del MSICG; aún y cuando el MSICG respeta la decisión de quienes quieran asistir, considera oportuno reiterar que nuestra organización no se encuentra convocando a la misma, no ha autorizado el uso de su logo, siglas o cualquier otro identificativo para la convocatoria o en el marco de la propia actividad.

El Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- condena las amenazas de muerte proferidas en contra de su directiva sindical MARÍA LIZETTE ALBUREZ GUEVARA DE SANTANDREA, Secretaria General del SINDICATO NACIONAL ÚNETE AL CAMBIO DE TRABAJADORES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA –S.N.U.C.T.C.D.A.G.-, Sindicato afiliado al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-.

El Sindicato nacional únete al cambio de trabajadores de la Confederación deportiva autónoma de Guatemala y el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco han venido asumiendo una dura defensa los derechos de los y las trabajadoras de la Confederación deportiva autónoma de Guatemala frente a violaciones a sus derechos fundamentales tan dramáticas como lo son el derecho a organizarse sindicalmente fuera del control de la entidad patronal, la falta de una guardería para el cuidado de los hijos e hijas de los trabajadores y trabajadoras, la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, la ausencia de un comedor en las condiciones que establece la ley, la contratación en fraude de ley de trabajadores permanentes bajo contratos temporales e incluso no laborales para ocultar la existencia de la relación laboral, etcétera.

Frente a esta defensa se han implementado toda una serie de medidas de discriminación antisindical en contra nuestro Sindicato afiliado, S.N.U.C.T.C.D.A.G, medidas que incluyen el despido de un directivo sindical, el cambio de condiciones de trabajo a nuestra Secretaria General, el acoso laboral, pronunciamientos de un jefe que le indica a la Secretaria General del Sindicato que deje de demandar a la patronal o que terminará en el hospital aunque gane sus demandas, etcétera.

Finalmente el día domingo 26 de abril del año 2015 como entre las 12:30 y las 13:00 horas alguien tocó el timbre de la casa de habitación de la Secretaria General del Sindicato compañera MARÍA LIZETTE ALBUREZ GUEVARA DE SANTANDREA quien atendió a través del intercomunicador por encontrarse en ese momento sola en su vivienda.

Del otro lado del altavoz se escucha el ruido de una moto y la voz de un hombre que ante su pregunta de quién era le respondió que buscaba a MARÍA SANTANDREA, por lo que la compañera le indicó con su acostumbrada amabilidad que en que le podía servir ante lo que este le increpó: “Le traigo un mensaje del Comité Ejecutivo si no renuncia a la Secretaría o a la CDAG le van a formar un expediente para meterla presa o la van a mandar a matar”

El MSICG ha puesto del conocimiento del Ministerio Público este nuevo acto de violencia antisindical y le ha urgido a que se tomen las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad e integridad física de la compañera MARÍA LIZETTE ALBUREZ GUEVARA DE SANTANDREA.

El MSICG valora profundamente la lucha sindical que la compañera MARÍA LIZETTE ALBUREZ GUEVARA DE SANTANDREA y el S.N.U.C.T.C.D.A.G libran conjuntamente con el MSICG para defender a los y las trabajadoras de la Confederación deportiva autónoma de Guatemala aún en condiciones tan adveras como estas y reitera su exigencia al Ministerio Público de investigaciones prontas, objetivas y efectivas que permitan individualizar, juzgar y condenar a los responsables de la criminalidad antisindical a los efectos de que la libertad sindical pueda ser libremente ejercida en nuestro país en un marco de garantías democráticas con plena positividad.

Hoy, 29 de abril de 2015, a partir de las 10:00 horas, las integrantes del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos de la República de Guatemala –SITRAPDH-, Sindicato afiliado al Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, y sus delegadas sindicales para la negociación del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, comparecieron ante el tribunal de conciliación del Juzgado Décimo de Trabajo y Previsión Social.

Esta comparecencia se operó luego de múltiples intentos por arribar a un acuerdo conciliado con la entidad patronal y que, finalmente, fue imposible derivado de la falta de voluntad política del Procurador de los Derechos Humanos, Jorge Eduardo de León Duque.

Al tribunal se le hizo énfasis en que durante los más de 28 años de existencia de la institución, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha carecido de una ley profesional producto de la negociación colectiva y que solo del año 1995, de conformidad con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en que la Canasta Básica Vital estaba tasada en Q. 1,684.05 mensuales al mes de marzo de 2015 en que dicha canasta alcanzó según la misma fuente el costo de Q. 5,989.60, lo que implica un incremento del 255.67% de su valor, las trabajadoras y trabajadores de la institución del Procurador de los derechos humanos no han visto reflejados en sus salarios ajuste alguno que por lo menos equipare el poder adquisitivo del salario en la misma medida en que este se ha depreciado.

De la misma forma se le reiteró al tribunal que no era viable la pretensión del Procurador de los Derechos Humanos de convertir su facultad sancionatoria por supuestas faltas laborales en una atribución imprescriptible en contra de los y las trabajadoras.

También se indicó lo moralmente cuestionable que resulta el hecho de que, en la Procuraduría de los “Derechos Humanos”, el Procurador de los Derechos Humanos tenga asegurados los vehículos de la institución en tanto se niega a asegurar la vida y la integridad física de quienes los conducen y que se pretenda proseguir con la ilegal práctica de descontar de sus salarios a los trabajadores pilotos el deducible del seguro en casos de accidentes acontecidos mientras desempeñan sus labores.

De la misma forma, se insistió al tribunal en la necesidad de que el Procurador de los Derechos Humanos procediera a reinstalar a las trabajadoras y trabajadores que fueron despedidos al margen de la ley por el citado funcionario durante el proceso de conformación del SITRAPDH.

A las 15:30 horas, las delegadas sindicales fueron notificadas de las recomendaciones emitidas por el tribunal de conciliación, las cuales negaron las mejoras económicas y sociales pretendidas por los trabajadores y llegaron al extremo de revertir acuerdos de las partes para perjudicar a los trabajadores y trabajadoras y de admitir contra la ley, una aceptación parcial de las recomendaciones por parte de los Representantes del Procurador de los Derechos Humanos aún y cuando la ley establece que las recomendaciones se aceptan o se rechazan integralmente, entre otras cuestiones.

Ante esto y en congruencia con los intereses de la clase trabajadora, las delegadas sindicales rechazaron las recomendaciones del tribunal, dejaron claro que no tenían disposición de acudir a un arbitraje potestativo y solicitaron al tribunal que tuviera por fracasada su intervención para proceder de conformidad con lo establecido en el Código de Trabajo.

Es de tal cuenta, que el día 30 de mayo de 2015, se estará solicitando a la Jueza Décima de Trabajo y Previsión Social que se pronuncie sobre la legalidad de la huelga y ordene la realización del recuento respectivo para que los trabajadores y trabajadoras puedan hacer uso de su derecho de huelga para alcanzar sus demandas económicas y sociales.

El MSICG lamenta la escaza voluntad política y congruencia por parte del Procurador de los Derechos Humanos así como su pretensión de que la negociación colectiva se constituya en un ejercicio que mantenga el estancamiento de las condiciones económicas y sociales en la Procuraduría de los Derechos Humanos vigentes desde hace más de 28 años.

Este primero de mayo encuentra a la clase trabajadora guatemalteca sumergida en una grave crisis que se suma a la permanente crisis de miseria, desigualdad, exclusión, explotación e injusticia social en la que habitualmente vivimos la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas, esa crisis que paulatinamente muchos han ido aceptando como natural e inexorablemente progresiva.

Esta grave crisis no se limita a la existencia de estructuras de defraudación tributaria incrustadas en los más altos niveles del Estado y para el beneficio de algunos sectores del empresariado Guatemalteco; es una crisis menos mediática, menos atractiva y menos cómoda. Es institucional porque los mismos intereses que motivaron las negociaciones y acuerdos que dieron lugar a una estructura de defraudación tributaria, han dado lugar a la toma de la institucionalidad del Estado y sus poderes por parte de los mismos intereses económicos dejándonos con un Congreso que mediante el transfuguismo ha defraudado la voluntad popular expresada en las urnas, con un sistema de justicia que defrauda al Estado de derecho, con un Control constitucional que defrauda la propia Constitución y las garantías que debería proteger y con una Institución del Procurador de los derechos humanos que defrauda incluso a lo interno los derechos humanos que debiera proteger y que ataca a las defensoras de derechos humanos desde una posición jamás vista en ninguna otra administración.

La situación que vivimos hoy día, más que una crisis, es un recrudecimiento de la agresión sistemática desde la Institucionalidad del Estado hacia a las mayorías de la población con la finalidad de precarizar aún más sus condiciones de vida para favorecer reducidos grupos de la sociedad.

Ejemplos claros de tal agresión es la fijación de un salario mínimo diferenciado y la pretensión de extender el mismo a todo el país en cuyo caso la defensa de la clase trabajadora la asumió el MSICG y frente a cuya defensa el Procurador de los derechos humanos planteó una acción que pretende dejar vigente el sistema impuesto desde el Poder Ejecutivo que atenta contra los derechos humanos de los y las trabajadoras a la que se sumaron sindicatos pro-gobierno; otro ejemplo de ello es la propuesta de una denominada ley de inversión y empleo que extiende las exenciones tributarias a todos los grupos económicos que operan en el país y por tiempo indefinido y que ponen en riesgo el propio funcionamiento del Estado; la propuesta de una iniciativa reguladora del trabajo por hora que amenaza todas las garantías del trabajo y haría inaccesible la seguridad social aun en las condiciones cada vez más precarias que la brinda el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS-. Todas estas acciones detenidas hasta el momento por la movilización del MSICG y la incidencia de sectores progresistas.

Para el MSICG, esto demuestra una vez más que es imperativo retomar y generalizar la identidad de clase, la indignación de clase y la congruencia de clase; no se trata de ser nuevamente una masa sumisa empujada por los mismos intereses que han generado la desigualdad y la miseria en la mayoría de la población, se trata de un momento en que la clase trabajadora debe impulsarse con sus propios pasos, trazarse sus propias metas e impulsar los cambios necesarios para la construcción de un país en donde nuestras hijas e hijos puedan aspirar a algo distinto en donde puedan aspirar a vivir con dignidad de seres humanos.

No se trata pues de celebrar el primero de mayo con una mera conmemoración sino con la ratificación de un compromiso de cambio con el mismo nivel de intensidad que impulsó a los héroes de Chicago ese primero de mayo de 1886, se trata de asumirse como clase, de identificarse como tal y de actuar en congruencia con esa identidad.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, recibió hoy 4 de mayo de 2015 en su sede de la Ciudad Capital a la Misión de la Organización internacional del Trabajo –OIT- la cual visita el país para determinar la situación de la libertad sindical. La Misión está integrada por la Doctora Cleopatra Doumbia-Henry, quien la preside, Sergio Paixão, Xavier Beaudonnet, Tania Caron, Oscar Valverde y Carlos Linares.

Durante la reunión el MSICG actualizó a la misión sobre la situación de vigencia del Convenio 87, Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, sobre hechos acontecidos desde la presentación de su último informe al Consejo de Administración el día uno de febrero de 2015.

Dentro de los alegatos y pruebas sometidas a conocimiento de la Misión se encuentran diversos actos de violencia antisindical y la política de impunidad garantizada por el Ministerio Público a través de la Unidad especial de delitos contra sindicalistas, la criminalización del ejercicio de los derechos sindicales; la prohibición Estatal del derecho de manifestación pacífica, etcétera.

El MSICG resaltó también la ausencia de reformas legales que desde hace décadas vienen solicitando los órganos de control de OIT al Estado de Guatemala para poner de conformidad con el Convenio 87 la legislación nacional y la puesta en marcha por parte del Estado de normas penales que criminalizan el ejercicio de derechos sindicales y de normas en el Código de trabajo que imposibilitan incluso la creación de organizaciones sindicales así como prácticas implementadas por la Dirección General de Trabajo y la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que son incompatibles con los principios básicos de la libertad sindical.

En este marco el MSICG resaltó el sometimiento al Congreso de la República por parte del Organismo Ejecutivo de la Iniciativa de ley número 4703 que no cumple con lo requerido por OIT y que además hace imposible el sancionar a los empleadores que violen derechos establecidos a los trabajadores en la legislación laboral además de confrontar los Convenios internacionales en la materia.

El MSICG también puso en manos de la Misión diversas sentencias que contrarían lo expresamente establecido en la ley dictadas por la Corte de Constitucionalidad y diversos tribunales del país y que tienen por objeto impedir la creación de sindicatos y obstruir el ejercicio de los derechos sindicales básicos y refirió diversos casos en donde la mora judicial y la ineficacia del sistema de justicia es alarmante y sin precedentes en el país.

En este campo el MSICG también manifestó a la Misión su preocupación por que todas las acciones emprendidas contra jueces y magistrados para que apeguen su actuación a derecho tanto en la vía penal como en la vía administrativa son imposibles de aplicar debido a la impunidad garantizada por la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad a estos operadores de justicia, al respecto la Misión fue informada del estado de diversos expedientes iniciados por el MSICG.

El MSICG también refirió como a través del Ministerio de trabajo y previsión social y de la Corte de Constitucionalidad se han implementado sistemas al margen de la ley para imposibilitar la constitución de organizaciones sindicales y como se ha admitido e instado la participación patronal en los procesos de constitución de sindicatos llegándose al extremo de someter a la autorización patronal la inscripción de organizaciones sindicales.

El MSICG hizo referencia a casos sumamente graves como los despidos antisindicales ejecutados en el Organismo Judicial y la actuación deplorable del Procurador de los derechos humanos ante el intento de negociación colectiva iniciado por el SITRAPDH, el incumplimiento de órdenes de reinstalación, el despido de trabajadores que participan de la formación del sindicato y su ataque directo al MSICG.

Así también hizo referencia a los despidos antisindicales y actos de violencia ejecutados en contra de los compañeros del Sindicato de trabajadores de envasado transporte distribución y mantenimiento del GAS, a los actos de violencia ejecutados en contra de la Secretaria General del Sindicato nacional únete al cambio de trabajadores de la Confederación deportiva autónoma de Guatemala, entre otros casos relevantes, dentro de estos los casos de SITRADELICO, SITRASOLEDAD y SIPROSAT.

Finalmente el MSICG hizo entrega a la Misión de un informe ejecutivo al que se anexan los documentos que prueban la veracidad y gravedad de los hechos denunciados por el MSICG y le solicitó que se inste al Consejo de Administración a aprobar sin más demoras una Comisión de Encuesta en contra del Estado de Guatemala por su sistemática y reiterada violación del Convenio 87.

Hoy 11 de mayo de 2015, dirigentes y liderezas del Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco se hicieron presentes frente a la sedes de la Procuraduría de los derechos humanos en la Ciudad capital para expresar de manera pacífica su consternación y decepción porque el Magistrado de conciencia, sobre quien constitucionalmente recae el deber de velar por el efectivo respeto de los derechos humanos, entre ellos el derecho humano a la huelga es su principal violador.

El MSICG recordó al Procurador de los derechos humanos que la negociación colectiva es un mecanismo de democratización económica cuyo contenido esencial es la mejora de las condiciones económicas y sociales en que se presta el trabajo.

También recordó al Procurador de los derechos humanos que la huelga es un derecho exclusivo de los trabajadores y trabajadoras y que constituye parte del plan de acción sindical siendo en consecuencia todo intento de incidencia por parte de un patrono en la decisión de los trabajadores y trabajadoras de ejercerlo o no, una violación flagrante a los principios fundamentales de la libertad sindical y un acto inaceptable de injerencia.

En este marco el MSICG lamentó la alocución del Procurador de los derechos humanos de fecha 6 de mayo de 2015, mediante la cual forzó a los trabajadores y trabajadoras a presentarse bajo amenaza de sanción para escucharlo mientras de manera sutil pero sistemática, sumó a las presiones que ya estaban recibiendo los trabajadores de la institución en el interior del país, una maniobra más de intimidación con la finalidad de coaccionar a los y las trabajadoras a que no apoyen el movimiento de huelga.

Si bien es cierto, el MSICG coincide con el Procurador de los derechos humanos respecto a que, en Guatemala se vive actualmente una vorágine de corrupción y despotismo, sin embargo estima que para salir de esta grave situación se necesita esencialmente de la firme convicción de las guatemaltecas y guatemaltecos, entre ellos las trabajadoras y trabajadores de la Institución del Procurador de los derechos humanos, de luchar por una institucionalidad democrática en la cual los derechos humanos tanto individuales como colectivos sean efectivamente respetados, también demanda que ese deber de respeto, debiese empezar por manifestarse en el Procurador de los Derechos Humanos, funcionario que es moralmente responsable de garantizar su cumplimiento.

El MSICG, ante los intentos del Procurador de los derechos humanos de equiparar el ejercicio de los trabajadores del derecho humano a la huelga en el marco del respeto de la ley y el debido proceso con un ataque a la institucionalidad y un actuar reprochable, reitera que todas las acciones, como las que se comienzan a ejecutar para deducirle las responsabilidades legales nacionales e internacionales en que ha incurrido, se han encaminado en el marco del debido proceso, de tal cuenta, las aseveraciones realizadas tanto en el comunicado de fecha 30 de abril de 2015 como en su alocución de fecha 6 de mayo de 2015 a parte de carecer de veracidad, solamente pueden atribuirse a su injustificada aversión al cumplimiento de la ley, del debido proceso y a la posibilidad de que los trabajadores a su servicio tengan libre acceso a los derechos que son fundamentales para un sistema democrático.

El MSICG lamenta el sesgo misógino manifestado en sus intervenciones por el Procurador de los Derechos Humanos y no puede más que condenar tales actitudes como la manera peyorativa en que hizo referencia a las trabajadoras del Congreso de la República de Guatemala llamándolas “las tejedoras a las que nadie contrata”, su referencia a las compañeras que por el proceso de oposición ascendieron dentro de la institución demeritándolas, así como a su remarcada y antiética intención de cuestionar el ejercicio profesional de una valiosa compañera de nuestros equipos jurídicos por el hecho de impedir la afección a los derechos de las trabajadoras y trabajadores que este había propiciado siendo preciso recordarle que dicha profesional, estuvo en la PDH antes que Usted y se ganó a pulso el respeto de todos quienes continuamos luchando por la dignidad de la clase trabajadora, contrario a su persona que fue nombrado por el apoyo del Partito Patriota y de Bloques legislativos cercanos a usted y en su mayoría envueltos en la crisis de corrupción en que está sumido el país.

El MSICG hace un llamado a las trabajadoras y trabajadores de la Institución del Procurador de los derechos humanos para defender sus derechos humanos con la misma convicción que defienden los de sus compatriotas con más sacrificios y riesgos que los que padece el Señor Procurador de los derechos humanos y sobre los que se asienta su imagen unipersonal y quien por demás está decir goza con su personal de confianza de altos salarios injustificados moralmente.

El MSICG llama a los trabajadores y trabajadoras a defender su sindicato, su negociación colectiva y sus expectativas de reivindicación de sus condiciones económicas y sociales, les llama a impedir que su sindicato sea doblegado y a apoyar el movimiento de huelga en el momento en que sean consultados por las autoridades que designe el tribunal a cargo del proceso para hacer el recuento así como a continuar denunciando cualquier acto orientado a presionarlos, intimidarlos o coartarles la libertad para apoyar un movimiento de huelga en el marco de la legalidad y agotamiento de los procedimientos legales.

El MSICG le expresa a los trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría de los derechos humanos que cuentan con el abrazo y la solidaridad del MSICG en cada rincón de este país en el cual se está construyendo la dignidad, la coherencia y la identidad de la clase trabajadora, en donde se está sembrando la semilla del cambio que debe germinar en una Guatemala para todas y todos por igual así como en cada espacio internacional en el que el MSICG visibiliza y denuncia la terrible situación a que nos ha llevado la constante y progresiva violación de los derechos en que se manifiesta la dignidad del trabajo, de los pueblos y del campo.

Y la huelga, es el patrimonio de dignidad que la sangre, el sudor, el llanto y la valentía de millones de trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo nos han heredado.

Hoy, 11 de mayo de 2015, en el Salón Casa Larrazábal del Congreso de la República de Guatemala, el Bloque Parlamentario WINAQ a través del diputado AMÍLCAR DE JESÚS POP AC se reunió con dirigentes nacionales del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- que le presentaron tres propuestas de iniciativas de ley consistentes en: 1) La ley reguladora del trabajo en casa particular; 2) La ley de regulación de relaciones laborales y; 3) la Ley de Inspección de Trabajo.

La primera de las propuestas es una ley que regula el trabajo en casa particular y que recoge los principios básicos contenidos en el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo dotando de una efectiva tutela los derechos de las trabajadoras y trabajadores que prestan sus servicios en casa particular y con la cual se pretende dejar atrás el régimen absolutamente discriminatorio y cuasi-esclavista que actualmente contempla el Código de Trabajo, de aprobarse, esta ley dignificaría el trabajo de al menos 167,000 trabajadores y trabajadores de casa particular.

La segunda propuesta, pretende regularizar las relaciones laborales en Guatemala, tanto en el sector público como privado, desarrollando los principios contenidos en la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo regularizando las relaciones laborales encubiertas bajo modalidades de contratación no laboral existentes actualmente así como también la simulación de la temporalidad de los contratos con que se ha afectado la certeza económica y social proveniente de la relación de trabajo y en el sector público ha llevado a la destrucción de la carrera administrativa y convertido a las trabajadoras y trabajadores en víctimas del clientelismo político a los efectos de que les sean renovados los contratos de manera sucesiva. La propuesta establece el traslado al renglón presupuestario 011 de todos aquellos trabajadores y trabajadoras que hayan permanecido por más de un año en el puesto que desempeñan y crea mecanismos para impedir la desnaturalización de la naturaleza y duración de las relaciones de trabajo garantizando que en lo sucesivo no puedan realizarse contrataciones temporales para labores permanentes. De aprobarse esta ley favorecería a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el sector público centralizado, descentralizado, desconcentrado y autónomo así como en el sector privado a quienes se encuentren sometidos a estas formas precarizantes de contratación.

La tercera propuesta busca dotar de poder sancionatorio directo a los Inspectores de Trabajo para que puedan imponer multas por violaciones a las leyes de trabajo y previsión social estableciendo un deslinde entre el conflicto laboral que involucra a patronos y trabajadores y en virtud del cual se hace aplicable el artículo 103 constitucional y el conflicto administrativo surgido en la relación administrador-administrado que es el que efectivamente predomina en el caso de la imposición de sanciones administrativas. Para ello, se crea una Inspección de Trabajo autónoma y una carrera de Inspector de Trabajo así como un sistema de tipificación de los hechos susceptibles de ser sancionados por los Inspectores de Trabajo. De aprobarse esta iniciativa, no solo se estarían cumpliendo los compromisos internacionales del Estado de Guatemala sin vulneración del artículo 103 constitucional sino que, además, se estaría dando un importante paso a la transparentación y profesionalización de la Inspección de trabajo dotando al Estado de Guatemala de una herramienta eficaz para garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones previstos en las normas de trabajo y previsión social.

Durante la actividad se presentó por citación de la Bancada WINAQ la Viceministra de Trabajo y el Inspector de Trabajo a quienes se interrogó para que respondieran respecto al incumplimiento del sometimiento al Congreso de la República para su aprobación del Convenio 189 de OIT, Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos. Después de haber quedado establecida durante la actividad la responsabilidad en que han incurrido los funcionarios públicos por esta falta de sometimiento al Congreso del citado instrumento internacional el MSICG solicitó al Bloque Legislativo certificar lo conducente al Ministerio Público por el delito de incumplimiento de deberes.

El MSICG agradeció la voluntad política del Bloque Parlamentario WINAQ para impulsar estas iniciativas que buscan garantizar la dignidad y la certeza económica y social del trabajo así como la intensa labor de sus equipos técnicos que en coordinación con el MSICG analizaron y perfeccionaron las propuestas para convertirlas en iniciativas de ley.

El diputado Amílcar de Jesús Pop Ac, posteriormente a la presentación de las mismas, procedió a hacerlas propias y presentarlas como iniciativas de ley, recordando que este es tan solo el inicio del camino para que finalmente, convertidas en Ley, puedan beneficiar a centenares de miles de trabajadoras y trabajadores guatemaltecos recordando que durante todo ese camino, será vital el apoyo que las trabajadoras y trabajadores de Guatemala puedan manifestar para que sean finalmente aprobadas por el Congreso de la República de Guatemala.

Finalmente el MSICG requirió al Bloque parlamentario continuar apoyando para su aprobación por parte del Congreso de la República la Iniciativa de Ley de desarrollo rural integral, la cual es vital para lograr condiciones de trabajo digno en el país tal y como lo refirió el compañero Julian Marcelo Sabuc Xalcut, dirigente del MSICG y de su organización miembro CCDA. Al respecto se asumió el compromiso de seguir impulsando esta iniciativa de ley para su sometimiento y aprobación por el Parlamento Guatemalteco.

El MSICG, hace un llamado a las trabajadoras y trabajadores de Guatemala a estar listos para responder a las convocatorias que se realicen para expresar el apoyo de la clase trabajadora guatemalteca para la aprobación de estas tres iniciativas de ley y de la Iniciativa de Ley de desarrollo integral.

El día 12 de mayo del año 2015 fueron condenados por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala los señores MAYNOR GIOVANNI GARRIDO VELIZ, JORGE ZETINA CHANG Y EDGAR ALFREDO JUAREZ JACINTO por el delito de falsedad ideológica continuada incurridos en el intento de la patronal de tomar el control del Sindicato de trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público –SITRADICMP- Sindicato afiliado al MSICG.

Dicho intento de toma del Sindicato fue tal y como se vertió en el proceso impulsado por la anterior Fiscal General y por los altos mandos del Ministerio Público y sus Abogados con la intención de someter el sindicato bajo el control de la entidad patronal y debilitar de esta manera las acciones que tanto el SITRADICMP como el MSICG realizaban para defender los derechos de los y las trabajadoras del Ministerio Público.

Esta condena se logró pese a los constantes obstáculos que impuso la Unidad de delitos contra Sindicalistas para evitar una condena lo que derivó incluso que finalmente a la fecha estén impunes los autores intelectuales y otros autores materiales de estos hechos, situación que fue advertida por el Tribunal de Sentencia que no dudó en mostrar su extrañeza ante las deficiencias mostradas por el Ministerio Público a través del Fiscal de la Unidad de delitos contra sindicalistas al no vincular a todos quienes participaron del delito, llegando al extremo de llegar sumamente tarde a la audiencia en que se dictaría sentencia.

En este marco el MSICG deplora una vez más la actuación del citado fiscal y recuerda que los Sindicatos son el instrumento de la lucha de clases de los trabajadores para lograr condiciones de vida dignas para sí mismos, sus familias y para la sociedad en su conjunto. El MSICG ratifica su compromiso de continuar luchado para que el sindicalismo no sea desnaturalizado para ponerlo al servicio de fines distintos a los de la clase trabajadora.

El MSICG recuerda que tan lamentable es la acción de los patrono para tomar el control de las organizaciones sindicales para garantizarse impunidad laboral y obstruir las mejoras económicas y sociales de los y las trabajadoras como condenables son las acciones de quienes desde los trabajadores se prestan a la traición de los intereses de la clase a la que pertenecen, más aún cuando incurren en hechos punibles a los efectos de materializar esa traición. En ambos casos, como lo ha venido y seguirá haciendo, el MSICG actuará con toda la contundencia que requiere la reafirmación de la congruencia del sindicalismo.

Esta mañana, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, presentó ante el Ministerio Público denuncia penal en contra del Procurador de los Derechos Humanos JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE, y en contra de una Procuradora Adjunta aún no identificada por la comisión del delito de Tráfico de Influencias, tipificado en el artículo 449 bis del Código Penal.

La denuncia tiene su origen en la convocatoria realizada por el Procurador de los Derechos Humanos a todo el personal de la institución para que asistieran de manera obligatoria y bajo amenaza de sanción a una alocución que el mismo realizaría el día 6 de mayo de 2015 a partir de las 08:30 horas en el parqueo de la institución.

En el marco de su alocución, el Procurador de los derechos humanos, manifestó que se reunió con el tribunal para tratar el conflicto colectivo de condiciones de trabajo promovido por el SITRAPDH antes de que se realizara la audiencia prevista ante el tribunal de conciliación para el día 29 de abril de 2015. Dicha reunión, fue eminentemente extra procesal, sin presencia de las partes y, al tenor de lo aducido por el Procurador de los derechos humanos en su resolución el Tribunal le dio la razón tal y como él y su Procuradora adjunta lo habían tratado con el tribunal extraprocesalmente.

Es preciso señalar que ni el Procurador de los Derechos Humanos ni alguna de sus Procuradoras adjuntas estuvieron presentes durante la audiencia ante el tribunal de conciliación, lo cual confirma el carácter extraprocesal de la reunión aludida por el funcionario público ante sus trabajadores y trabajadoras. Debe citarse que tampoco el tribunal informó a la parte sindical de dicha reunión.

En ese sentido, el actuar reconocido públicamente por el Procurador de los derechos humanos ante sus trabajadores, es susceptible de encuadrarse en las conductas calificadas como tráfico de influencias por lo que hoy se presenta la denuncia respectiva ante el Ministerio Público a la espera de que la garantía de antejuicio de que goza no se erija, como en otros casos, en una garantía de impunidad.

El MSICG lamenta que el Magistrado de Conciencia de la Nación haya incurrido y reconocido ante sus trabajadores actos que debilitan la ya menguada credibilidad del sistema de justicia guatemalteco y que ponen de relieve como estas prácticas operan, incluso al más alto nivel y teniendo como protagonista de las mismas al propio Procurador de los derechos humanos pretendiendo arreglar la resolución de un tribunal y afectando a los y las trabajadores en sus derechos humanos más elementales.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- felicita a la CICIG y al Ministerio Público por el desmantelamiento de la red de corrupción establecida en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- que ha derivado en la captura de los miembros de la Junta Directiva del IGSS, incluyendo al Presidente de la Junta Directiva, Juan de Dios Rodríguez y que con cuyas acciones se encontraba poniendo en riesgo la vida de miles de guatemaltecos y guatemaltecas y dañando gravemente un patrimonio de la clase trabajadora como lo es el seguro social.

El MSICG recuerda que como consecuencia de las acciones que motivaron estas capturas se ha producido la muerte de guatemaltecas y guatemaltecos y la responsabilidad por las mismas debe deducirse igualmente a los capturados.

El MSICG resalta que es urgente la implementación de las reformas legales necesarias para los efectos de someter el nombramiento de los integrantes de la Junta Directiva del IGSS a procedimientos fiscalizados por comisiones de postulación que garanticen la transparencia de los procesos de nombramiento de dichos miembros dejando atrás los procedimientos unilaterales y poco transparentes con que se han venido nombrando.

El MSICG recuerda que el Presidente de la Junta Directiva del IGSS fungió como operador político en el proceso de nombramiento de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y Salas de la Corte de Apelaciones producto de un acuerdo de intereses ajenos a los de la justicia y del Estado de Derecho, negociado y ejecutado por el Partido oficial y la bancada del Partido Líder haciéndose aún necesario establecer si tales nombramientos constituyeron o no un mecanismo de toma de control del sistema de justicia por parte de estructuras paralelas al Estado.

Para el MSICG este caso, al igual que en el de defraudación de la Superintendencia de Administración Tributaria, muestra una activa participación del sector privado en estas estructuras de saqueo del Estado y espera que, finalmente, se proceda legalmente en contra de la totalidad de las mismas, incluyendo a los miembros del sector empresarial que se benefician su existencia.