Hoy, en el mundo nos hemos despertado con la dolorosa noticia del fallecimiento del comandante y compañero FIDEL CASTRO RUZ, el estadista más grande de todos los tiempos y el Líder de una Revolución que ha sido esperanza y ejemplo no solo para América Latina sino para el mundo y esencialmente para los pueblos que buscan construir un mundo para la humanidad y abandonar el modelo de destrucción de humanidad por todo el mundo. De la mano de Fidel, Cuba se hizo amar, admirar y respetar convirtiéndose en ejemplo de resistencia y dignidad, de solidaridad hacia los pueblos y en un pueblo que nos ha demostrado en la práctica que es posible, incluso en las condiciones más adversas y de frente al imperio más hostil de todos los tiempos, construir una democracia real, un gobierno del pueblo y para el pueblo y superar las consecuencias de la opresión, el imperialismo y la economía de mercado en nombre de la cual se han marcado, masacrado nuestros pueblos condenándolos a la desigualdad, la excusión y la miseria. Puede que hoy haya gente que festeje la partida física de Fidel, quienes pretendan justificar en su insignificancia el obviar la importancia que para la historia y el futuro del mundo tiene, ha tenido y tendrá Fidel Castro, su legado de construcción de humanidad, de llamado a la conciencia y a la resistencia y dignidad de cada pueblo, en cada rincón del mundo que ha sido y seguirá siendo escuchado, mas allá de su presencia física. Fidel no ha muerto, por el contrario, ha trascendido los límites de la mortalidad, su lugar es indiscutible, su legado innegable y sus ideas seguirán vigentes hasta en tanto no se imponga la dignidad y la solidaridad como verbos rectores de las relaciones entre los seres humanos y entre los pueblos y, si logramos eso, seguirán allí, recordándonos constantemente que se trata de una construcción constantemente perfectible. Fidel ha cumplido la labor de la semilla, ha dado fruto y ha vuelto a la tierra para dar lugar a más semillas. El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG-, se suma al dolor del hermano pueblo cubano y les llama a mantener la luz del faro encendida hasta construir esa patria universal que soñó Fidel en la que todas y todos podamos vivir con dignidad.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

Hoy, a aproximadamente a las 15:00 horas, fue asesinado el compañero ELISEO VILLATORO CARDONA, Secretario de Organización y Propaganda y miembro del Comité Ejecutivo del SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES ORGANIZADOS DE TIQUISATE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA –SEMOT-, sindicato miembro del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-.

El compañero fue asesinado a la altura del Callejón Barriles, zona 2 de la cabecera municipal de Tiquisate, municipio del departamento de Escuintla mientras se conducía a su residencia a bordo de una motocicleta de su propiedad. El compañero fue perseguido por dos sujetos a bordo de otra motocicleta que le hicieron una primera serie de disparos con arma de fuego y, al percatarse que pese a sus heridas el compañero intentaba ponerse a resguardo, lo alcanzaron y le hicieron una segunda serie de disparos que finalmente acabaron con su vida.

Es necesario señalar que el SEMOT, sus directivos y sus afiliados desde hace ya casi un año se encuentran librando una dura resistencia puesto que a partir de la constitución del sindicato la Municipalidad de Tiquisate dejó de pagarles sus salarios motivo por el cual con el apoyo del MSICG se iniciaron los procesos para reclamar el pago y cese de la retención de los mismos. No conforme con ello, las autoridades municipales procedieron a despedir a la totalidad de afiliados a la organización sindical sobre la base una declaratoria de lesividad de sus contratos laborales, figura que no es aplicable a los contratos de trabajo y que además, nunca les fue notificada sino hasta la ejecución de los despidos, ante ello, se planteó una acción de amparo que hasta el momento no ha sido resuelta por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social del departamento de Escuintla a pesar de la notoria ilegalidad de lo actuado por la municipalidad en tanto que las autoridades municipales hacen mofa de los trabajadores aduciendo que todo lo pueden arreglar en los tribunales del país.

En fechas recientes, el Alcalde Municipal ha procedido a realizar despidos de trabajadores no sindicalizados indicándoles que los despide por culpa del SEMOT y sus directivos, provocando que los directivos sindicales sufrieran en múltiples ocasiones insultos de los trabajadores no sindicalizados que han sido despedidos.

El MSICG condena enérgicamente el asesinato del compañero ELISEO VILLATORO CARDONA, expresa su solidaridad a los familiares del compañero asesinado, sus compañeros de dirigencia y miembros de base del SEMOT y exige al Ministerio Público de manera urgente realizar todas las investigaciones necesarias para dar con los autores materiales e intelectuales de este nuevo hecho de sangre hasta que, luego de agotado en el debido proceso y respetando todas las garantías procesales, los responsables materiales e instigadores de este asesinato sean efectivamente condenados por dicho delito.

El MSICG llama al Ministerio Público a no obviar de manera oficiosa de su investigación los aspectos derivados del conflicto laboral y actos de discriminación antisindical ejecutados por las autoridades del municipio de Tiquisate del departamento de Escuintla y de la misma manera le llama a realizar las gestiones necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los directivos y directivas del SEMOT.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

Con fecha 31 de agosto del año 2016, El Movimiento sindical, indígena y campesino Guatemalteco –MSICG- remitió a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones –CEACR- de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, Observaciones respecto al incumplimiento por parte del Estado de Guatemala de los siguientes Convenios internacionales:

• Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, adoptado en San Francisco el 09 de julio de 1,948 durante la 31ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo;
• Convenio 100 Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, adoptado el 29 de junio de 1951 en Ginebra, durante la 34ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo;
• Convenio 131 Sobre la fijación de salarios mínimos, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1970, durante la 54ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo;
• Convenios 169 Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales, adoptado el 27 de junio de 1989 en Ginebra, durante la 76ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo;

Estos se adicionan a las comunicaciones a través de las cuales el MSICG denunció ante la CEACR violaciones al Convenio 111, Relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado en Ginebra el 25 de junio de 1958, durante la 42ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

El MSICG documentó de forma abundante ante la CEACR las reiteradas y sistemáticas violaciones del Estado de Guatemala a estos Convenios y le instó a manifestar su preocupación por violación de los derechos fundamentales a los y las trabajadoras y de los pueblos indígenas que ocurren en el país bajo el amparo del Estado y teniendo en la mayoría de casos a este como perpetrador.

Una vez más el MSICG urgió a la Comisión de Expertos a recomendar al Consejo de Administración que adopte la decisión de instalar una Comisión de Encuesta en el país por la sistemática violación del Convenio 87 Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación sobre todo teniendo en cuenta que no se han mostrado avances a pesar de más de 60 años de observaciones por parte de la Comisión al Estado de Guatemala por el incumplimiento de este Convenio fundamental para los trabajadores, para la democracia, la justicia social y la paz.

El MSICG condena el Golpe de Estado efectuado en Brasil a través del cual se destituyó a la Presidenta legítimamente electa en las urnas por los pueblos de Brasil luego de un proceso impulsado y apoyado por funcionarios sobre los cuales pesan serias y graves acusaciones de corrupción y para sustituir la voluntad de millones de brasileñas y brasileños por la voluntad e intereses de 61 personas para colocar en su lugar a una persona que no fue electa por los pueblos de Brasil.

El Golpe de Estado ejecutado en Brasil es un Golpe en contra de las políticas implementadas por el Partido de los Trabajadores (PT) que sacaron de la pobreza y la miseria a más de 35 millones de brasileños, que elevaron los ingresos de más de 40 millones, y que permitieron el acceso a la educación y la salud a los excluidos sociales a través de la definición y el impulso de un modelo de desarrollo propio que tuvo en el centro a la dignidad humana.

Se trata de un golpe que trasciende de su efecto político y vulnera los principios elementales de la democracia.

Estamos también y una vez más ante un golpe de Estado organizado y planificado por la política injerencista e intervencionista del gobierno de los Estados Unidos de América con el fin de afianzar sus intereses geopolíticos en la región y en el mundo debilitando la integración latinoamericana, a la CELAC, al Unasur, a los BRICS y el derecho de los pueblos a definir sin interferencias su propio modelo de desarrollo, es un golpe a la paz en la región y al sueño latinoamericano de construir la Patria Grande.

En este marco el MSICG se solidariza con la compañera Dilma, con el Partido de los Trabajadores y con el compañero Lula e insta a la clase trabajadora del Brasil a resistir y recuperar su democracia, a defender los grandes logros sociales alcanzados durante los gobiernos de Lula y de Dilma así como a fortalecer la organización y participación de la población, a quien le fue arrebatado su derecho al voto, al que le usurparon la voluntad soberana y a la que le impusieron un gobierno títere de los intereses norteamericanos a los efectos de que, como sucedió en Venezuela el 11 de abril de 2002, los usurpadores tarden más en acomodarse que el pueblo en recuperar el poder.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

Hoy, 17 de agosto de 2016, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- y su sindicato miembro SITRADICMP, presentaron ante la Corte de Constitucionalidad cuatro acciones de inconstitucionalidad en su labor de defensa del orden constitucional y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores.

La primera acción fue presentada en contra de la totalidad del Decreto número 18-2016 del Congreso de la República que introdujo reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público a través de las cuales se genera un órgano carente de contrapesos reales, se elimina el control jurisdiccional de la investigación penal y se desprotegen los derechos humanos de la población, a lo que se suma que la nueva normativa vulnera los derechos de las trabajadoras y trabajadores del Ministerio Público y de manera especial lo establecido en los Convenios 87, 95, 98, 111 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. En la inconstitucionalidad el MSICG reivindica además, el carácter soberano del Estado de Guatemala y la legitimación en dicha soberanía del ejercicio del poder de legislar, peyorado públicamente por el Presidente del Congreso de la República, ciudadano MARIO TARACENA DÍAZ-SOL.

EL MSICG recuerda que no es la primera vez que la Central Sindical tiene que acudir a la Corte de Constitucionalidad ante la emisión de normativa nefasta en materia de derechos humanos aprobada por el Congreso de la República y que representa graves retrocesos para el país, ya en su oportunidad el MSICG acudió a dicha instancia para que se declarara la Inconstitucionalidad General Total del Decreto 15-2012 que dio vida a la Dirección general de investigación criminal –DIGICRI- concentrando de nuevo la investigación penal en el Poder Ejecutivo y que permitía el uso de armas no registradas, las detenciones ilegales, el uso de fuerzas armadas sin portar identificación, uniformes y con los rostros cubiertos, etcétera. Es de recordar que dicha normativa fue apoyada en su momento por el Ministerio Público, la CICIG y algunas ONGs Civiles y que posteriormente fue cuestionada por las primeras dos.

Las restantes tres acciones se plantearon contra el Acuerdo suscrito entre el Ministro de Educación Oscar Hugo López Rivas y Joviel Acevedo del STEG relativo a la aplicación, implementación y ejecución de los programas de apoyo a nivel nacional, que representan aproximadamente 960 millones de quetzales, que a su vez son menos del, 0.12 % del presupuesto que el Mineduc destina a la niñez. De la misma manera, se planteó la Inconstitucionalidad del Acuerdo Gubernativo 188-2013, suscrito por el entonces Presidente Otto Fernando Pérez Molina y a través del cual se crea una estructura no prevista por la ley para asegurar al STEG el control de los procesos de contratación de maestras y maestros, a través de los cuales se somete a constantes presiones y abusos a los maestros y maestras precarizados mediante la contratación temporal en todo el territorio nacional.

Igualmente, se planteó la Inconstitucionalidad General Total de una serie de artículos del Decreto 1485 en los cuales se sustenta, la creación de una dignificación que discrimina a los maestros y maestras del sector privado, que restringe la dignificación del magisterio a que se refiere la Constitución a la creación de un sistema de servicio civil no previsto por la misma y se generan estructuras mediante las cuales, lejos de dignificarse la labor del magisterio y garantizarse la educación gratuita y de calidad, se generar intereses ajenos a la educación y estructuras encargadas de defenderlos, limitar la inversión en la niñez, y someter a la niñez, a la población y al sistema educativo a constantes interrupciones y violaciones de sus derechos fundamentales.

Estas tres últimas normas, sumadas a la negociación de dos pactos colectivos de trabajo en el mismo día, configuran el esquema de cooptación a que hizo referencia en su declaración uno de los colaboradores eficaces del Ministerio público en el caso “Cooptación del Estado” y que se puede resumir en el otorgamiento al STEG del control de las relaciones laborales de quienes están laborando en el Ministerio de Educación (a través de las juntas mixtas), el control de a quienes ha de contratarse (Mediante el Acuerdo Gubernativo 188-2013), el control de los recursos de gratuidad (a través del Convenio de fecha 12 de mayo de 2016) y el control de los incrementos escalafonarios así como una herramienta para impedir la dignificación de las maestras y maestros como ha sucedido con buena parte del articulado del Decreto 1485 del Congreso de la República.

De conformidad con la ley de la materia, la Corte de constitucionalidad cuenta con un plazo de ocho días para decidir si suspende o no provisionalmente las normas impugnadas sin que dicha decisión prejuzgue sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas por lo que se espera que en los próximos días, la Corte pueda decretar la suspensión provisional de las normas impugnadas.

Hoy, 29 de julio de 2016, a las 17:28 horas, según lo acusa el sello de recepción por parte del Ministerio Público, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- presentó ante la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público denuncia en contra de los Diputados del Congreso de la República LUIS PEDRO ÁLVAREZ MORALES (Encuentro por Guatemala –EG-), MARÍA EUGENIA TABUSH PASCUAL DE SÁNCHEZ (Visión con Valores –VIVA-), ORLANDO JOAQUÍN BLANCO LAPOLA (Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-), JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO (FCN-Nación) y MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA (Partido de Avanzada Nacional –PAN-) por el delito de COHECHO PASIVO.

La denuncia se presenta en virtud de que los citados diputados reconocieron públicamente la aceptación del pago de los gastos de un viaje a la República de Chile financiado por una entidad privada con el objeto de conocer el sistema de seguridad social chileno y proponer una reforma similar al mismo respecto al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

En su denuncia el MSICG resalta que las conductas admitidas por dichos funcionarios públicos, además de encontrarse tipificadas como delito en el artículo 439 del Código Penal, se encuentran expresamente prohibidas en las literales a), b), c) y k) del artículo 18 y en la literal d) del artículo 19 del Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos y que la convocatoria para los supuestos diálogos orientados a la legitimación social de una propuesta que en práctica afectaría los principios de obligatoriedad, universalidad, solidaridad, unidad e indivisibilidad del sistema de seguridad social guatemalteco contraviene los preceptos del artículo 100 de la Constitución Política de la República.

El MSICG pidió además que se investigue a las entidades privadas que aportaron los recursos para sufragar dichos gastos, su origen, los financistas e intereses que los mismos representan y urgió al Ministerio Público a que antes de presentar la solicitud de antejuicio contra los denunciados proceda de manera inmediata a recabar los medios de investigación cuya pérdida se teme y que son indispensables para sustentar la petición de antejuicio a los efectos de que pueda reducirse al mínimo posible, el velo de impunidad que el antejuicio garantiza a quienes poseen ese privilegio procesal.

El MSICG espera que la Corte Suprema de Justicia abandone su papel selectivo de garante de impunidad y que no obstruya una vez más, sobre la base de una facultad auto atribuida que la Ley no le reconoce expresamente y que el Ministerio Público cumpla su mandato constitucional de una manera eficiente, imparcial y objetiva.

Con fecha 28 de julio del año 2016 miembros del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- y dirigentes de los sindicatos de la Sección de telesecundaria que integran la mesa técnica en la que representan a 17 departamentos se reunieron con el Ministro de Educación Licenciado OSCAR HUGO LÓPEZ RIVAS, la Viceministra Administrativa de Educación, Licenciada MARÍA EUGENIA BARRIOS ROBLES DE MEJÍA y el Diputado LEOCADIO JURACÁN SALOMÉ para dar continuidad al diálogo y buscar una solución para frenar la precarización laboral que enfrentan los trabajadores de Telesecundaria al encontrarse contratados en fraude de ley mediante contratos temporales a pesar que las funciones que desempeñan son permanentes y de vital importancia para el área rural del país.

Durante la reunión se establecieron los aspectos de divergencia entre el Mineduc y los sindicatos esencialmente planteando la oposición sindical a un procedimiento que implique un nuevo proceso de selección y contratación de personal toda vez que se trata de puestos de trabajo en los que han permanecido los trabajadores y trabajadoras prestando sus servicios durante muchos años. De la misma manera, se explicó al Mineduc las razones por las cuales el proceso de selección y contratación de personal previsto en el Decreto 1485 resulta inaplicable en estos casos y las razones por las cuales su aplicación derivaría en la afección de los derechos adquiridos de los trabajadores y trabajadoras sujetos a la simulación continua y permanente de la temporalidad de sus contratos de trabajo.

El MSICG espera que la buena voluntad y la buena fe expresadas por el Señor Ministro de Educación en esta reunión se materialicen muy pronto en una solución a la problemática que enfrentan los trabajadores de telesecundaria del país y en un servicio educativo de calidad para los y las estudiantes del área rural.

Finalmente el MSICG agradece el trabajo realizado por el Diputado LEOCADIO JURACÁN SALOMÉ en este espacio de dialogo, la continuidad que está dándole al mismo y su preocupación por la mejora en la educación del área rural y las condiciones de trabajo de los técnicos especializados en telesecundaria.

Como es de conocimiento público los diputados siguientes: Luis Pedro Álvarez Morales, Miembro del Bloque Legislativo Encuentro por Guatemala –EG-; María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez, Miembro del Bloque Legislativo de VIVA; Dorian Delfino Taracena Godínez, Miembro del Bloque Legislativo Encuentro por Guatemala -EG-; Jean Paul Briere Samayoa, Miembro del Bloque Legislativo TODOS; Laura Alicia Franco Aguirre, Miembro del Bloque Legislativo FCN, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Miembro del Bloque Legislativo UCN; y Marvin Orellana López, Miembro del Bloque Legislativo AC, han estado impulsando juntamente con el actual Presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Carlos Francisco Contreras Solórzano, una reforma a través de la cual se pretende privatizar el Sistema de Seguridad Social del país para poner en manos de las cúpulas empresariales el sistema de pensiones y de salud que nos corresponde como clase trabajadora y que es un legado de la Revolución de 1,944 en el país.

Es también preocupante que no exista persecución penal iniciada en estos momentos contra los diputados Luis Pedro Álvarez Morales, María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez,Orlando Blanco Joaquín Lapola, Jefe de Bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza –UNE- quien no es miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Javier Alfonso Hernández Franco, Jefe del Bloque Frente de Convergencia Nacional –FCN- quien no es miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y Manuel Eduardo Conde Orellana, del Bloque Partido de Avanzada Nacional quien tampoco es miembro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y quienes declararon en medios de comunicación haber recibido dinero de entes del sector privado para viajar a Chile a los efectos de conocer su sistema de seguridad social para proponer una reforma similar en Guatemala, es decir, para proponer una privatización de la seguridad social. Dicha acción de los citados diputados es encuadrable en el tipo penal de Cohecho Pasivo regulado en el artículo 439 del Código Penal que establece “…el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas, que… …acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo…”.

Debe recordarse que el actual Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Carlos Francisco Contreras Solórzano, fue puesto por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF- como Ministro de Trabajo y Previsión Social, cargo desde el cual impulsó toda una serie de medidas regresivas orientadas a legalizar la constante violación de las garantías laborales por parte del sector empresarial desde el establecimiento de estructuras antisindicales y procedimientos ilegales, el impulso de la imposición del trabajo a tiempo parcial, el debilitamiento de la Inspección General de Trabajo hasta la implementación de salarios mínimos diferenciados en cuatro municipios que, como se ha ventilado en el CASO COOPTACIÓN DEL ESTADO, pretendía favorecer los intereses de la entonces Vice presidenta Roxana Baldetti Elías, lo que hace presuponer necesariamente que dicho funcionario público actuaba como parte de la estructura criminal.

En ese marco, resulta poco alentador que aún y cuando todos los funcionarios del Gobierno del Partido Patriota enfrentan persecución penal y ser Carlos Francisco Contreras Solórzano el último nombramiento realizado por gobierno del Partido patriota, a la fecha, aún no se le vincule a proceso penal alguno a pesar de ser parte del gobierno que según las acusaciones del Ministerio Público, cooptó el Estado y resulta más lamentable que a la presente fecha la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- no haya actuado en contra de dicho funcionario, como tampoco en contra del actual Procurador de los Derechos Humanos Jorge Eduardo de León Duque, o el ex Superintendente de Administración Tributaria Miguel Arturo Gutiérrez Echeverría a pesar de las denuncias que en su oportunidad ha presentado el MSICG.

Como se citó, la propuesta de privatización del IGSS está siendo impulsada por el CACIF a través de sus operadores políticos en el Congreso de la República: Encuentro por Guatemala –EG-; Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-; Visión con Valores –VIVA-; Todos; FCN Nación; Unión del Cambio Nacional –UCN-; y Alianza Ciudadana –AC- con el argumento que los empresarios de este país estarían en mejores condiciones para brindar la seguridad social de los trabajadores y trabajadoras.

En este aspecto, es preciso señalar que buena parte de los diputados que representan dichos partidos han formado parte de los Gobiernos y Plenos del Congreso que desde 1986 a la presente fecha han omitido de manera sistemática asignar una partida presupuestaria para el pago de la cuota estatal al IGSS pese a ser ello un mandato expreso del artículo 100 Constitucional y también parte de los gobiernos que han omitido desde las instituciones públicas y entidades autónomas, hacer el pago de las cuotas patronales que les corresponden al IGSS. Siendo contrastante con la acertada labor que en estos momentos desempeña la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- en el caso de empresarios evasores de impuestos la pasividad, negligencia y falta de acción por parte del IGSS, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, en deducir las sanciones que corresponden de conformidad con la Ley de probidad y responsabilidades de funcionarios y empleados públicos, contra quienes desde el poder ejecutivo o legislativo han desfinanciado al IGSS, desde 1986, incumpliendo un mandato expreso de la Constitución.

Asimismo, la existencia selectiva actual de persecuciones penales por las formas tradicionales en que políticos y empresarios han saqueado al Estado, como lo es el caso de la sobrevaloración de contratos por bienes y servicios, la creación de plazas fantasmas y el establecimiento de mecanismos para facilitar la falta de pago de impuestos a cambio de comisiones hacen que hoy día se busquen mecanismos de continuación del saqueo por parte de los mismos actores que también han sido los que histórica y permanentemente han saqueado al Estado desde 1954, y que pretenden ahora hacerse con los fondos de la seguridad social.

Que se aduzca hoy día por parte de políticos y empresarios que el seguro social puede funcionar bajo un esquema privatizado, obviando que los problemas que enfrenta tanto el IGSS como el propio Estado son producto directo de la corrupción generada por los intereses de estos mismos actores, es pretender aprovechar la ingenuidad de un pueblo que no puede olvidar que fueron estos mismos actores los que crearon y se beneficiaron de la ESTRUCTURA DE LA LÍNEA, que este modelo fue precisamente el que se implementó con en el caso IGSS-PISA, que la externalización de servicios y contratos abiertos fueron los que permitieron casos como el de “NEGOCIANTES DE LA SALUD” y los malos servicios a los afiliados, o que prominentes empresarios vinculados al CACIF y a los partidos políticos que participan de esta propuesta como Gustavo Alejos Cámbara, Max Quirin, Pedro Muadi o Alejandro Sinibaldi tengan hoy día que responder ante la justicia por actos de corrupción, encontrándose algunos de ellos capturados. Esto, solamente para citar algunos de los casos más recientes sin olvidar los casos de los Bancos Gemelos y de Bancafé.

En ese marco el MSICG manifiesta su total rechazo a la intención del CACIF implementada a través de sus operadores políticos: Encuentro por Guatemala –EG-; Unidad Nacional de la Esperanza –UNE-; Visión con Valores; Todos; FCN Nación; Unión del Cambio Nacional –UCN-; y Alianza Ciudadana –AC- de privatizar el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- y someter los recursos de la seguridad social de las trabajadoras y trabajadores, a la disposición de nuevas estructuras de corrupción y saqueo, nuevamente a costa de la miseria y la desprotección de población.

Finalmente el MSICG llama a todas sus bases en el país a reunirse con sus comunidades e informar a las mismas sobre la intención tanto del CACIF COMO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CITADOS DE PRIVATIZAR NUESTRO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL y a estar atentos al llamado que se les estará realizado para defender la salud de la clase trabajadora y su familia.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

Desde hace varios meses los representantes de los Sindicatos de técnicos especializados en Telesecundaria miembros del MSICG han participado en una mesa técnica con los representantes del Ministerio de educación con la finalidad de agilizar el proceso de ajuste a la legalidad que establece nuestro ordenamiento jurídico laboral de las relaciones de trabajo de los trabajadores contratados bajo los renglones presupuestarios 022 y 021 a quienes se les ha simulado la temporalidad de sus relaciones laborales con el objeto de denegarles la estabilidad laboral situación que además es discriminativa y contraria a las disposiciones del Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo al provocar que una decisión administrativa derive en condiciones distintas de trabajo para quienes realizan el mismo tipo de tareas.

Durante este proceso, a pesar de que la obligación primordial de ajustar su accionar a derecho corresponde esencialmente a quien ha causado su vulneración o violación en este caso al Ministerio de Educación, los Sindicatos presentamos dos propuestas debidamente sustentadas legalmente a los efectos de que el reconocimiento de la naturaleza permanente de las relaciones laborales se hiciera de conformidad con la ley y no implicara el rompimiento de las relaciones laborales, un nuevo proceso de selección y la posibilidad de que nuestros puestos de trabajo fuesen subastados y que este proceso abarcara, sin excepciones, a todas y todos los que nos encontramos en la misma situación simulada.

Las referidas propuestas, nunca fueron respondidas ni contra argumentadas legalmente por el Ministerio de Educación que en todo momento ratificó su intención de someter nuestros derechos y condiciones laborales a la codirección y negocios entre el Mineduc y el STEG, negocios que se remontan a la época en que el actual Ministro de Educación fungió como Director del EFPEM y coadministraron con el STEG del programa PADEP.

Esta lógica de coadministración se ha evidenciado en medidas como el Convenio de fecha 12 de mayo de 2016 suscrito entre el Ministro de Educación y el STEG en el cual, al margen de la materia que puede ubicarse dentro de la negociación colectiva, el Ministro de Educación acordó coadministrar con el STEG algunos cientos de millones de quetzales correspondientes a los recursos relacionados a los programas de apoyo a nivel nacional.

Esta medida se suma a la de someter el traslado del renglón 021 y 022 al renglón 011 para el pago de los salarios de las trabajadoras y trabajadores sometidos durante años a la simulación de relaciones temporales, con la cual se institucionalizan ya tres mecanismos de coacción de los cuales el STEG se vale para sus acciones; el primero, hacia los padres de familia y alumnos al involucrar al STEG en aspectos que deben ser manejados por la administración pública; el segundo, para forzar a los trabajadores y trabajadoras a apoyar al STEG bajo la constante amenaza de que los contratos serán cancelados o de que no serán renovados; y, el tercero, ejercido a través de las Juntas Mixtas a quienes el Mineduc les ha consentido en la práctica la facultad de efectuar traslados de trabajadores para favorecer a afiliados al STEG asumiendo con ello facultades que la ley confiere con exclusividad a las autoridades nominadoras.

Debe sumarse, que para completar ese escenario de co-gobierno, coacción y negocios, actualmente el Mineduc y el STEG se encuentran haciendo gestiones en el Congreso de la República para eliminar algunas normas de la Ley de contrataciones del Estado que les impiden manejar los recursos públicos con total opacidad. Todas estas medidas, se articularán finalmente a través de un llamado a un supuesto diálogo por la educación que seguramente será articulado próximamente desde la Comisión de Educación del Congreso de la República (manejada por la UNE), a través de la cual serán sometidos todos aquellos sectores contrarios al co-gobierno del STEG.

En ese marco, en la mesa técnica entre los sindicatos miembros del MSICG, la entidad patronal se había comprometido a presentar una respuesta a la última propuesta presentada al Ministerio de Educación; no obstante, la reunión fue pospuesta por la entidad patronal para el día 15 de julio de 2016; al presentarse nuestros delegados, lejos de encontrar una respuesta a la propuesta presentada, les fue presentada una propuesta que no distaba de la que desde un inicio y en acuerdo con el STEG se ha pretendido imponer, sujetando el traslado al proceso de selección, clasificación y reclutamiento de personal que prevé el Decreto 1485 del Congreso de la República, el cual supone la eliminación de las actuales plazas y la creación de otras con una denominación distinta, la terminación de las relaciones de trabajo de todos los trabajadores del Ministerio de Educación contratados bajo el renglón presupuestario 021 y 022 y un proceso de selección con intervención del STEG en todas sus etapas.

Ante esto, se le solicitó a los delegados del Mineduc que se entregara la propuesta por escrito para proceder a su análisis, a lo que se respondió que el Ministro de educación debía firmar la propuesta para poder entregarla a los delegados de los trabajadores por lo que se les requirió a nuestros compañeros que llegaran a las 14:00 horas para que se les entregara una copia de la propuesta; al presentarse nuestros delegados, se les entregó una hoja membretada del Ministerio de Educación en la cual en el fondo se indicaba que nuestros delegados aceptaban que el Ministerio de Educación aplicaría el Decreto 1485 para ejecutar el despido de todos los trabajadores contratados bajo el renglón presupuestario 021 y 022, y un nuevo proceso de selección y contratación de personal que sería manejado entre el STEG y el Ministro de Educación.

Ello, derivó en que nuestros delegados se negaran a firmarla, puesto que lo expresado en esa hoja era aparte de ilegal, falso puesto que nuestros delegados nunca llegaron ni llegarían a un acuerdo semejante; ante ello, las autoridades del Mineduc dijeron que entonces no entregarían a nuestros delegados copia de la propuesta.

Si bien es cierto, el dialogo se inició de buena fe y con la finalidad de facilitar el proceso, siempre existió dentro de las previsiones una situación de este tipo dado las negociaciones que el Ministro de Educación mantuvo desde el programa PADEP y de esa cuenta, aunque genera frustración reafirma que no existe ni voluntad, ni transparencia. A lo que se suma que las bases argumentativas en que se sustenta la “propuesta” del Ministro de Educación, han sido desechadas ya por varios del tribunales del país y gracias a nuestra Central sindical, todos los afiliados y afiliadas a nuestros Sindicatos, gozan de la adecuada protección jurídica así como de medidas previstas para impedir una imposición de esta naturaleza aún y cuando ello implique expulsar a través de los procedimientos legales pertinentes las bases en que esta pretenda apoyarse.

Sin embargo, resulta preocupante la percepción que estos actos nos dan de una ausencia de gobierno puesto que en más de una ocasión el Presidente de la República ha expresado la voluntad por la implementación de una dignificación de los trabajadores del Ministerio de Educación apegada a derecho y el accionar del Ministro de educación solamente proyecta una sensación de un doble discurso por parte del gobierno o de falta de autoridad del Presidente sobre el Ministro de Educación, salvo que la intención del Señor Presidente sea la de cogobernar con el STEG, como ya lo hicieron Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

En ese sentido y sin perjuicio de los procesos ya instados ante los tribunales de justicia en todo el país, hacemos un llamado a nuestras afiliadas y afiliados, a los padres y madres de familia, a las y los estudiantes y a la población en general, a estar alertas para atender los llamados que realizarán los sindicatos en cada departamento del país para las acciones que se estarán tomando a nivel nacional.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

Hoy 12 de julio del año 2016, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- recibió en su Sede de la Ciudad Capital a la Misión de la Organización Internacional del Trabajo que visita el país con el objeto de evaluar la situación de la libertad Sindical.

La Misión estuvo Presidida por la Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, Sra. Corinne Vargha quien estuvo acompañada de los especialistas en normas internacionales del trabajo Sr. Xavier Beaudonnet, Sra. Tania Caron; de la Directora de la Oficina de la OIT para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití, Panamá y República Dominicana, Sra. Carmen Moreno y del Representante del Director de la Organización Internacional de Guatemala Sr. Sergio Paixão Pardo, entre otros funcionarios de OIT.

Durante la reunión el MSICG actualizó a la Misión sobre la situación de libertad sindical en el país e hizo entrega de sus publicaciones “Trabajo digno: ¿Sin libertad Sindical?” y, “La Corte de Constitucionalidad y el control político de los derechos económicos sociales”, presentando a la vez en voz de las propias víctimas de la libertad sindical en Guatemala los testimonios que refieren graves y sistemáticas violaciones a la libertad sindical.

Finalmente el MSICG ratificó a la Misión la necesidad de que una Comisión de Encuesta se instale en el país para garantizar efectivamente la vigencia del Convenio 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.