En su comunicado con ocasión del Día internacional del trabajo, el MSICG manifestó que:  “… para completar el proceso de reconciliación la justicia debe ir más allá del juzgamiento de quienes ejecutaron materialmente estas atrocidades; una verdadera justicia y una verdadera reconciliación implica que se debe juzgar y condenar a quienes apoyaron, auspiciaron y se beneficiaron de alguna forma del genocidio; esto significa que junto a los militares y paramilitares deben ser juzgados quienes dentro y fuera del país pusieron las armas en sus manos, quienes se beneficiaron directamente de la erradicación o desplazamiento de los pueblos para constituir latifundios sobre la base de la apropiación de las tierras de los pueblos arrasados o desplazados y que esas tierras deben ser restituidas a esos pueblos. ..”

Esta labor debe ser cumplida por el sistema de justicia guatemalteco con total independencia, sin más finalidades que la de la administración de justicia pronta y cumplida  y con plena observancia de las garantías que nuestra Constitución protege ya que solamente el respeto de las mismas, con independencia de quien sea el acusado, puede asegurar que exista una verdadera reconciliación, un fortalecimiento de la democracia y del Estado de derecho.

El MSICG considera importante el hecho de que un tribunal haya reconocido mediante una sentencia la existencia de una política genocida por parte del Estado de Guatemala en contra de la población y que, finalmente, esta etapa dolorosa de nuestra historia haya podido ser objeto de un debate público con la finalidad de deducir las responsabilidades por tales hechos; no obstante le resulta preocupante que  posibles debilidades en el respeto de las garantías procesales y en cuanto a la igualdad ante la ley, pudieran transformar este proceso en un capítulo más en la historia de impunidad y falta de independencia del sistema de justicia.

El día de hoy 9 de mayo del año 2013 según publicaciones de distintos medios de comunicación el Presidente de la República, OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA anuncia que deja sin efecto Estado de Sitio e impone el Estado de Prevención manteniendo de nuevo la suspensión de diversas garantías constitucionales y el mismo número de efectivos del ejército desplazados en los Municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores del Departamento de Santa Rosa.

Cabe destacar que esta decisión es tomada pocos días después de que el MSICG planteara la  ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL TOTAL DEL DECRETO NÚMERO 7 DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, DENOMINADA LEY DE ORDEN PÚBLICO y, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD GENERAL TOTAL DEL DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 06-2013 DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, DE FECHA 1 DE MAYO DE 2013, EN VIGENCIA DESDE EL 1 DE MAYO DE 2013 Y PUBLICADO EL DÍA 2 DE MAYO DE 2013 EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA y a pocos días de que se le venciera el Plazo a la Corte de Constitucionalidad para decidir la suspensión provisional de ambas disposiciones.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha visto con preocupación como la falta de voluntad para responder a las necesidades básicas de la población y para cumplir con los deberes que imponen al Estado de Guatemala las leyes y los compromisos internacionales ha sido complementado con un rumbo de acción encaminado a acallar la protesta social a través de la estigmatización, descredito, persecución, criminalización e incluso el encarcelamiento de la población.

Esta situación ha derivado en que hoy día, las luchas por la tierra, los derechos laborales, el acceso a la educación, la protección del medio ambiente, los recursos naturales y el derecho de los pueblos indígenas a definir su propio modelo de desarrollo convierta de un día para otro a dirigentes sociales en los peores delincuentes del país, en supuestos integrantes del crimen organizado y que la población sea escarmentada a través de su sometimiento a vejámenes, a la restricción de sus garantías constitucionales y a su sumisión como población civil al ejército.

El actual gobierno ha endurecido estas circunstancias mediante el ejercicio del poder público como herramienta de imposición de la voluntad e intereses de sectores minoritarios de la población y el uso del ejército en funciones que no corresponden a este en una sociedad democrática y civilizada, legitimando tal accionar a través de la imposición de estados excepciones de restricción de las garantías constitucionales de la población.

Esta imposición se ha realizado argumentando la aplicación del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, norma que fue derogada por el artículo 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 22 de sus disposiciones transitorias y finales, siendo además que tal norma es incompatible con la actual Constitución al admitir la restricción de garantías y la implementación de medidas que exceden las permisiones excepcionales a que se refiere el artículo 138 de la Constitución.

El  carácter progresivo de las medidas del gobierno para privar a la población de su derecho a disentir, a resistir, a oponerse, a proponer y a pedir, se ha manifestado hoy día en el  Decreto Gubernativo Número 6-2013 del Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros mediante un estado de sitio a cuatro municipios de los departamentos de Jalapa y Santa Rosa en los que no solo se restringen los derechos de la población sino que además se somete el poder civil al ejército y se otorga a este facultades judiciales y ejecutivas que violan nuestra Constitución.

Por tales motivos, el día de hoy 5 de mayo del año 2013, a las 10:39 horas, el MSICG ha presentado ante la Corte de Constitucionalidad dos acciones de inconstitucionalidad general total en contra del  Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente y el Decreto Gubernativo Número 6-2013 del Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros a la espera de que el órgano garante de la Constitución y de las garantías que esta reconoce a la población cumpla con su deber de proteger nuestro Estado de derecho y el sistema democrático, esperando a la vez  que este alto organismo asuma tal responsabilidad con la celeridad que amerita el posible sometimiento de nuestra población a vejámenes irreparables provocados por la aplicación de tales disposiciones.

Guatemala, 5 de mayo de 2013.

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El día de mañana, domingo 5 de mayo de 2012, el Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- presentará dos acciones de inconstitucionalidad general total en contra de la Ley de Orden Público y el Decreto Gubernativo No. 06-2013 del Presidente de la República en Consejo de Ministros a través del cual se militarizó cuatro municipios del país instaurándose el estado de sitio.

El MSICG condena el retroceso democrático que ha observado el país a través de la militarización de la sociedad, la criminalización y estigmatización de la protesta social y espera encontrar en la Corte de Constitucionalidad un verdadero garante de nuestro Estado de derecho, del orden democrático y del cumplimiento efectivo de los deberes fundamentales del Estado.

Guatemala, 4 de mayo de 2013.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- condena la violación sistemática a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de Guatemala, recrudecida durante el actual gobierno bajo la pretensión de imponer a los pueblos de nuestros país el despojo de sus derechos, la destrucción de sus autoridades ancestrales y la imposición de un modelo de desarrollo excluyente y destructivo de sus territorios, su medio ambiente y sus recursos naturales.

El MSICG condena que al proceso de remilitarización del país se sume el uso cada vez más agresivo del ejército legitimado a través del abuso de los mecanismos extraordinarios que regula la Ley de orden público así como el uso de la criminalización como herramienta para acallar la protesta social surgida de la falta de voluntad del gobierno de respetar los derechos de los pueblos indígenas y de la población del país.

El MSICG lamenta la complicidad del Ministerio Público en tales estrategias, garantizando la impunidad de la línea de mando (como en el caso de Totonicapán), omitiendo actuar con agilidad y eficiencia respecto a los abusos cometidos  durante un estado similar implementado en Santa Cruz Barillas y omitiendo cualquier persecución penal efectiva en contra de Minera San Rafael S.A. y las empresas de seguridad privada involucradas en los actos de violencia contra la población y dirigentes comunitarios, entre otros casos similares.

El MSICG recuerda a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que el deber de la institución que dirige es garantizar el Estado de derecho (que incluye los derechos de los pueblos indígenas, la resistencia pacífica y la protesta social) y el cumplimiento de la ley sin discriminación alguna y no el convertir el Estado de derecho en un mecanismo de legitimación de la represión contra dirigentes comunitarios, campesinos, sindicalistas, estudiantiles y demás defensores de derechos humanos.

El MSICG rechaza el estado de sitio impuesto mediante el Acuerdo Gubernativo 06-2013 que afecta a pobladoras y pobladores del municipio de Jalapa; la Comunidad Indígena Santa María Xalapán, y Mataquescuintla, y en el departamento de Santa Rosa a los municipios de Casillas y San Rafael Las Flores y recuerda que la Ley de Orden Público (promulgada el 9 de diciembre de 1975) es un cuerpo normativo incompatible con nuestra Constitución y cuyo contenido,  que garantiza la posibilidad de militarizar la sociedad y suspender las garantías fundamentales de la población asumiendo funciones constituyentes, por lo cual demandamos  al Congreso de la República de Guatemala su inmediata derogatoria.

El MSICG hace un llamado a la comunidad nacional e internacional a condenar el rumbo que ha tomado el actual gobierno de agravar el desconocimiento de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado de Guatemala, particularmente en lo referente a los derechos de los pueblos indígenas, a través del uso de la violencia, la suspensión arbitraria de garantías básicas, la violencia contra la población, la persecución, criminalización y encarcelamiento de sus dirigentes proscribiendo la protesta social como elemento fundamental de la democracia.

El MSICG demanda al Ministerio de Gobernación el inmediato retiro de las licencias de operación a las empresas de seguridad privada involucradas en actos de violencia contra la población y al Presidente de la República de Guatemala el cese de la represión y criminalización de la protesta social y le recuerda que el pleno respeto del Estado de derecho, la adecuada atención de las demandas sociales y la inclusión de la población en las políticas gubernamentales son las características que  distinguen una buena gobernanza de una dictadura.

Guatemala, 2 de mayo de 2013

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
-MSICG-

En Guatemala desde el año 1,954, el Primero de mayo ha  sido una peregrinación plagada de denuncias que año con año se repiten y a las cuales se suman nuevas cada año, lo cual es un claro indicador de que no solo existe un estancamiento sino una constante regresiva que paulatinamente va consumiendo nuestro futuro y las expectativas de desarrollo de nuestras hijas e hijos que nacen y están condenados a vivir en la miseria y la exclusión.

Este año, nos coloca ante una particular coyuntura en donde hemos visto como la oligarquía y el ejército han retomado abiertamente el control del Estado demostrándonos que poco o nada  hemos avanzado en la construcción de una democracia real y participativa, prueba de ello es el debilitamiento del Estado de derecho y de la democracia que se ha profundizado en el marco de un proceso judicial  que pretende reconciliar a nuestros pueblos con su historia por la vía de la justicia deduciendo responsabilidades por las políticas genocidas impulsadas desde el Estado durante el conflicto armado interno.

Para el MSICG el debate no gira en torno a si hubo o no genocidio; es un hecho que pueblos enteros fueron masacrados por las fuerzas regulares e irregulares del Estado, que identificó especialmente a los pueblos indígenas con la militancia o potencial militancia guerrillera, que la estrategia se orientó a la erradicación total de los mismos y que todos estos hechos fueron ejecutados con absoluta brutalidad; así que, no se trata entonces de establecer la existencia del genocidio sino de juzgar y condenar a los responsables de este como una necesidad ineludible para cerrar las heridas que a la sociedad causaron estos crímenes.

Sin embargo, para completar el proceso de reconciliación la justicia debe ir más allá del juzgamiento de quienes ejecutaron materialmente estas atrocidades; una verdadera justicia y una verdadera reconciliación implica que se debe juzgar y condenar a quienes apoyaron, auspiciaron y se beneficiaron de alguna forma del genocidio; esto significa que junto a los militares y paramilitares deben ser juzgados quienes dentro y fuera del país pusieron las armas en sus manos, quienes se beneficiaron directamente de la erradicación o desplazamiento de los pueblos para constituir latifundios sobre la base de la apropiación de las tierras de los pueblos arrasados o desplazados y que esas tierras deben ser restituidas a esos pueblos. 

Hasta en tanto eso no acontezca no podemos hablar de justicia puesto que  no se puede desconocer que el conflicto armado interno tuvo causas económicas y sociales impulsadas por grupos minoritarios, las mismas causas y los mismos grupos que hoy día debilitan el Estado de derecho y pretenden la eliminación total de las garantías laborales a través de las iniciativas de Ley presentadas al Congreso de la República por el Presidente, los mismos grupos que durante este gobierno avanzaron en su objetivo de tributar aún menos y recargar la carga tributaria en las clases más desposeídas para construir y reparar sus carreteras, los mismos grupos que hoy desde el poder del ejército han sitiado el territorio nacional para terminar su repartición y la de los recursos naturales.

En este contexto hay que destacar lo preocupante que resulta ser la acostumbrada  falta de congruencia de algunas organizaciones quienes haciendo causa común con el actual gobierno y  la oligarquía y mediante la suscripción de acuerdos, entendimientos complacientes y hasta cabildeos internacionales, trabajan para mantener la exclusión y marginación de las grandes mayorías pretendiendo evitar que el Estado sea sometido a las instancias internacionales en donde se discuten las violaciones a los derechos humanos, especialmente las violaciones a  los derechos laborales, sindicales y  de los  pueblos indígenas.  Situación contrastante con el recrudecimiento de estas violaciones, con el  incremento de la persecución, acoso, criminalización y violencia contra aquellos dirigentes que realizan una interlocución legítima.

A la consolidación de este Estado fallido abona el endurecimiento de las medidas en contra de la sociedad impulsadas desde las élites del poder económico global, que han  radicalizado sus posicionamientos y medidas con el afán de sostener un  caduco modelo de desarrollo económico y social construido sobre la base de la explotación de las grandes mayorías y que pretende desmantelar los pocos Estados de bienestar que aún persisten en Europa, y los que se consolidan en América Latina tales como los de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, entre otros.

En este marco el MSICG hace un llamado a la radicalización de la clase trabajadora en la defensa del derecho a la dignidad del ser humano, a la soberanía y autodeterminación  de los pueblos, a definir nuestro propio modelo de desarrollo y a construir un mundo distinto.  El MSICG,  como expresión más representativa del sindicalismo sociopolítico en Guatemala, reitera su compromiso con la recuperación de la interlocución social del sindicalismo, con la construcción de la democracia real y participativa, con la construcción del Estado de derecho y la instauración de un modelo económico que garantice la inclusión, el desarrollo integral y  la mayor suma de bienestar posible.
 
No cabe duda que este nuevo modelo solo podrá provenir de la lucha de los excluidos, de los condenados a vivir en la miseria, de los despojados, y  que  no  podrá lograrse sin superar la falta de democratización de las estructuras de la sociedad civil a todo nivel y la renovación de sus liderazgos,  hoy más que nunca hay que sindicalizar el sindicalismo, radicalizar su compromiso, conducirlo a que retome la legitimidad de su interlocución y su carácter de constructor de sociedades incluyentes.

Y en aras de consolidar una sociedad incluyente, el MSICG reitera su condena a la militarización que está sufriendo el país, a los actos de violencia en contra de las comunidades y líderes comunitarios que defienden y promueven derechos humanos y exige a las autoridades respectivas una investigación pronta, objetiva y efectiva que permita individualizar, juzgar y condenar a los autores materiales e instigadores de los actos de violencia contra sindicalistas y demás dirigentes sociales.

El MSICG exige al Congreso de la República de Guatemala la pronta aprobación y puesta en vigencia de la Ley del sistema nacional de desarrollo rural integral, la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo y se dictaminen desfavorablemente las iniciativas de Ley presentadas por el Presidente de la República.

El MSICG se solidariza con la lucha de los y las trabajadoras de todos los países del mundo que empeñan sus esfuerzos en la construcción de la justicia social, con el reclamo del pueblo de Bolivia de una salida soberana al mar; saluda con satisfacción el reconocimiento del Estado Palestino así como la decisión soberana del pueblo de Venezuela de elegir por mayoría absoluta e indiscutible al compañero Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, expresa su repulsa y condena de los intentos de una oposición antidemocrática de desestabilizar la democracia venezolana y expresa sus felicitaciones por la histórica decisión de Argentina de reconocer el derecho al voto a la juventud desde los dieciséis años así como sus esfuerzos por democratizar el acceso a los medios de comunicación social masiva.

Guatemala,  1 de mayo de 2013.

MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
–MSICG-

El MSICG presentó el informe titulado "DE HERODES A PILATOS: EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL EN GUATEMALA" el cual muestra las falencias de la administración de justicia en Guatemala y hace una serie de recomendaciones tendientes a superar las debilidades que presenta.  El informe cuenta con una primera parte que se orienta a establecer la relación históricamente sinérgica entre las condiciones en el agro, el acceso a la tierra y la legislación laboral desde la època colonial hasta nuestros días y analiza la estadística judicial para demostrar la existencia y causas de la mora judicial y las deficiencias en la aplicación de la justicia que debilitan las protecciones laborales en el país.

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha mantenido una denuncia constante sobre el clima antisindical que impera a lo interno del Ministerio Público y particularmente en la Dirección de Investigaciones Criminalísticas en donde a partir de la fundación del SITRADICMP el sindicato y sus directivos han sido víctimas de un constante ataque antisindical que ha pasado por el traslado de sus directivos fundadores de su centro de trabajo a zonas remotas del país, procedimientos disciplinarios, procesos de destitución y despidos aún estando vigentes amparos provisionales e incluso un atentado contra la vivienda de su Secretario General JAVIER ADOLFO DE LEÓN SALAZAR.

Estas acciones antisindicales se han recrudecido al punto que comenzaron a circular rumores de que un grupo de trabajadores aducían contar con el apoyo patronal para constituir un sindicato alterno al SITRADICMP con la finalidad de anularlo.  Ante esto, directivos del sindicato acudieron a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social encontrándose con que no se trataba de un proceso de constitución de un nuevo sindicato sino de uno en el cual, estos trabajadores trataban ilegalmente de asumir el control del SITRADICMP.

De la revisión del expediente, pudo establecerse que se había presentado una solicitud para la inscripción de un nuevo comité ejecutivo, aduciendo que el período de los actuales directivos sindicales estaba próximo a vencer, aún y cuando los períodos de los actuales dirigentes sindicales vencen hasta el 9 de octubre de 2013.  En dicha solicitud se señala como dirección para recibir notificaciones la 9ª Avenida 1-36 de la zona 1 de la Ciudad capital, sede de la denominada “Unsitragua histórica”.

Obra también en dicha papelería una supuesta Convocatoria firmada por el Secretario de Organización y Propaganda del SITRADICMP, la cual nunca fue firmada por el compañero JOSÉ ALEJANDRO REYES CANALES, lo que hace asumir que su firma ha sido un montaje.  De la misma manera se presentó un padrón del cual se elimina la afiliación del Secretario General del Sindicato y otros miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo así como un significativo número de afiliados y afiliadas y se incluye a trabajadores que no habrían presentado su solicitud de afiliación al sindicato, los cuales además fueron supuestamente electos para sustituir al Comité Ejecutivo Legítimo.

Irónicamente dentro de la papelería presentada por este grupo ilegítimo se acompañan copias de resoluciones que solamente pudieron haberles sido proporcionadas a dichas personas por el propio Ministerio Público al tratarse de procesos que aún se encuentran en trámite y, en consecuencia, su publicidad está limitada a las partes que han sido notificadas y de las cuales, el sindicato nunca proporcionó copias, esto para justificar la argumentación utilizada por el propio Ministerio Público en diversos procesos judiciales para deslegitimar a los directivos sindicales legalmente inscritos.

Por último se acompaña una supuesta certificación del acta de una asamblea general extraordinaria que aduce haber sido realizada el 28 de febrero de 2013, en el centro de trabajo y en plena jornada laboral de la institución y en la cual supuestamente estuvieron presentes 80 trabajadores, esto aún y cuando el Ministerio Público nunca ha otorgado permisos laborales al sindicato para la realización de sus asambleas generales durante la jornada de trabajo y dentro del centro de trabajo. 

Esta certificación se hace teniendo a la vista un libro de actas y acuerdos inexistente y documenta un acto en el cual se indica fueron electas 9 personas para ocupar los cargos en el Comité Ejecutivo y 3 personas para ocupar los cargos en el Consejo Consultivo del SITRADICMP, debiendo indicarse que ya los tres miembros supuestamente electos para formar parte del Consejo consultivo de la organización han denunciado que sus nombres han sido utilizados sin su conocimiento ni autorización, que nunca participaron en una asamblea, que nunca fueron convocados a la misma y que nunca resultaron electos y en dos casos incluso que no son afiliados al Sindicato.

De conformidad con lo que denuncian los trabajadores de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, estas personas aducen tener reuniones permanentes con las altas autoridades del Ministerio Público y que estas les han asegurado su total apoyo.

El MSICG lamenta, de confirmarse la participación de las altas autoridades del Ministerio Público, este nuevo ataque contra el SITRADICMP; así como la participación que en la serie de ilícitos incurridos con la finalidad de defenestrar ilegalmente a los miembros legítimos del Comité Ejecutivo del SITRADICMP ha tenido la denominada UNSITRAGUA HISTÓRICA y anuncia que desde el conocimiento de tales circunstancias se han puesto en marcha las medidas que nuestro Estado de derecho impone,  así como deducir todas las responsabilidades, de cualquier índole, que estos actos acarreen al tenor de nuestro ordenamiento jurídico.

El MSICG denuncia que los directivos legítimos del SITRADICMP han estado siendo objeto de seguimiento por parte de personas desconocidas y que la sede del MSICG ha sido merodeada por personas a las cuales los trabajadores han identificado como personal del Ministerio Público. En este marco y como oportunamente se hizo ante el Ministerio de trabajo y previsión social insta al Estado de Guatemala a garantizar la seguridad personal de los directivos del SITRADICMP.

El MSICG, reitera su apoyo irrestricto a su afiliado SITRADICMP y a sus directivos sindicales democrática y legalmente electos y exige del Ministerio Público y del Ministerio de Trabajo y Previsión Social un objetivo cumplimiento de los deberes que les impone nuestra legislación en el marco del pleno respeto a la libertad sindical.

Guatemala, 16 de abril de 2013.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- felicita al hermano pueblo bolivariano de Venezuela por la nueva lección de democracia que han impartido a Latinoamérica y al mundo entero al tiempo que condena la estrategia fascista de desestabilización impulsada por el candidato vencido en los comicios presidenciales realizados el 14 de abril de 2013 y mediante el cual sumó su segunda derrota consecutiva en menos de seis meses.

El MSICG condena esta nueva estrategia antidemocrática y desestabilizadora a través de la cual se pretende transformar una fiesta electoral en donde el pueblo venezolano ha decidido en un proceso similar al sufrido por Venezuela el 11 de abril de 2002.

El MSICG se solidariza con el pueblo y Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el Presidente Constitucional NICOLÁS MADURO MOROS, con su autoridad electoral, los partidos políticos y funcionarios que se encuentran sufriendo de acosos, asedios y agresiones así como con los medios de comunicación social que están siendo víctimas de vejámenes por parte de las fuerzas derrotadas por el pueblo de Venezuela en las elecciones presidenciales y particularmente con TELESUR y VENEZOLANA DE TELEVISIÓN.

El MSICG recuerda, como expresión más representativa del sindicalismo sociopolítico en Guatemala, que la democracia conlleva la sujeción de la voluntad de las minorías a la voluntad de las mayorías y que las acciones tendientes a justificar con la violencia y la deslegitimación una nueva derrota electoral y a pretender usurpar un poder que la voluntad mayoritaria no ha otorgado se aparta de los principios fundamentales de la democracia.

El MSICG hace un llamado a la oposición en Venezuela a ceñirse a las reglas del juego democrático y a tomar consciencia de que atacando la democracia  no se construye ni democracia, ni futuro.

El MSICG llama también al pueblo bolivariano de Venezuela a no caer en la provocación pero sin que esto implique permitir la destrucción de una democracia que ha costado tanto construir.

El MSICG exige del Gobierno de Guatemala, la inmediata condena a los actos de desestabilización en Venezuela y llama a las organizaciones democráticas de Latinoamérica y el mundo a sumar solidaridad en defensa de la democracia de la hermana República Bolivariana de Venezuela.

Guatemala, 15  de abril de 2013.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG

El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- ha recibido con profunda consternación la noticia del fallecimiento del Comandante, compañero y hermano HUGO RAFAEL CHAVEZ FRÍAS y expresa su solidaridad y condolencias a su pueblo, a su familia, a su gabinete de gobierno y demás poderes del gobierno del pueblo hermano de la República Bolivariana de Venezuela.

El MSICG responsabiliza al compañero HUGO RAFAEL CHAVEZ FRÍAS de habernos devuelto la esperanza en la unidad latinoamericana, la esperanza de la patria grande, de la otra América posible, la de la construcción de democracias reales sobre la base de la inclusión de los eternamente excluidos, la del poder ejercido desde el pueblo y para el pueblo.  El MSICG responsabiliza al compañero CHÁVEZ de haber devuelto la vida a los sueños de Bolivar, de Martí y de todos aquellos que han dejado su vida tras el sueño de un mundo mejor.

La desaparición del compañero HUGO CHÁVEZ, es sólo física y no debemos verla como el final de una era sino como la primera página en la recuperación de la soberanía del pueblo latinoamericano; sus ideas, su batallar constante, su persistencia y sobre todo su éxito en demostrar que la irreverencia de los pueblos hacia los intereses minoritarios que los oprimen puede efectivamente sentar las bases para la democracia real, más que un legado, es un compromiso para todos quienes pudimos hacer propia su irreverencia, admirar su compromiso y añorar que su ejemplo fuese seguido por quienes gobiernan nuestros países.