Viernes, 25 Septiembre 2020 13:55

MSICG CONDENA CIERRE DE SOSEP, SAA, SEPAZ, Y COPREDEH

Desde hace varios meses el MSICG ha venido denunciando el rompimiento del orden Constitucional en el país y la consolidación de una dictadura empresarial de la mano de Alejandro Giammattei Falla con la finalidad de imponer la agenda de este representado principalmente por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- dentro de la cual se encuentra el achicamiento del Estado a su mínima expresión en cuanto pueda ser útil a sus intereses.

Dicha dictadura se ha manifestado en la toma de control por parte de Giammattei Falla del Congreso de la República a través de los 106 diputados que violando la Constitución y el voto popular se han sometido al poder ejecutivo y en consecuencia al sector empresarial, situación que lamentablemente se ha agudizado por la falta de resolución por parte de la Corte de Constitucionalidad de la Acción Constitucional de Amparo Número 2210-2020 que le fuere planteada por el MSICG para que se retornara al orden constitucional.

Este control también se ha extendido al Organismo Judicial al punto que el día de hoy la Corte Suprema de Justicia ha declarado públicamente, en sintonía con el poder legislativo bajo el control de Giammattei, que no acatará las sentencias de la Corte de Constitucionalidad con lo cual facilita que sea precisamente Alejandro Giammattei Falla quien nombre tanto a los magistrados de las salas de apelaciones y tribunales de igual categoría como de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2019-2024, esto a través de los 106 diputados que controla en el Congreso de la República o en su defecto lograr que continúen los actuales magistrados sobre los cuales su control se ha hecho más que evidente en las últimas semanas.

La consolidación de la dictadura empresarial a través de Giammattei Falla ha aprovechado el pánico impuesto por el Covid-19 bajo cuyo pretexto se suspendieron las garantías constitucionales más importantes (reunión, manifestación, organización), se suspendieron contratos de trabajo, se facilitó el despido masivo de trabajadores sin responsabilidad tanto para los empresarios como para el Estado, se impusieron estados de excepción, se liberó de obligaciones tributarias a los empresarios, se endeudó al país y se saquearon las arcas públicas al punto que en este momento el Estado no tiene capacidad para asegurar ni siquiera el pago de salarios de los trabajadores del sector público para el resto del año.

Una vez más la desprotección de la población ha sido facilitada por la Corte de Constitucionalidad que ha omitido la suspensión provisional de las normas impugnadas de inconstitucionalidad por el MSICG dentro del Expediente 1776-2020 en el cual se ha probado que Giammattei Falla ha impuesto los estados de prevención, calamidad pública, y sitio, y ha generado pánico y control social sobre la base de una ley inexistente (Ley de Orden Público) y sin facultades legales para ello e incluso en virtud de la misma evasión de la responsabilidad que le corresponde a dicha Corte como intérprete final y garante del orden constitucional en el marco de los artículos 138, 139 y 268 de la Constitución.

Es en este contexto que se produce el día de hoy el cierre de instituciones creadas como parte del compromiso del Estado de tener políticas que promuevan la paz, la democracia, y la vigencia de los derechos humanos en el país siendo estas la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República -SAA-, (Acuerdo Gubernativo 97-2020); la Secretaria de la Paz de la Presidencia de la República -SEPAZ-, (Acuerdo Gubernativo 98-2020); la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-, (Acuerdo Gubernativo 99-2020); y más recientemente la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente -SOSEP- (cierre anunciado hace unas horas).

La eliminación de tajo de esta institucionalidad y sustitución por parodias institucionales que no reflejan más que la megalomanía y vocación dictatorial del, por ahora, gobernante del país, constituye el retroceso más grande en materia de compromiso con el respeto de los derechos humanos en el país operado desde 1996.

Los cierres de SOSEP, SAA, SEPAZ, y COPREDEH dejan sin sustento a miles de familias en todo el país en plena pandemia del Covid-19 quienes dependían hasta el día de hoy de los ingresos de los trabajadores que laboraban en estas, quienes se suman a los otros miles de desempleados que ha producido y promovido Giammattei Falla.

Mención especial merece el cierre de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP- que impacta de manera diferenciada a las mujeres indígenas, niñas y niños indígenas y adultas mayores del país quienes eran las beneficiarias de los mismos a través de los programas sociales con los cuales se cierra el único servicio social que desde el Estado se prestaban de manera eficiente a la población más vulnerable.

El cierre de SOSEP no obedece solo a la política de achicamiento del Estado ejecutada después de que se saquera al Estado sino que se ejecuta como parte de las políticas de odio, misoginia, discriminación y como una represalia del Presidente de la República hacia las madres cuidadoras que después de laborar más de 20 años en dicha Secretaría en condiciones de esclavitud presentaron una reclamación internacional en el marco de los procedimientos especiales de Naciones Unidas por la violación de sus derechos humanos.

Dicho procedimiento está siendo conocido por la ONU dentro del Expediente AL GTM 4/2020 a través del grupo de trabajo integrado por Meskerem Geset Techane Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas; Clement Nyaletsossi Voule Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Mary Lawlor Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Olivier De Schutter Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; y Tomoya Obokata Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias.

Por lo que el cierre de estas cuatro secretarías y principalmente el cierre de la SOSEP demuestran el desprecio que el Presidente de la República tiene no solo hacia los derechos humanos de la población sino también hacia los mecanismos de control de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas ya que ha llegado a cerrar incluso a la institucionalidad que garantizaba una relación respetuosa con esta como lo es COPREDEH.

El MSICG advierte que estas medidas avizoran una aceleración por parte del poder ejecutivo, del sector empresarial y de sus ahora expresiones satélite, como el Congreso de la República y la Corte Suprema de Justicia, de las medidas con las que se pretende consolidar la dictadura, y que pasan por la remoción y sometiendo de la Corte de Constitucionalidad, del Procurador de los Derechos Humanos, el control de los recursos del IGSS, la privatización la USAC y la eliminación para los empresarios de cualquier responsabilidad social, laboral o tributaria.

A la luz de lo expuesto, el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- se solidariza con las miles de trabajadoras y trabajadores afectados por la decisiones tomadas por el sector empresarial y ejecutadas por Giammattei Falla, a la vez que les manifiesta que en virtud de ser esas acciones ilegales accionará en contra de las mismas para resguardar los derechos humanos de la clase trabajadora y llama a la comunidad internacional a tomar nota de la pérdida de la democracia y compromiso del Estado de Guatemala en el respeto de los Derechos Humanos.

Guatemala, 31 de julio del año 2020.

¡Una sola voz, una sola fuerza!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-

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