Con fecha 13 de febrero de 2015, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- ha sido notificado de la resolución de fecha 5 de febrero de 2015, emitida por la Corte de Constitucionalidad dentro del Expediente 2345-2014 mediante la cual revoca la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia que rechazaba in limine las diligencias de antejuicio promovidas por el MSICG en contra de la Jueza de primera instancia de trabajo y previsión social y de lo económico coactivo del departamento de Quetzaltenango, Abogada CLARA DIRIA ESQUIVEL GARCIA DE AMADO.

El MSICG recuerda que en su momento promovió la Querella en contra de la Abogada CLARA DIRIA ESQUIVEL GARCIA DE AMADO, Jueza de primera instancia de trabajo y previsión social y de lo económico coactivo del departamento de Quetzaltenango por los delitos de Prevaricato, Abuso de Autoridad, Retardo Malicioso, Incumplimiento de deberes y Resoluciones Violatorias a la Constitución.

Dichos tipos penales están relacionados con la conducta mantenida por la citada funcionaria por más de un año consistente en negarse a dictar y ejecutar las órdenes de reinstalación de trabajadores despedidos por participar de la formación de un sindicato de trabajadores y por la negligencia de tramitar en una vía distinta las mismas en contra de las prescripciones legales expresas.

Dichas órdenes de reinstalación debieron emitirse y ejecutarse de conformidad con el Artículo 102 literal q) de la Constitución, la Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad y el artículo 209 del Código de Trabajo, en 24 horas, no obstante ha pasado más de un año sin que la Juzgadora haya cumplido con la ley. La conducta de la citada funcionaria llega al extremo de tramitar las reinstalaciones por una vía distinta a la legalmente prevista y la negativa de apegar su actuación a la ley pese a la existencia de un amparo provisional, también desobedecido, a favor de los trabajadores y trabajadoras.

Para el MSICG resulta preocupante haber tenido que accionar una vez más contra la Corte Suprema de Justicia por su reiterada conducta de mantener en la impunidad los delitos cometidos por funcionarios públicos y especialmente los cometidos por Jueces y Magistrados a la vez que espera que la Corte Suprema de Justicia acate de inmediato la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad en este caso.

El MSICG recuerda la imperiosa necesidad de reformar la Ley en materia de antejuicio de manera que la misma no continúe siendo un instrumento más de garantía a la impunidad así como urge la prolongación del mandato de la CICIG en Guatemala.