El día de hoy, 19 de septiembre de 2012, se apersonaron a las Oficinas Centrales de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- 18 trabajadores despedidos por participar en la formación de un sindicato de trabajadores acompañados del Ministro de Ejecutor nombrado por el Centro Auxiliar de la Administración de Justicia Laboral para hacer efectivas las órdenes de reinstalación emitidas por los tribunales de trabajo y previsión social a favor de los trabajadores despedidos.

A eso de las 9:20 horas, al percatarse de la presencia de los trabajadores y del Ministro Ejecutor encargado de hacer efectiva las reinstalaciones ordenadas por los tribunales de trabajo y previsión social las puertas de la SAT fueron cerradas a efecto de impedir el acceso del funcionario judicial y de los trabajadores para dar cumplimiento a lo ordenado por los tribunales de trabajo. Todo ello a pesar que esta entidad a dicha hora estaba en obligación de prestar servicios al público y de tratarse de un edificio abierto también al público.

Esta situación se prolongó por un espacio aproximado de una hora con treinta minutos y no cesó sino hasta que se hizo notoria la presencia de los medios de comunicación social, ante lo cual las autoridades de la SAT finalmente “autorizaron” el ingreso del  Ministro Ejecutor para ir a la Gerencia de Recursos Humanos en donde fue atendido entre otros, por la Gerente de Recursos Humanos, Ana Cristina Folgar Lemus;  Olga Patricia Castillo Vásquez, Intendente de Asuntos Jurídicos y Jorge Luis Hernández, Gerente de Gestión de Recursos;  no obstante, se denegó el acceso a los medios de comunicación social a dicho lugar.

A pesar de que los tribunales del país habían ordenado la reinstalación inmediata de los trabajadores despedidos y para dar cumplimiento a las mismas se encontraba presente el Ministro Ejecutor la Superintendencia de Administración Tributaria se negó a cumplir con las ordenes de reinstalación aún y cuando las mismas, de conformidad con la ley, debían cumplirse en un máximo de 24 horas y de versar los procesos sobre la violación de una garantía constitucional.

El MSICG lamenta profundamente que a las violaciones al Estado de derecho ya incurridas por la Superintendencia de Administración Tributaria, se sume la opacidad y el incumplimiento de una orden judicial, así como la obstrucción al cumplimiento de las mismas.  Destacando que tal actitud riñe con el discurso de transparencia sostenido por el gobierno de Guatemala que, finalmente, ha sido quien ha nombrado al Superintendente de Administración Tributaria.

El MSICG reitera que el Estado de Guatemala no puede garantizar la dignidad de la persona sino garantiza antes la plena vigencia del Estado de derecho y que ello es un principio vital de transparencia así como que el efecto persuasivo de la ley no está en su texto sino en su efectivo y pronto cumplimiento y; en ese sentido, resulta difícilmente sostenible tanto nacional como internacionalmente que existan cambios en las condiciones de violación a la libertad sindical y a los compromisos asumidos por el Estado en el marco del Capítulo XVI del Tratado de libre comercio suscrito entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de América, DR-CAFTA  (por sus siglas en inglés) cuando son las propias instituciones del Estado las que incluso se niegan a dar cumplimiento a las órdenes judiciales.

Guatemala, 19 de septiembre de 2012.

CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG