El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- en el marco de la Jornada Mundial por el trabajo decente presentó el 23 de agosto de 2011 en el Hotel Pan American al gobierno de los Estados Unidos de América y a nuestra organización hermana AFL-CIO, a través de su Centro de Solidaridad en Guatemala una serie de comunicaciones que denuncian violaciones a los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en el marco del Capítulo XVI del DR-CAFTA (por sus siglas en inglés).

Estas violaciones implican un curso permanente de acciones e inacciones del Estado de Guatemala tendientes a debilitar la protección de la legislación laboral guatemalteca  a efecto de atraer y mantener capitales en Guatemala otorgando ventajas competitivas a determinados sectores de la economía nacional vinculados a la exportación en detrimento de los derechos de los y las trabajadoras.

Estas acciones incluyen el otorgamiento de beneficios de índole tributaria a cuyo goce se ha vinculado el establecimiento de salarios mínimos que no satisfacen los requerimientos de la legislación laboral guatemalteca y la falta de aplicación de la normativa relativa a jornadas de trabajo, seguridad social y libertad sindical y negociación colectiva generando condiciones de dumping social.

El MSICG lamentó la posición del gobierno y del sector empresarial de no dar impulso a la resolución de esta problemática mediante medidas concretas, efectivas y de impactos medibles objetivamente y que, contrario a ello, se pretenda escudar en formalismos esa falta de la voluntad política para la materialización de esos cambios, actitud que ya significó para el Estado de Guatemala la asignación de un párrafo especial por violaciones a la libertad sindical en la Comisión de Aplicación de Normas de la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

El MSICG cree necesario además aclarar a la población guatemalteca que una eventual multa impuesta al Estado de Guatemala por violación de sus compromisos laborales establecidos en el DR-CAFTA no implica que tales recursos vayan a ser entregados a  gobierno de alguno de los Estados parte del tratado sino que la multa tiene como destino la inversión en programas que permitan superar la problemática y para el fortalecimiento del sistema de justicia laboral en Guatemala.

El MSICG manifiestó que continuará con su labor de denuncia y apoyo a los procesos de visibilización y resolución de la problemática que impide la generación el país de condiciones de trabajo decente.

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