Hace unos minutos la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras Argueta informó a la población que por intermedio de la Fiscalía de Delitos Administrativos había procedido a presentar ante los órganos jurisdiccionales el antejuicio correspondiente en contra de los diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la República derivado de la resolución emitida el 29 de junio de 2020 por la Corte de Constitucionalidad; y en contra de 92 diputados del Congreso de la República y 13 magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones por denuncias interpuestas en su contra.

Asimismo la Fiscal General informó que también había presentado antejuicio en contra de 6 MAGISTRADOS DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD por denuncias interpuestas en su contra siendo estos los magistrados Gloria Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera, José Francisco De Mata Vela, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Maria Cristina Fernández García, y José Mynor Par Usen cuyo antejuicio se promueve por que se presume cometieron los delitos de Violación a la Constitución, resolución violatorias a la Constitución, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias, asociación ilícita revelación de información confidencial o reservada y prevaricato.

El pronunciamiento de la Fiscal General se produce minutos después de que la Cámara del Agro y la Cámara de la Industria (ambas miembros del CACIF) denunciarán un rompimiento al orden constitucional ejecutado por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por las resoluciones emitidas en el marco del proceso de elección de magistrados del poder judicial para el período 2019-2024.

De conformidad con el Decreto 85-2002 del Congreso de la República Ley en materia de Antejuicio, el antejuicio presentado contra los 13 Magistrados de la Salas de la Corte de Apelaciones, contra los 92 diputados del Congreso de la República y contra los miembros de la Junta Directiva de este es conocido por la Corte Suprema de Justicia en tanto que el antejuicio presentado contra los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera, José Francisco De Mata Vela, Bonerge Amilcar Mejía Orellana, Maria Cristina Fernández García, y José Mynor Par Usen es conocido por el Congreso de la República.

En ese contexto es necesario traer a colación que desde hace meses el MSICG ha venido denunciando la consolidación de la dictadura del sector empresarial en el país alrededor de la figura de Alejandro Giammattei Falla, que se ha reflejada en el control que este tiene de 106 diputados en el Congreso de la República a pesar que su partido solo obtuvo curul para 17 diputados y la obstaculización que a través de dichos diputados ha hecho para impedir la elección de magistrados del poder judicial hasta en tanto no venza el período para el cual fueron electos los actuales magistrados de la Corte de la Constitucionalidad o se logre su captura y procesamiento.

También hay que recordar, el control que el Presidente de la República tiene de la actual Corte Suprema de Justicia y poder judicial al punto que con fecha 31 de julio del año 2020 la Corte Suprema de Justicia declaró públicamente que no acataría las sentencias de la Corte de Constitucionalidad por considerarlas ilegales.

Dicho esto es evidente que la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público María Consuelo Porras Argueta se ha sumado al rompimiento del orden Constitucional en el país y a la consolidación de la dictadura al facilitar mediante los antejuicios presentados que sea el Presidente de la República el que a través del control que tiene de la Corte Suprema de Justicia rechace liminarmente el antejuicio presentado en contra de los diputados y los magistrados de Sala de la Corte de Apelaciones y a su vez sea este a través de sus 106 diputados que controla en el Congreso de la República el que retire la inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Gloria Porras Escobar, Neftaly Aldana Herrera, José Francisco De Mata Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana, María Cristina Fernández García, y José Mynor Par Usen y se proceda a agotar el procedimiento formal para su captura y encarcelamiento.

El MSICG condena las acciones de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público que consuman el rompimiento del orden constitucional en el país y la consolidación de la dictadura del sector empresarial tras la figura de Alejandro Giammatei Falla y el control que este tiene de sus 106 diputados en el Congreso de la República y de la Corte Suprema de Justicia y alerta a la población a estar pendiente de lo que ocurrirá en las próximos días que podría derivar en la captura de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y en la instauración definitiva de una dictadura del CACIF en Guatemala.

Asimismo hace un llamado a la comunidad internacional a tomar las medidas necesarias para desconocer la legitimidad de la naturaleza democrática de un régimen desprovisto de los controles y contrapesos constitucionales.

Guatemala, 7 de agosto del año 2020.

¡Una sola voz, una sola fuerza!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-