Con fecha 27 de julio del año 2020 trascendió a nivel nacional que “a petición” de la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso de la República integrada por los diputados Víctor Israel Guerra Velásquez (UNE), Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla (CREO), Cándido Fernando Leal Gómez (VAMOS), Darwin Alberto Lucas Paz (UNE), Olga Marina Juárez Alfaro (UNE), Félix Danilo Palencia Escobar (UNE), Raúl Antonio Solórzano Quevedo (UNE), Aroldo José Ríos Gamarro(UNE), y, Rubén Misael Escobar Calderón (UNE), el Presidente de la República Alejandro Giammattei Falla a través del Procurador General de la Nación Jorge Luis Donado inició acciones destinadas a la destitución inmediata del Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-.

Es de destacar que los diputados que integran la Comisión relacionada forman parte de los diputados alineados al bloque oficialista y que no es la primera vez que Giammattei y el sector empresarial intentan remover al Presidente de Junta Directiva del IGSS y vulnerar la autonomía del IGSS para apropiarse de los fondos de este que pertenecen a la clase trabajadora, antes bajo el argumento de mala gestión y ahora bajo el argumento de anomalías y supuestos ilícitos penales.

El artículo 100 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el IGSS es una institución autónoma lo que presupone que en la misma o en su administración no puede operarse la intervención de los poderes del Estado, de esa cuenta, el nuevo intento por parte de Alejandro Giammattei Falla y de los al menos 106 diputados del Congreso de la República sometidos a su voluntad y la del sector empresarial, es por antonomasia violatorio de dicha norma constitucional.

El artículo 203 de la Constitución Política de la República preceptúa que cuando se trata del juzgamiento de supuestos delitos o faltas así como de la imposición de alguna pena, la administración de justicia es una facultad asignada constitucionalmente con exclusividad al poder judicial, desvanecida la presunción de inocencia y al agotarse el debido proceso legal habiendo observado las garantías procesales previstas por los artículos 12, 44, 46 de la Constitución; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Los artículos 5, 152, 154 y 155 de la Constitución Política de la República desarrollan el principio de legalidad estableciendo que los funcionarios públicos, como lo es el caso del Presidente de la República, el Procurador General de la Nación, los diputados del Congreso de la República e incluso los propios miembros de la Junta Directiva del IGSS solamente tienen las facultades que expresamente les reconoce la ley resultando arbitrario e ilegal todo aquello que exceda dichas facultades expresas.

En consecuencia ni la Constitución Política de la República ni la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, facultan al Presidente de la República, a los diputados o a los miembros de la Junta Directiva del IGSS para evadir el debido proceso legal ni para usurpar las funciones que agotado este, la Constitución asigna al poder judicial, de la misma manera en que los artículos 4, 8, 9 y 11 del Decreto 295 del Congreso de la República tampoco incluyen la posibilidad de una responsabilidad penal dentro de las causas susceptibles de ser conocidas y resueltas por la Junta Directiva del IGSS, debiendo apuntarse que las causa de remoción de un miembro de la Junta Directiva del IGSS se establecen números clausus por el artículo 11 de dicha Ley y dentro de estas no figuran las que de manera ilegal se ha atribuido invocar Alejandro Giammattei a través del Abogado del Estado, Procurador General de la Nación.

En ese sentido, lo que existe en este caso es una nueva embestida por parte del gobierno de Alejandro Giammattei, de sus al menos 106 diputados que han producido un rompimiento del orden constitucional al violar la prohibición expresa del artículo 141 de la Constitución sometiendo el Congreso a la voluntad de Giammattei y del CACIF que una vez saqueado el Estado en más de 29 mil millones de quetzales bajo el argumento de la Pandemia de Covid-19 pretenden ahora saquear los recursos del IGSS y para ello necesitan someter la autonomía del IGSS, como han sometido la independencia del poder legislativo y del poder judicial de facto que sigue operando en el país sobre la base de la desobediencia de un mandato constitucional y de un fallo judicial por parte del Congreso de la República que ha sido reducido a una oficina de intereses legislativos de Giammattei y del CACIF.

El MSICG alerta a la población en general y particularmente a la clase trabajadora respecto a que los intentos de remover al Presidente de la Junta Directiva del IGSS se producen con la finalidad de llevar a cabo el plan de saqueo total al pueblo de Guatemala que se ha manifestado en varias etapas por parte de este gobierno; la primera, la privación de la capacidad de resistencia de la población mediante la limitación permanente de las garantías constitucionales; la segunda, el saqueo de los recursos del Estado aprovechando el pánico generado con motivo de la pandemia del Covid-19; la tercera, el saqueo de los recursos del IGSS; la cuarta, la eliminación de controles de transparencia,constitucionalidad y respeto de los derechos humanos; la quinta, la privación de los derechos reconocidos al trabajo y de las obligaciones tributarias de los empresarios que fuerzan a achicar el Estado como producto del desfinanciamiento y la sexta, la privatización de la seguridad social y de la única universidad pública en Guatemala.

Dicho esto, el MSICG hace un llamado a la sociedad guatemalteca para la defensa del orden constitucional, del IGSS, de los derechos reconocidos al trabajo y del derecho a una política fiscal basada en el principio de justicia social en donde la carga tributaria se distribuya en mayor medida en quienes más tienen para financiar un Estado que, lejos de achicarse, debe garantizar el acceso a la población al menos a mínimos de dignidad.

El MSICG alerta nuevamente a la comunidad internacional sobre la existencia en nuestro país de un rompimiento del orden y equilibrio constitucional así como de la pérdida de las garantías democráticas llamándoles a activar los mecanismos de protección de la democracia y los derechos humanos.

Guatemala, 27 de julio de 2020.

¡Una sola voz, una sola fuerza!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-