Durante la cadena nacional del 26 de julio en horas de la noche, el Gobierno de Alejandro Giammattei ratificó lo que se ha venido diciendo desde el inicio de la crisis y es que, básicamente, las medidas adoptadas nunca han tenido como fin la protección de la vida y la salud de la población sino solamente favorecer el saqueo de los recursos del Estado y garantizar el negocio al sector empresarial.

Si bien es cierto, desde el inicio de su gestión quedó claro que lo que Giammattei pretendía era una gestión dictatorial, plutocrática y despótica aprovechando los temores de la población para justificar el negarles las garantías esenciales para la democracia recurriendo a la imposición de limitaciones de estas bajo el argumento del resguardo del orden público, cosa que comenzó a hacer a dos días de haber asumido el poder; la pandemia del Covid-19, como lo manifestamos en su momento y como todos pueden confirmarlo ahora, fue una circunstancia aprovechada por el nuevo dictador para hundir en el pánico a la población, eliminar los controles del Estado bajo el ofrecimiento a los corruptos tradicionales y a los neo corruptos de una participación en el saqueo de los recursos del Estado y de la población.

Así pues, hoy tenemos una población desprotegida, un Estado desfinanciado y sin contrapesos, un sector empresarial imponiendo su agenda y un Presidente que no solo no es el Presidente de las guatemaltecas y guatemaltecos sino un administrador del sector empresarial y un funcionario público que lejos de respetar al pueblo se burla de éste en cadenas nacionales donde exhibe su histrionismo y su falta de respeto al dolor, necesidades y sufrimiento del pueblo.

Bajo la misma lógica que presupondría responder a que si la gente tiene hambre porque no tiene pan entonces deba comer pasteles, las medidas anunciada por Alejandro Giammattei son un verdadero insulto a la población.

Esto porque el Covid-19 no ha sido enfrentado por el gobierno en los hospitales ni con medicinas, sino en el Excel y ante las cámaras, mintiendo, con pésimas actuaciones y manipulando la información para privar a la población de la posibilidad de tener consciencia respecto a la cantidad real de infectados, el número real de fallecidos como consecuencia de esta y la gravedad de la enfermedad. La pandemia, básicamente se ha enfrentado sin más insumos ni materiales que la mentira al centralizar la información con la complicidad de la prensa que ha decidido, por alguna razón, dejar de cuestionar, investigar y buscar al menos una verdad creíble.

Haciendo un poco de memoria es preciso recordar que el Gobierno de Alejandro Giammattei, cuando debía tomar medidas oportunas como las tomadas en otros países que han sobrellevado de mejor manera la pandemia incluso sin endeudarse, decidió crear pánico para estigmatizar a los infectados, justificar la imposición de una dictadura e imponer la agenda por la que el CACIF ha venido pujando desde hace más de 20 años, y encerró a la población no infectada dejando circular libremente y sin restricciones a quienes venían de afuera como portadores del virus solo para aprovechar el pánico y la falta de resistencia a la población; luego, tomó medidas para producir aglomeraciones y más pánico y al final, cuando ya todas las falencias anteriores hacen estúpido someter a la población a aglomeraciones, toman medidas para forzarlas, como las anunciadas en la cadena nacional del 26 de julio que no solo significarán más contagios sino que castigarán todavía más económicamente a la población porque básicamente, los que aún no han sido despedidos, trabajarán solo para pagar pasajes y multiplicar el riesgo de contagiarse tanto ellos como sus familias.

Ahora bien, existe un objetivo diabólico del Gobierno detrás de todo esto que va más allá de la intención de garantizarse el apoyo del CACIF de cara a la eliminación de los pocos controles posibles en el Estado como la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos para poder libremente completar el control de los 3 poderes del Estado y los 2 controles de garantías (PDH y CC) y es el de provocar más contagios y más muertes para que el dolor y más pánico de la población le permitan imponer con un Congreso bajo su control y sin resistencia social la agenda legislativa del CACIF que pasa por la reducción del Estado para forzar la privatización de servicios públicos con leyes orientadas a facilitarla y eliminar o debilitar los controles de transparencia, la eliminación de las garantías laborales mediante la aprobación de la Iniciativa 5477 (Sobre trabajo a tiempo parcial) y el proyecto de Código Procesal Laboral presentado por la Corte Suprema de Justicia para asegurar que los derechos que no puedan privarse en la ley se puedan privar en la práctica por los tribunales y una serie de disposiciones que eliminen cualquier posibilidad de que pueda exigírsele a los empresarios el pago de impuestos.

No está de más decir que a esta vulnerabilidad de la población debe sumarse la producida por el endeudamiento en que ha incurrido e incurrirá aún más la gente para subsistir, pagar servicios, garantizarse protección e higiene, tratar o sepultar a sus familiares porque aunque el Estado se endeudó para tal fin, esos recursos, como todo lo ofrecido por el gobierno durante esta pandemia transitan entre la mentira y lo imaginario de Giammattei como vendedor de un eterno futuro.

Es por ello que a pesar de que las medidas anunciadas por Giammattei básicamente son irrelevantes para la protección de la población de un posible contagio, como la del toque de queda cuando ya ha terminado la jornada de trabajo y levantado antes de que empiece, que abarca menos de las 8 horas de sueño, de un supuesto semáforo controlado desde la manipulación de la información por el gobierno y que a conveniencia del sector empresarial sirven para justificar que se mantenga la privación de las garantías constitucionales para permitirle al gobierno dos cosas; una, gastar sin controles de transparencia y; dos, la posibilidad de reprimir bajo el argumento del pánico, cualquier descontento en la población cuando comience a verse acorralada por el hambre, los contagios y la muerte.

Esto porque los Estado de Excepción impuestos por Giammattei, como la práctica lo ha demostrado, solo han servido para reducir las garantías democráticas y para eliminar los controles de transparencia en el gasto público y para nada que se asemeje al control de la pandemia, se ha tratado exclusivamente sobre del control del dinero y de la población.

Pero todo esto es también responsabilidad de la Corte de Constitucionalidad que ha permitido que Giammattei abuse de los estados de protección del orden público previstos en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala ya que estas normas requieren para facultar al Presidente a imponerlos de los parámetros racionales que deben ser regidos por una ley de orden público aprobada en armonía con los principios constitucionales de la Constitución de 1986 ya que esta al entrar en vigencia derogó la ley de orden público a la que Giammattei ha recurrido para justificar la restricción de las garantías constitucionales de la población (Decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de 1965).

Es preciso indicar que la omisión de la Corte de Constitucionalidad de dictar la suspensión provisional de las normas impugnadas por el MSICG dentro del Expediente 1776-2020, cuestionadas precisamente por haber sido dictadas por el Presidente sobre la base de una ley inexistente (Ley de Orden Público) y sin facultades legales para ello, y de la evasión de la responsabilidad que le corresponde a dicha Corte como interprete final y garante del orden constitucional en el marco de los artículos 138, 139 y 268 de la Constitución profundizan más la vulnerabilidad de la población.

En este marco, el MSICG alerta una vez más a la población y a la comunidad internacional sobre la pérdida en Guatemala de las garantías democráticas e insta a actuar en consecuencia al tiempo que ratifica la existencia de una responsabilidad directa por parte de los funcionarios que integran el neo pacto de corruptos en el desfinanciamiento, desmantelamiento del Estado y la perdida innecesaria y evitable de vidas humanas como consecuencia del Covid-19 en Guatemala.

De la misma forma, el MSICG hace un llamado urgente a la Corte de Constitucionalidad para que asuma su deber legal e histórico de restaurar el orden constitucional e impedir la ilegal restricción de garantías constitucionales por parte del Presidente de la República hasta en tanto no se cumpla con la condición racionalizadora y habilitante que demandan los artículos 139 y 22 de las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política de la República.

Guatemala, 27 de julio de 2020.

¡¡¡Una sola voz, una sola fuerza!!!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO MSICG