Cuando apenas ha trascurrido una dieciseisava parte (6.25%) del mandato del actual Presidente de la República, las guatemaltecas y guatemaltecos podemos asegurar que el año 2020 ha traído a Guatemala dos de los eventos más catastróficos de su historia reciente; el primero, la toma del mandato presidencial por Alejandro Giammattei y; el segundo, la pandemia del Covid-19.

A su vez estos dos eventos han provocado los dos más grandes desastres vividos en la historia del país; primero, la pandemia del COVID 19 que se ha manifestado en una crisis humanitaria generando la muerte, la miseria y la desprotección de la población como consecuencia del aprovechamiento por parte del Gobierno de Giammattei de la pandemia para impulsar una agenda empresarial tan agresiva como regresiva en el plano laboral, social y tributario y para someter los recursos del Estado a un saqueo que supera por mucho al que pudieron realizar en conjunto las administraciones en los últimos 12 años debiendo apuntar que la administración de Giammattei ha logrado superarlos sin siquiera haber cubierto el 10% de su mandato.

El segundo desastre, de naturaleza democrática, manifestado en un gobierno realizado dictatorialmente desde el 17 de enero de 2020 por medio de la limitación de las garantías constitucionales mediante estados de prevención, calamidad y de sitio, tanto en todo país como en aquellos municipios en los existen intereses empresariales en juego; a través del control del de éste del Congreso de la República por vía de la instauración de una bancada oficial de facto que incluye al menos a 106 diputados que hacen tan inexistente como ilusoria cualquier posibilidad de oposición y equilibrio quienes realizan una condición expresamente prohibida por el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala; y de la instauración de un poder judicial de facto sostenido y facilitado por el control del Ejecutivo del Legislativo.

De esa cuenta, el rompimiento del orden constitucional en Guatemala se presenta como un Poder Ejecutivo gobernando sobre la base de la fuerza o amenaza de su uso a través de la limitación de las garantías constitucionales; un Poder Legislativo sometido a la voluntad del Ejecutivo por una bancada de facto constituida por al menos 106 diputados y por una oposición parlamentaria que se niega a ver que su existencia es poco menos que la de una oposición formal y un Poder Judicial también de facto establecido y mantenido sobre la base de la desobediencia por parte del Poder Legislativo a los fallos de la justicia constitucional con el único fin de mantener las actuales magistraturas si no puede garantizarse que intereses ajenos a la justicia puedan jugar un papel dominante en la administración de justicia como ya lo ha demostrado la actual Presidenta del Organismo Judicial que se ha prestado a usar la iniciativa de ley para presentar al Congreso las propuestas legislativas anheladas por el sector empresarial desde hace años para profundizar la impunidad, la miseria y exclusión social de la población.

Este mismo curso de acción, es decir, de desobedecer los fallos de la justicia constitucional, para garantizar los intereses empresariales ha llevado nuevamente al gobierno de Alejandro Giammattei a hacer uso de la fuerza o amenaza de la misma imponiendo un Estado de Sitio en los municipios de El Estor, Morales y Livingston del departamento de Izabal; y en Panzós y Santa Catalina la Tinta del departamento de Alta Verapaz, medida que, extrañamente, tardó más en publicarse que en recibir el apoyo de la cúpula empresarial guatemalteca.

Ahora bien, un Estado democrático o al menos un Estado civilizado se sostiene sobre la base de la existencia y efectividad de garantías públicas como la separación de poderes, la independencia judicial, el respeto de los fallos judiciales y el respeto de las garantías constitucionales que protegen las libertades fundamentales de las personas, condiciones que en estos momentos no existen en Guatemala y que han sido ratificadas al demorarse la elección del Poder Judicial y pretender continuar gobernando sobre la base de la fuerza o la amenaza de usarla criminalizando el ejercicio de las garantías constitucionales que es el efecto jurídico de los estados excepcionales de orden público, particularmente cuando como en este caso se recurre a un Estado de Sitio que es una medida eminentemente militar para garantizar o impedir, la toma por la fuerza de un territorio.

En ese sentido, el mensaje del sector empresarial evidente en las acciones del gobierno de Alejandro Giammattei, es que actualmente la legalidad guatemalteca considera, concibe y trata como una amenaza al poder público el acceso y ejercicio de la población a sus garantías constitucionales particularmente las que protegen las luchas del pueblo en defensa y por el respeto de los derechos humanos y esta visión no es sino la visión típica de una dictadura, en este caso, sustentada en una bancada mayoritaria en el Congreso de la República y un Poder Judicial de facto cooptado por el Ejecutivo para el servicio exclusivo del poder económico.

En este marco, el MSICG reitera a la comunidad internacional la existencia en Guatemala de una crisis humanitaria provocada por el propio Gobierno que está causando muertes que pudieran haberse evitado con el solo uso transparente de los recursos accedidos por el Estado para atender la pandemia del Covid-19 si efectivamente se hubieran utilizado para ello y una pérdida del sistema democrático manifestada en la ausencia de garantías publicas tan elementales como la separación de poderes, la independencia judicial y el respeto a los fallos judiciales ilegitimizando los poderes del Estado y el establecimiento de un gobierno realizado sobre la base de la fuerza o amenaza de su uso contra la población a través del abuso de los estados excepcionales de restricción de las garantías de la población para criminalizar la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos de la población.

A la vez que llama a la comunidad internacional a estar alerta ante el desarrollo de los acontecimientos en Guatemala y a garantizar por las vías que admite el derecho internacional el retorno a la democracia, al Estado de derecho y al cese de las restricciones y amenazas a los derechos humanos de la población y de los pueblos en Guatemala.

Finalmente el MSICG insta a la Corte de Constitucionalidad a resolver la Acción de Inconstitucionalidad tramitada dentro del Expediente 1776-2020 que le fuere plantada por la Central Sindical y mediante la cual se pondría fin a la utilización por parte del Presidente de la República de los estados de excepción como mecanismos para extender el autoritarismo.

Guatemala, 20 de julio de 2020.

¡Una sola voz, una sola fuerza!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-