De conformidad con el artículo 141 de la Constitución Política de la República “La soberanía radica en el pueblo quien la delega, para su ejercicio, en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial. La subordinación entre los mismos, es prohibida”.

Esta división de poderes es vital para el sistema democrático puesto que desde el punto de vista político impide la concentración del poder en el Presidente de la República previniendo con ello la instauración de una dictadura presidencial o de los intereses representados por el Presidente sino que, desde el puno de vista práctico, busca que la lógica de contrapesos lleve a las políticas del Estado a ser el reflejo de los intereses y necesidades mayoritarias y habida cuenta de esto las personas percibamos más allá del discurso y la formalidad en nuestro diario vivir un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y no el accionar de un mero administrador feudal.

Esta separación de poderes es tan importante para nuestro ordenamiento constitucional que la prohibición de la subordinación de un poder el Estado frente a otro es parte del reducido número de prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República ya que la debilidad, ausencia o mediocridad de estos controles constitucionales hacen que se ponga en riesgo la paz social al desaparecer paulatinamente incluso la sensación formal de que se vive en una democracia.

En una situación tan apremiante a nivel mundial como la producida por la pandemia del COVID-19, la existencia de este control democrático en lo local es más que imperativa puesto que la subordinación de poderes puede conducir no solo a la instauración de una dictadura, sino a la inefectividad nacional y global de las medidas de contención de la pandemia y a que esta solo sirva de excusa para la toma de decisiones y medidas que a largo plazo, tendrán peores y más graves efectos que el propio virus para una población cada vez más empobrecida.

Manifestamos lo anterior porque para el MSICG es mucho más que evidente; primero, que las medidas implementadas por el gobierno tienden a garantizar no solo la inafectabilidad del sector empresarial sino también la obtención de mayores beneficios para los empresarios traducidos en la liberación para estos de su deber de solidaridad frente a sus propios trabajadores y trabajadoras y ante la sociedad así como una serie de medidas para compensarlos por efectos que no han sufrido puesto que sus responsabilidades sociales han sido asumidas directamente por el Estado a través de endeudamiento público que pagará la clase trabajadora incluso las generaciones que no han nacido aún.

En segundo lugar, porque existe una total opacidad en el manejo de la crisis y ello hace temer que las medidas de aislamiento a las que se nos ha sometido como sociedad y con las que se ha castigado exclusivamente la economía de los más desprotegidos tengan como único efecto la generación de un escenario que haga viable mediante el pánico social la toma de medidas que no atienden una crisis sino los efectos de las medidas adoptadas como cortina de humo para la concesión de más beneficios al sector empresarial.

Esto porque el objeto de las medidas de aislamiento es preparar las condiciones para enfrentar un inminente pico de incidencia de la pandemia; pese a ello, sabemos del aislamiento mas no de información precisa que nos indique, por ejemplo, la calidad de aparatos de asistencia respiratoria disponibles, cuales son los protocolos y tratamientos que se están utilizando, si contamos con los medicamentos que han mostrado mayor efectividad en el tratamiento de la pandemia en otros países y las existencias disponibles de esos medicamentos para uso inmediato por el sistema de salud pública; y esta opacidad, nos ha llevado también a fallar en el objetivo de humanidad porque, aunque se ha anunciado un numero de recuperados de la enfermedad en un tiempo record, no se ha informado a la comunidad internacional del protocolo de tratamiento y medicamentos utilizados para obtener esos resultados tan esperanzadores y de esa forma contribuir al objetivo que como humanidad perseguimos y sin el que el COVID-19 no dejará de ser una amenaza latente.

El Congreso de la República ha omitido cuestionar estos aspectos, como debiera hacerlo y es su deber constitucional, y no ha empeñado esfuerzos para asegurar respuestas y certeza a la población; por el contrario, es un Congreso sumergido en discusiones triviales y empeñado en garantizar que los dictados del poder ejecutivo se cumplan, incluso cuando violando la propia Constitución el Presidente insta y hace apología del rompimiento de los controles constitucionales anunciando que ha prohibido a los Ministros y funcionarios atender la labor fiscalizadora del Congreso, se trata también de un Congreso que se empeña en mantener la línea de favorecimiento del sector empresarial a costa de la población.

Este accionar, sumiso e irresponsable del Congreso de la República nos ha llevado a una realidad que, aunque, pueda escucharse como broma refleja precisamente lo que la Constitución pretendía evitar prohibiendo y haciendo inconstitucional la subordinación de poderes, ya que seguramente buena parte de la población viendo el accionar del Legislativo nos sentiríamos más seguros y protegidos del COVID-19 si se hubiese obligado a los diputados a quedarse en sus casas en lugar de permitirles salir a veranear, embriagarse y legislar como lo han venido haciendo escudados en la inmovilización forzada de la población y confiados en la creencia de que una vez electos, no deben cuentas a nadie y pueden en consecuencia actuar ignorando a sus mandantes.

Para el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco -MSICG- existe una evidente e inconstitucional subordinación práctica del poder legislativo al poder ejecutivo manifestada incluso en que la propia supuesta e inexistente oposición se limite a pretender insertar curitas dentro de la andanada de golpes infligidos a la población desde el poder ejecutivo.

En ese marco, el MSICG llama a sus bases, a las organizaciones sociales y comprometidas con la construcción de democracia y a la población en general a plantearse la necesidad de identificar a los diputados y partidos depurarles como punto de partida para exigir y hacer que se lleve a cabo un proceso depurativo del Congreso de la República de Guatemala que permita restaurar la separación de poderes y los contrapesos que han sido eliminados por la voluntad e intereses de los diputados y sus patrocinadores y que están sometiendo a la población a un régimen dictatorial y plutocrático y en consecuencia, antidemocrático y contrario a los principios constitucionales.

Guatemala, 3 de abril de 2020.

¡Una sola voz, una sola fuerza!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO MSICG