El MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG- observa con preocupación que cada vez más se pongan de manifiesto los altos niveles de politización de las instituciones del sector justicia y particularmente del Ministerio Público y la Corte de Constitucionalidad.

Cabe recordar que en múltiples ocasiones el MSICG se ha referido al papel que ha desempeñado la Corte de Constitucionalidad al vulnerar sistemáticamente las garantías constitucionales que protegen al trabajo, al concentrar en si misma los poderes del Estado, eliminar la seguridad jurídica del debido proceso, y al generar un sistema de impunidad a sus miembros, siendo dichos magistrados los únicos funcionarios públicos de todos los Estados democráticos del mundo que no están sometidos a la Constitución Política de la República y las demás leyes del país, y que no son responsables de los actos que cometen o cometan a futuro en el ejercicio de sus cargos.

La actuación de la Corte de Constitucionalidad en el actual proceso de elección de magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia no ha sido la excepción, en este caso la Corte de Constitucionalidad ha obstaculizado el trabajo de las Comisiones de Postulación una y otra vez retrotrayendo y anulando el proceso en rompimiento de todas las reglas que rigen el amparo, admitiendo para su trámite acciones de amparo de sujetos sin legitimación activa para interponerlas, llevando los efectos del amparo a actos distintos que los reclamados y retrotrayendo sus efectos a circunstancias que habían sido consumadas antes de la promoción del amparo y el otorgamiento de la suspensión provisional.

Y en esa lógica de actuación después de haber roto el orden constitucional al prorrogar el período en funciones de los actuales magistrados que debieron haber dejado el poder desde el mes de octubre del año 2019, les confiere en resolución de fecha 26 de febrero del año 2020 dictada dentro del Expediente 1169-2020 un mandato por tiempo indefinido al impedir que el Congreso de la República proceda a realizar la elección para retornar al orden democrático y sustituirlos.

Si bien los procesos de nombramiento de magistrados del país siempre han estado viciados lo cual se refleja en el sistema de justicia fallido que afecta con mayor crudeza a los trabajadores y sus familias, las maniobras actuales, lejos de obedecer al fortalecimiento del sistema de justicia y a la observancia de la legalidad, como se pretende aducir, son el reflejo de la puja por el control de una agrupación política y la intención de esta de mantener el control del poder judicial, de la puja de grupos emergentes que pretenden dar continuidad a las estructuras de poder que han venido incrustando en el sector justicia y la continuidad de las estructuras tradicionales que se han beneficiado históricamente con el sistema de justicia que prevalece.

Es preciso recordar que el proceso de elección de magistraturas comprende dos etapas, una sometida a instancias multisectoriales cuya finalidad es la de trasladar una nómina de candidatos al Congreso de la República de tal manera que la función política del órgano elementalmente político, creado como tal por la Constitución y cuya representatividad formal se manifiesta en cada uno de los miembros que conforman se vea obligado a limitar sus opciones de elección a las provistas por las Comisiones de Postulación; debiendo acotar que en ambas instancias es viable la fiscalización social.

No obstante, la fiscalización social no presupone ni implica, por seguridad del propio orden constitucional, la limitación de la autonomía y responsabilidad vinculada al ejercicio de las atribuciones que la propia Constitución asigna a los distintos órganos del Estado y, de esa cuenta, no puede impedirse legalmente que un órgano cumpla con las funciones que la Constitución le asigna cuando ha agotado el debido proceso legal para ello y menos aún alterar, bajo el argumento de la fiscalización, los limites expresos establecidos por la propia Constitución al mandato de los funcionarios judiciales.

Si lo que se pretende es garantizar un sistema de justicia efectivo, independiente e imparcial, la vía no es obstaculizar la elección de magistrados para relevar a quienes ya han excedido los límites de su mandato sino garantizar que contra los mismos se podrán deducir las responsabilidades penales correspondientes en caso de delito eliminando para ello el privilegio del antejuicio que ha sido utilizado como una garantía de impunidad por la Corte de Constitucionalidad o de presión política.

Es en este marco de crisis democrática derivada del rompimiento del orden constitucional que el MSICG urge al Congreso de la República, por un lado a convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de reformar la Constitución Política de la República en lo que atañe al proceso de elección de magistrados, y de reforma y replanteamiento de los controles de constitucionalidad.

Y por el otro, a reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público para revertir las reformas que se realizaron para perpetuar en el cargo al Jefe del Ministerio Público y la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad a los efectos de que la garantía del amparo y el alcance de las resoluciones que en estos procesos se emitan se enmarquen en el respeto de la Constitución y leyes del país sin el riesgo de que nuevamente la institucionalidad y estabilidad del Estado se conviertan en rehenes de interese ajenos a los de la administración de justicia.

Finalmente el MSICG insta al Congreso a que proceda sin demoras a tomar las medidas que corresponde para retornar al orden constitucional.

Guatemala, 27 de febrero de 2020.

¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-