El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ha manifestado su preocupación por la vulneración del derecho de decidir y los actos de represión y violencia institucional ejecutados por el gobierno de España en contra del pueblo de Catalunya para impedir el ejercicio de este derecho elemental para toda democracia.

Más preocupante aún resulta el encarcelamiento de los líderes sociales JORDI CUIXART y JORDI SÀNCHEZ puesto que marcan un nivel polarización y regresión impensable en una sociedad democrática como el que presupone la criminalización del debate y de las diferencias políticas y el disfraz de la persecución política como persecución penal, lo que pone en evidencia la existencia de un poder judicial dependiente del poder político.

El MSICG ha visto con preocupación como el ofrecimiento de diálogo por parte de las autoridades catalanas ha sido recibido por el gobierno español con total ausencia de voluntad política como la que se evidencia al condicionar este dialogo a un marco que de manera liminar excluye de toda posibilidad la discusión de la causa de la problemática, peor aun cuando a la par de tales condicionamientos, se hacen manifestaciones de fuerza represiva, se persigue y encarcela a los interlocutores sociales, se amenaza con la intervención del territorio y la institucionalidad democrática catalana y se generan condiciones para la implementación de una guerra económica contra el pueblo Catalán.

El MSICG recuerda que si bien es cierto la Constitución de un país constituye un marco legal, el obviar que la norma constitucional tiene un valor que trasciende del plano formal y legal a un acuerdo de convivencia social pacífica que no está exento de la posibilidad de ser revisado por la propia sociedad a los efectos de que mantenga su legitimidad como instrumento de convivencia democrática solo conduce a la pérdida de su principal valor que excede el ámbito jurídico, de esa cuenta, la utilización de cualquier Constitución como excusa para la privación de libertades, como herramienta de imposición e instrumento de intimidación solamente remarca la incapacidad de los actores políticos para construir democracia e inclusión ya que reduce el accionar político al accionar legal y en ese proceso se produce la pérdida de la utilidad interlocutoria del sistema de partidos políticos y, paulatinamente, se diluye la independencia judicial al convertir los tribunales en la tribuna del debate político.

De la misma manera, el argumento de la ley por la ley, que evade la responsabilidad de los actores políticos y les lleva de manera irresponsable a atizar la polarización de la sociedad, lejos de contribuir al orden constitucional, debilita la legitimación social del mismo.

En este marco, el MSICG lamenta y condena la criminalización y encarcelamiento de dirigentes sociales, particularmente el caso de JORDI CUIXART y JORDI SÀNCHEZ y se suma a la petición de su hermana CCOO-Catalunya y de la sociedad civil catalana de su inmediata liberación así como el cese de todo mecanismo represivo que coadyuve a la polarización irresponsable de la sociedad de la misma forma en que espera, por el bien de la democracia, el cese de la polarización y muestras claras de una verdadera y honesta voluntad de diálogo por parte del gobierno español, en el entendido que la misma no puede siquiera presumirse condicionando la exclusión liminar del debate de fondo o el uso de la fuerza y la persecución penal como herramienta para acallarlo.