El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- ve con satisfacción y agradece la iniciativa de nuestra organización sindical hermana AFL-CIO y la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América de iniciar el procedimiento de verificación del cumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala bajo el artículo 16.2.1 (a) del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).

Conforme lo manifestado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, el procedimiento se inicia porque el Gobierno de Guatemala no está cumpliendo sus obligaciones bajo el artículo 16.2.1 (a), con respecto a la aplicación efectiva de las leyes laborales de Guatemala relacionados con el derecho de asociación, el derecho de sindicalización y de negociación colectiva y condiciones aceptables de trabajo. Habiendo identificado un número significativo de deficiencias en el cumplimiento de la legislación laboral de Guatemala, constituyendo un sostenido o recurrente curso de acción o inacción, incluyendo:  1) Fallas del Ministerio de Trabajo y Previsión y especialmente de la Inspección General de Trabajo al  investigar  violaciones de la ley laboral; 2) Fallas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en adoptar medidas de sanción una vez que el Ministerio ha identificado una violación de la ley laboral, y 3) Fallas de los tribunales de justicia relacionados con la aplicación  del derecho laboral en hacer cumplir con las órdenes judiciales en los casos de violaciones de la ley laboral.

El Gobierno de los Estados Unidos de América, al igual que la Comisión de Aplicación de Normas de la 98ª y 99ª Conferencia Internacional del Trabajo ha manifestado su preocupación por el reiterado deterioro de la situación de los derechos humanos laborales y sindicales en Guatemala y   la falta de voluntad política del Gobierno de Guatemala para solventar esta situación.  Esta falta de voluntad política se manifiesta no sólo en la ausencia de avances concretos en el combate al uso y amenazas de violencia que parecen estar relacionados al ejercicio o el intento de ejercer los derechos laborales  en Guatemala, inclusive el derecho de asociación y el derecho de sindicalización y de negociación colectiva sino también con la falta de protección adecuada para  las personas amenazadas por la violencia, entre otros.

De conformidad con los procedimientos establecidos en el RD-CAFTA, la solicitud de consultas da lugar a un plazo de 60 días para que las mismas sean resueltas que de no ser resueltas en dicho plazo dan lugar a la parte reclamante para Pedir una reunión de la Comisión del Acuerdo de Libre Comercio, que es un organismo a nivel Ministerial que supervisa la aplicación del acuerdo que tendrá un plazo de 30 días para resolver el asunto; si este mecanismo fracasa, la parte reclamante, en este caso el gobierno de Estados Unidos, puede solicitar el establecimiento de un panel de solución de diferencias para que examine el asunto y, de determinar este panel que la parte demandada no ha cumplido con su legislación laboral, puede imponer una multa de hasta 15 millones de dólares anuales.

El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- manifiesta su esperanza de que el procedimiento iniciado por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Representante del Comercio, Ron Kirk y la Secretaria del Trabajo, Hilda Solís, contribuya en nuestra lucha por modificar el modelo de crecimiento económico basado en la sobreexplotación desmedida del capital sobre el trabajo que ha caracterizado a la sociedad Guatemalteca y así poder avanzar hacia un modelo de desarrollo con justicia social.

El MSICG manifiesta que continuará  su colaboración en este proceso de la mano con nuestra hermana AFL-CIO.

Guatemala, 02 de agosto de 2010.

CONSEJO POLÍTICO

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO

-MSICG-