La lucha de las trabajadoras y trabajadores a nivel mundial, ha constituido el motor que ha impulsado a lo largo de la historia el avance de los derechos humanos, llevando al reconocimiento paulatino de casi todas las garantías que hoy día conforman ese catálogo de instituciones jurídicas a través de la cuales se reconoce y resguarda la dignidad del ser humano en sus expresiones individuales o colectivas.

De esa cuenta, negar el papel de la clase trabajadora organizada en sindicatos en la construcción de humanidad, en el reconocimiento de su dignidad y su aporte al desarrollo de sociedades más humanas, constituye, más allá de un grave error histórico, el antecedente de un futuro regresivo y de perdida de positividad en estos estándares porque, al igual que para su reconocimiento, su defensa y desarrollo se requiere de una constante lucha por parte de organizaciones configuradas sobre la base de intereses de clase, colectivos y no sobre la base consorcial del interés particular.

El primero de mayo, conmemoramos uno de estos capítulos en donde la lucha por la limitación de la jornada de trabajo a 8 horas, tenía como trasfondo un planteamiento más profundo, consistente en que un máximo de 8 horas de trabajo al día, debería permitir al trabajador o trabajadora un ingreso suficiente para proporcionarse junto a su familia condiciones de vida diga. Esta relación entre el tiempo dedicado al trabajo y la calidad de vida que los ingresos de estos permiten, era en ese entonces, como lo sigue siendo ahora, un aspecto cada vez más vigente ante la proliferación de mecanismos precarizantes de las condiciones de trabajo, instados sobre la base de una escala de valores totalmente contraria a la humanidad, que enarbola como condición para el éxito la posibilidad de explotar a otro ser humano, que reduce el papel del Estado a la de un garante de la concentración de la riqueza y la expropiación paulatina de la dignidad de las trabajadoras y trabajadores, que impone la ley del más fuerte como parámetro de justicia, que hace de la manipulación un arma capaz de poner al ser humano en contra de sí mismo y que, en nombre de la prosperidad de unos pocos condena a las mayorías al hambre, la miseria y, peor aún, a la falta de esperanza y justificación permanente del statu quo.

A lo largo de la historia, estas condiciones han debido confrontar la lucha de la clase trabajadora organizada en sindicatos, bajo la bandera de la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, en una constante labor de concientización y cuestionamiento de allí que en un modelo como que ahora se impone, esencialmente sobre la base del odio, la discriminación, la descalificación de quien se opone y la justificación de todo aquello que atenta contra la humanidad, no resulte extraño que la elites empresariales a través de sus consorcios de la comunicación social, de sus ONG’s y de sus articuladores políticos mantengan una campaña de constante ataque al sindicalismo y las instituciones a través de las cuales se había forjado la dignidad humana y, sobre todo, la proveniente del trabajo.

Desde el año 2012, en la Conferencia internacional del trabajo de la OIT, el sector empresarial organizado a nivel mundial inició un ataque sistemático al Derecho de huelga que ha tenido sus expresiones represivas en muchos países y este ataque se ha trasladado al recrudecimiento del ataque y estigmatización contra los sindicatos y la negociación colectiva llegando a extremos, como sucede actualmente en nuestro país a partir de una intensa campaña mediática, que se ha llevado a la población a olvidar su propia miseria para cuestionar y atacar la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida y laborales a través del esfuerzo organizado.

El Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG- considera imperativo llamar rotundamente la atención en cuanto a la implementación a nivel mundial de una política de odio e intolerancia, que condena la protesta social, la lucha organizada, los logros colectivos, la resistencia ante lo injusto y los esfuerzos por construir realidades acordes con la dignidad humana, se trata de una política deshumanizante y desesperanzadora, en donde la guerra, la agresión, la explotación, la indiferencia y el prejuicio resultan condiciones aceptables, cotidianas y generalizadas.

Un ejemplo grave de los efectos de esta construcción, elaborada sobre la base del poder mediático y la destrucción en el ser humano de la empatía social lo encontramos en los recientes eventos en la Escuela de Comercio 2, en donde, esta construcción, cobró la vida de una niña y afectó la integridad física de muchos más; si bien es cierto, pudiera ser que se juzgue y se condene al autor material de esta, no parece existir siquiera la intención de perseguir y condenar a quienes, criminalizando la protesta social bajo el argumento de la libre locomoción o fomentando el rechazo social hacia las luchas y logros colectivos desde su control de los medios de comunicación masiva, sus ONG’s y el uso irresponsable de las redes sociales, sembraron el odio, desprecio e irracionalidad que desembocó en los hechos que hoy día lamentamos.

Contrario a la búsqueda de soluciones a las causas de eventos como este y la búsqueda de los instigadores de estas conductas, hoy tenemos a políticos y funcionarios buscando responsabilidad en quien pudo llamar a manifestar o expresar su descontento, a quien lo permitió o simplemente no lo repelió siguiendo la tónica de que finalmente, es el descontento, la protesta y la lucha colectiva la causa del mal sufrido.

Vivimos en una realidad en donde temiendo a los efectos del odio o buscando el beneplácito del mismo, sembramos odio y descalificación, en una realidad en donde en nombre de la democracia, la política, la justicia y el sentido común asumen la forma y orientación de quienes tienen el poder de difundir, implantar, juzgar, condenar y provocar el rechazo de la sociedad hacia todo aquello que afecte o no se allane a sus intereses sin que dichos poderes les hayan sido otorgados por procedimiento democrático alguno.

El MSICG, en este marco, hace un llamado a la población y al sindicalismo a nivel mundial a reivindicar la importancia de la vida y la dignidad humana y, como producto de ello, la importancia de frenar y revertir la política del odio, el prejuicio y la descalificación, a promover y realizar la lucha colectiva, a impulsar las mejoras económicas y sociales para todas y todos, a defender los instrumentos para obtenerlas como la libre sindicalización, la negociación colectiva y la huelga, a rechazar la intervención de intereses extranjeros en los asuntos internos de los pueblos, a rechazar la guerra y la violencia como medio de dirimir diferencias, a rechazar el odio como experiencia cotidiana y a rescatar la dignidad humana en todas sus expresiones.

El primero de mayo, más que un día en que se rememora la lucha, el sacrificio, el compromiso y la convicción de la clase trabajadora es una fecha que nos obliga a revitalizar y reafirmar los principios e ideas que han impulsado y deben seguir empujando hacia la construcción de un mundo en el cual se pueda aspirar y vivir dignamente.