El MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- deplora profundamente el despido de que han sido objeto los directivos sindicales de su sindicato afiliado SINDICATO NACIONAL DE OPERADORES DE JUSTICIA DEL ORGANISMO JUDICIAL “SINOJ” en el marco de duras reivindicaciones de los derechos de la clase trabajadora dentro de dichas instancias que debieran ser las primeras en respetar las normas internacionales y nacionales del trabajo.

Los directivos sindicales despedidos fueron los compañeros RAUL DIEGO ROSALES ALVAREZ quien ocupa el cargo de Secretario de Deportes y SILVIA BERENICE ESCALANTE GARCÍA miembro del Consejo Consultivo de la Organización sindical. Estos despidos se ejecutaron con fecha 16 de enero del año 2015 a sólo pocos días de que dichos compañeros y compañeras fueran electos como directivos sindicales en Asamblea General y en violación a lo que establecen los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política de la República y la legislación nacional.

Como es propio de un despido antisindical de esta naturaleza los dos directivos sindicales fueron notificados del despidos en la misma fecha y a la misma hora y en ninguno de los dos casos el Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia invocaron y probaron causal justa despido puesto que ambos trabajadores tenían sus record de trabajo en condiciones irreprochables.

El MSICG recuerda que en el marco de diversas acciones promovidas tanto por el MSICG como por el SINOJ para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia con fecha 3 de julio de 2014 se produjo el allanamiento de la sede sindical de su sindicato afiliado SINDICATO NACIONAL DE OPERADORES DE JUSTICIA DEL ORGANISMO JUDICIAL –SINOJ-, y que la misma se encuentra en el mismo lugar que ocupa la sede central de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial lugar en el que existen cámaras de seguridad y estrictos controles para el ingreso y egreso de personas y que este hecho fue oportunamente denunciado al Ministerio Público; no obstante, y como es costumbre, la ineficiente Unidad fiscal especial de delitos contra sindicalistas ha omitido investigar exhaustivamente los hechos y someter a la justicia a los responsables de los mismos.

El MSICG, independientemente de las acciones nacionales que emprenda en estos casos, someterá al Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo y demás Órganos de control de la OIT estos actos antisindicales ejecutados por la propia Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial instancias que están obligadas a garantizar la justicia privativa del trabajo lo cual sin duda constituirá una prueba irrefutable de como la política antisindical del Estado de Guatemala continua institucionalizándose a pesar de los constantes requerimientos de la Comunidad internacional.