El Movimiento sindical, indígena y campesino guatemalteco –MSICG- como parte de su lucha permanente por el trabajo decente presentará el día de hoy dos acciones penales en contra del Superintendente de Administración Tributaria,  MIGUEL ARTURO GUTIERREZ ECHEVERRIA y en contra del Director General de Trabajo, MARIO IVAN ALFARO VILELA por la posible comisión de los delitos de Violencia económica; discriminación, colusión, usurpación de atribuciones, resoluciones violatorias a la constitución, incumplimiento de deberes, falsedad material, falsedad ideológica y abuso de autoridad con las agravantes generales de Motivos fútiles o abyectos; Alevosía, Premeditación, Abuso de autoridad y menosprecio del ofendido incurridos durante el trámite de la inscripción de un sindicato de trabajadores y los despidos antisindicales ejecutados contra los trabajadores y trabajadoras de la Superintendencia de Administración Tributaria –SAT- que tomaron la decisión de conformar un sindicato autónomo y ajeno al control de las autoridades de la SAT.

Estas acciones, se han tomado de manera independiente a las quejas que en su momento se plantearán en contra del Estado de Guatemala por violaciones a los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- y del Capítulo XVI del Tratado de libre comercio suscrito entre República Dominicana, Centro América y los Estados Unidos de América, DR-CAFTA, por sus siglas en inglés.

Las denuncias parten de las evidentes anomalías existentes en la tramitación de la solicitud de inscripción de la organización sindical que hacen evidente el trasiego de información, influencias que motivaron el acceso indebido de la Superintendencia de Administración Tributaria al expediente de conformación del sindicato, la ejecución de actos de injerencia patronal y estatal en el ejercicio de la libertad sindical así como la discriminación antisindical y las consecuencias económicas y sociales que tales actos han tenido para los trabajadores por el ejercicio de su derecho constitucional de organizarse sindicalmente para la promoción y defensa de sus legítimos intereses laborales.

El MSICG pone de manifiesto que la lucha por el trabajo decente en el país requiere no solo de acciones reivindicativas o de defensa de las garantías reconocidas por la legislación nacional y los Convenios Internacionales ratificados por Guatemala sino también de una lucha porque se sancione efectivamente a quienes violan esas garantías fundamentales, máxime cuando se trata de funcionarios públicos cuyo deber es precisamente respetar y hacer que se respeten las garantías que violan.  “El Estado de Guatemala no puede garantizar la dignidad de la persona sino garantiza antes la plena vigencia del Estado de derecho y ello, es un principio vital de transparencia”.

El MSICG espera que el Ministerio Público, siendo que se trata de conductas documentadas incluso en expedientes oficiales, garantice la agilidad y efectividad en el cumplimiento de sus funciones y que no añada una actitud cómplice a las conductas antisindicales que sus propias autoridades han ejecutado a lo interno del Ministerio Público y espera de los tribunales de justicia, una pronta y cumplida administración de justicia, tanto en lo referente a los procesos penales como en lo que respecta a las ordenes de reinstalación que ya están siendo emitidas por los tribunales de trabajo y previsión social.

“Lo que persuade de la ley no es su texto sino su efectivo y pronto cumplimiento”

Guatemala, 14 de septiembre de 2012.


CONSEJO POLÍTICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG