Guatemala se encuentra hoy día sumergida en la intensificación de una campaña electoral que inició hace más de tres años y que solo ha servido para desnudar una realidad cada vez más vigente en el país y es que tras el ejercicio del poder de este gobierno y de los demás gobiernos que ha habido desde el año 1954, se esconden una suma de intereses que poco o nada tienen que ver con la construcción de un verdadero Estado de derecho, con una democracia participativa e incluyente, la construcción de la justicia social y la erradicación de las causas de la exclusión y la miseria en la que se encuentra sumida la clase trabajadora del país.

Siendo que el problema del país es de naturaleza estructural, está claro que el mismo no se soluciona con el ofrecimiento de la represión o con el otorgamiento de paliativos temporales mediante un asistencialismo con fines electorales, se hace imperativo e imprescindible democratizar la economía y las relaciones laborales, redistribuir la riqueza eficientemente, desconcentrar el poder y el bienestar, implementar una reforma al sistema electoral y de partidos políticos para que no sean siempre las élites económicas y sus representantes las que lleguen al poder y para que se garantice el derecho al autogobierno y la libre autodeterminación de nuestros pueblos, es indispensable fortalecer el Estado y sus instituciones, garantizar la independencia de poderes, los contrapesos y el control social sobre las mismas, especialmente fortalecer nuestro fallido sistema de justicia, que ahora además tiene el reto de tener por Fiscal General del Ministerio Público a una funcionaria que discrimina, persigue y estigmatiza la libertad sindical.

Nuestra democracia no puede seguirse limitando a acudir a votar cada cuatro años para legitimar formalmente los mismos intereses que nos han gobernado, explotado y masacrado durante más de quinientos años y que han garantizado a través de la toma del Estado, que el estatus quo se mantenga.

De 1944 al año 1954 bajo los gobierno del Doctor Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán se intentó realizar estos cambios profundos pero el proceso fue truncado con el golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y la oligarquía Guatemalteca. En 1996 después de 36 años de guerra interna, se firman los Acuerdos de Paz intentando a través de ellos promover una agenda nacional que permitiera construir en Guatemala una verdadera democracia; sin embargo, los aspectos fundamentales de estos nunca estuvieron en la agenda real del Estado de los empresarios y por ello al día de hoy los avances se resumen en aspectos cosméticos y meramente formales.

El grave problema, es que esos aspectos fundamentales tendían a solucionar gradualmente las causas que originaron el conflicto armado interno y, naturalmente, esta desatención sumada a la implementación de medidas orientadas a la mayor concentración de la riqueza, del poder y del bienestar en pocas manos, ha tenido como efecto que estas causas lejos de disminuirse se hayan recrudecido para la clase trabajadora del país.

Durante los últimos años, Guatemala ha sido severamente cuestionada por ser una economía que no propicia el desarrollo humano, por ser un país en donde se dejan de cumplir las normas laborales para obtener ventajas comerciales, por ser un país violador de la libertad sindical y de los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras en general, de los derechos de los pueblos indígenas, de las protecciones contra el trabajo forzoso, altamente desigual, discriminativo, racista, y excluyente, por ser el país de América latina con la tasa más alta de desnutrición crónica y es el sexto país del mundo, la desnutrición crónica afecta al 49% de la niñez, ello debido básicamente a la concentración de la tierra en pocas manos y a la falta de condiciones de trabajo y salario decente de los adultos, conocido además por la disfuncionalidad de sus instituciones pero, especialmente, por no tener la voluntad política ni la vocación democrática necesarias para cambiar las cosas.

El Estado de Guatemala hoy día no puede ser calificado como un Estado democrático sino que como uno que desde su fundación se ha organizado para proteger y realizar los intereses de las elites y no de las grandes mayorías.

En su oportunidad el MSICG, propuso al actual gobierno un Plan Nacional de Trabajo decente, reformas y creación de leyes que permitieran por lo menos proteger las condiciones laborales básicas, una reforma fiscal integral que permitiera la redistribución y no la reconcentración, un plan para que la crisis mundial se enfrentara generando condiciones de trabajo decente, la recuperación de la soberanía del Estado sobre los servicios esenciales, un plan para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

Así mismo en conjunto con otras organizaciones campesinas e indígenas hemos apoyado e impulsado la Ley de desarrollo rural integral que contempla condiciones mínimas de acceso a la tierra, a los medios y mecanismos para que esta sea productiva, la creación de condiciones de seguridad y soberanía alimentaria y la recuperación de las condiciones laborales precarizadas debido a la falta de interés del Estado por siquiera cumplir sus propias leyes laborales. Lamentablemente como históricamente ha sucedido con las iniciativas de ley que pretenden beneficiar a la clase trabajadora del país su aprobación fue bloqueada por las bancadas de los partidos políticos que hoy se acercan a las trabajadoras y trabajadores del agro pero que desde el Congreso de la República no han representado sino los intereses de las mismas elites de siempre; ahora nos ofrecen cambios que cuando han tenido la oportunidad de realizar atendiendo a las propuestas de la sociedad simplemente se han negado a hacer esperando que, al momento de emitir el voto, nos olvidemos de que nunca han estado con nosotros.

En este marco también apoyamos y promovimos la Política de desarrollo rural integral la cual fue aprobada por el presidente de la República pero nunca se le dotó de recursos e infraestructura para su implementación, por el contrario a las pocas instituciones encargadas de asuntos relacionados con el campo se les quitaron recursos para ser trasladados a programas cortoplacistas.

Desde nuestro surgimiento y del surgimiento de las organizaciones que nos conforman, como también lo han hecho otras organizaciones hermanas democráticas, sociopolíticas, que mantienen su autonomía y visión de clase, hemos mantenido la constante denuncia de las violaciones a los derechos de la clase trabajadora y la defensa de los intereses que como clase nos identifican. La respuesta a esto durante este gobierno, ha sido la represión, asesinatos, persecuciones, amenazas, estigmatización, recrudecimiento de las violaciones a la libertad sindical, mayor sobre explotación para las trabajadoras y trabajadores de la maquila y actividades de exportación y trabajadores en general; ampliación de la edad de jubilaciones, reducción de pensiones y beneficios en el IGSS a lo que se prestaron los supuestos representantes de los trabajadores que no representan sino sus propios intereses; una serie de proyectos dirigidos a favorecer más al sector empresarial a través de las zonas francas y beneficios fiscales y subsidios.

El actual gobierno, en lugar de promover estas y otras iniciativas que beneficiarían a las mayorías, está permitiendo e implementando mecanismos para garantizar la reconcentración de la tierra dada a los campesinos a través del Fondo de Tierras en condiciones que hacían imposible el pago de la deuda agraria, que solo garantizaba el trabajo no asalariado para mejorar las fincas y luego entregarlas de nuevo a los grandes empresarios agrícolas sin que exista una voluntad real de solucionar esta problemática; el Organismo Ejecutivo pretende imponer un reglamento de consultas a los pueblos indígenas que constituye una violación integral a los derechos humanos de nuestros pueblos principalmente al derecho a la libre autodeterminación y al autogobierno consagrado en el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos de derechos humanos y que sólo pretende en el fondo legitimar el despojo violento de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas para entregarlos a los intereses de las élites propietarias de las empresas de agrocombustibles, generación de energía eléctrica, minería, petroleras, etcétera, reconcentrando aún más la tierra.

La protesta social por las condiciones de injusticia que se están recrudeciendo en el país, la reivindicación de los derechos ancestrales sobre la tierra, por el trabajo decente, la exigencia de la soberanía alimentaria y sobre los servicios esenciales, la sola aspiración a un modelo de desarrollo democrático, en el que el desarrollo no reparta miseria, hambre y desnutrición a las mayorías, es penalizado por ese mismo Estado mediante desalojos, ordenes de captura y condenas para quienes cuestionan el actual estado de cosas.

La falta de solución a esta problemática estructural no solo ha generado hambrunas y la desnutrición crónica de la mayoría de los niños sino que también la desintegración de las familias y la muerte de guatemaltecos y guatemaltecas que en medio de esa desesperación optan por abandonar el país y viajar de manera ilegal a los Estados Unidos de América en la búsqueda de la sobrevivencia arriesgándose a una violencia que, seguramente, les parece menos grave que la violencia permanente que representa para ellos y ellas y sus familias la falta de condiciones de trabajo decente que les garantice una vida digna.

En este marco, el gobierno, los empresarios y supuestos dirigentes que han olvidado la función de la dirigencia sindical y social permitiendo que se les instrumentalice, impulsan hoy día la aprobación de un Consejo Económico Social como una instancia de diálogo social en un país que es ampliamente cuestionado por la violación de los convenios considerados como fundamentales por la OIT así como por aquellos que vinculan espacios de diálogo social y se pretende que en esta instancia, en donde el sector empresarial ha impuesto sus eternas condiciones de dialogo sin voluntad ni compromiso social ni democrático, se discutan todos los problemas nacionales aún y cuando, quienes han conformado el grupo promotor y seguramente serían ubicados en representación de la sociedad no representen cuantitativa o cualitativamente los intereses de las mayorías, las cuales junto con sus dirigencias democráticas han sido excluidas.

Y esta exclusión no es casual, está presente en todos los espacios de representación de la clase trabajadora; la vemos en la Junta Directiva del IGSS evidenciada en el papel desastroso que han realizado los supuestos representantes de los trabajadores; en la Junta Directiva del IRTRA en donde han permitido la creación de centros inaccesibles para los trabajadores; en el INTECAP en donde los funcionarios de esta institución están llegando al extremo de prestarse para legitimar los procesos de despido contra dirigentes sindicales; en CONASSO en donde no se ha hecho nada por garantizar la seguridad ocupacional; en la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales de Trabajo en donde han trabajado precisamente para encubrir la responsabilidad del Estado en las violaciones a los Convenios de OIT y ahora los tenemos en las Comisiones del Salario; casualmente, en todos estos espacios, están representantes de las mismas organizaciones y del mismo ente que opera como organización pro gobiernista y pro empresarios.

En estas condiciones, la lucha por la vida y el trabajo no debe hacerse con fines esencialmente conmemorativos sino reivindicando esa agenda estructural siempre se ha obviado y lo peor que pudiera suceder es que lo olvidáramos nosotros; salir a las calles para conmemorar el día del trabajo, en las condiciones en que el trabajo se encuentra en Guatemala coincidiendo con quienes se estás prestando para legitimar este olvido, sería como perder de vista que el día del trabajo es consecuencia de una lucha estructural.

Es por eso que el MSICG junto a otras organizaciones hermanas ha tomado la decisión de no marchar el primero de mayo sino hoy 29 de abril del año 2011, porque la lucha por la vida, la tierra, el trabajo decente y la libertad sindical atiende a la necesidad de cambios estructurales urgentes y porque el sacrificio de los mártires de Chicago y de los mártires guatemaltecos de estas luchas no se puede honrar acertadamente sino luchando por estos cambios estructurales, para lo cual no se puede esperar a que un asueto nos autorice hacerlo.

Y como parte de esa lucha y de la solidaridad de la clase trabajadora a nivel mundial, el MSICG exige el cese de la agresión militar contra Libia y condena que nuevamente los intereses corporativos estén costando la vida de seres humanos.