Martes, 20 Julio 2010 00:00

Reformas a la ley de servicio civil

En el momento en que fue aprobada la Ley de Servicio Civil, constituyó un notable avance en el reconocimiento de garantías a los trabajadores; sin embargo, con el transcurso del tiempo, dicha normativa fue perdiendo actualidad y rezagándose en perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras del Estado, hasta convertirse en un cuerpo normativo de índole represiva que riñe con los principios de irrenunciabilidad y tutela consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala.

La presente iniciativa ley que forma parte de la agenda legislativa del MSICG, responde a la finalidad básica de actualizar la legislación nacional de conformidad con los compromisos nacionales e internacionales asumidos por el Estado de Guatemala a través de los Convenios Números 87, 94, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo; el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador- así como los compromisos nacionales provenientes del cumplimiento debido de los Acuerdos de Paz, además de pretender garantizar el derecho al trabajo de los trabajadores y trabajadoras del Estado de Guatemala, consagrado como necesidad y obligación social por el artículo 101 de la Constitución Política de República de Guatemala, así como hacerles accesibles el ejercicio de las garantías de defensa, presunción de inocencia, igualdad, debido proceso, dos instancias procesales y de legalidad, cuyo respeto es básico para el Estado de Derecho.

En ese orden de ideas, la reforma que se propone para el artículo 4º obedece básicamente a crear certeza jurídica en las relaciones laborales en el Estado, actualizando sus disposiciones a efecto de que abarquen de manera apropiada los mecanismos de contratación que actualmente se utilizan en la Administración Pública sin que las limitaciones de la regulación actual continúen incidiendo en la negación, restricción, tergiversación o negación de los derechos de los servidores públicos, igualmente tal reforma atiende a lo establecido en el Convenio Número 94 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre las Cláusulas de Trabajo (Contratos celebrados por las Autoridades Públicas), actualmente vigente para Guatemala.

La creación del artículo 4 bis se propone en observancia de los artículos 1, 2, 3, 103, 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Recomendación 198 de la Organización Internacional del Trabajo.

La reforma del numeral 6 del artículo 19 elimina la posibilidad de que la Junta Nacional de Servicio Civil conozca de impugnaciones por despido, ello principalmente porque la normativa actual y esa posibilidad han limitado el derecho de los trabajadores y trabajadoras a las dos instancias procesales, sustituyendo la primera instancia por el conocimiento administrativo del caso lo cual, además de violentar la Constitución, es inefectivo toda vez que es el propio patrono el que conoce de la referida impugnación limitando igualmente las posibilidades de que el servidor publico afectado en su derecho humano al trabajo pueda acudir ante los Tribunales de Justicia a dirimir el conflicto y se presta además para el uso malicioso del conflicto de jurisdicción como estrategia dilatoria del Abogado del Estado.

Las reformas propuestas al numeral 7 del artículo 61, 79, 82 y 83 se orientan a hacer congruente el contenido de la propia ley que establece como derecho de los servidores públicos a no ser removidos de sus cargos sin que medie causal de despido debidamente comprobada, derecho que aunque reconocido fue disminuido y negado con el texto actual de los artículos que pretendemos reformar; por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –PROTOCOLO DE SAN SALVADOR- (Decreto Número 127-96 del Congreso de la República de Guatemala), pesa sobre Guatemala el compromiso de legislar en el sentido de garantizar y desarrollar las garantías inherentes al trabajo que dicho instrumento internacional contempla, estando entre ellos precisamente el derecho a la estabilidad en el trabajo y el derecho a la reinstalación en caso de despido indirecto e injustificado. Tales reformas tienden a proteger igualmente dos garantías fundamentales para el Estado de Derecho, como lo son la presunción de inocencia y el derecho de defensa que la normativa actual ha hecho inoperantes e inalcanzables para los trabajadores y trabajadoras del Estado, en ese sentido, al modificar la norma para superar tales defectos, se está cumpliendo también con los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala a través de los Convenios Números 87, 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- puesto que, creando condiciones laborales estables, libres de presiones o arbitrariedades, se satisfacen las recomendaciones realizadas por la OIT a Guatemala en cuanto a libertad sindical.

La reforma al artículo 63 que proponemos, elimina del texto la prohibición de la huelga en el Estado, ello porque tal prohibición, además afectar la libertad sindical, niega un derecho humano reconocido por Guatemala en el Protocolo de San Salvador.

La adición de un párrafo al artículo 67 responde al cumplimiento del artículo 102 inciso g) de la Constitución Política de la República de Guatemala y al establecimiento de las protecciones que requiere el efectivo cumplimiento de los convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo -0IT-.

El párrafo que se adiciona al artículo 70 pretende dar cumplimiento a lo regulado por el artículo 102 inciso f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y 7 párrafo a. del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador- La derogatoria que se propone del numeral 12 del artículo 76 de la ley, obedece básicamente a adecuar la norma al principio constitucional de legalidad, toda vez que la creación de figuras sancionatorias abiertas sujetas a la discrecionalidad de la autoridad
nominadora, se presta a la comisión de arbitrariedades, toda vez que la fuente del derecho pasa a ser el criterio del funcionario superior y no la ley.

La reforma al artículo 80 que se propone, establece el procedimiento para los efectos de las impugnaciones de las resoluciones o actos de las autoridades nominadoras y se insiste en reintegrar a los trabajadores y trabajadoras del Estado el acceso a las dos instancias procesales en tanto que la propuesta para el artículo 81 establece los efectos de la resolución en los casos de suspensiones.

En archivo adjunto a este artículo, está disponible el texto completo de las reformas propuestas por el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino a la Ley de Servicio Civil (Decreto No. 1748 del Congreso de la República de Guatemala)

DESCARGAR PDF