Viernes, 24 Marzo 2017 00:00

MSICG Logra que Corte de Constitucionalidad deje firme reinstalación de miembros del SITRAPDH

En sentencia de fecha 22 de marzo del año 2017 la Corte de Constitucionalidad dejó firme la orden de reinstalación de los compañeros Julio Mizraim Tzul Hernandez, Karla Joanna García Santiago, Eva Luz Girón Urizar de Solis, Sandra Gabriela Quiroa Morales, Sandra Bernarda Baquiax Rojas de Yax, Ana Lucia del Carmen Carrascosa Barrera, y Julio Cesar Fernandez Villagran todos miembros del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA –SITRAPDH- y del MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- quienes fueron despedidos por el Procurador de los Derechos Humanos JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE, en un acto de represalia antisindical por haber participado de la formación del SITRAPDH.

La Sentencia, tiene un importante valor jurídico más allá del propio proceso toda vez que al aplicar la norma de conformidad con los principios que la rigen, arroja claridad sobre aspectos a través de los cuales se ha pretendido eludir la protección que la Constitución brinda a la libre sindicalización, mismos que a la vez son acordes a los principios de libertad sindical establecidos en los Convenios 87 y 98 de la OIT.

Con esta resolución la Corte de Constitucionalidad revocó la Sentencia de amparo emitida en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia en favor del Procurador de los Derechos Humanos y en violación de lo expresamente previsto en la ley, en un proceso antecedido por irregularidades para favorecerle mediante un amparo provisional inserto en el expediente del amparo posteriormente a haberse resuelto que no existía dicho amparo provisional y la cercanía de dicho funcionario con una de las Magistradas de la Corte Suprema de Justicia cuyo hijo labora para la Institución del Procurador de los Derechos Humanos, como también lo hacen familiares de otras figuras políticas del país.

El MSICG recuerda que los delitos incurridos por el Procurador de los Derechos Humanos al desobedecer de manera continuada las ordenes de reinstalación decretadas a favor de los trabajadores han sido constantemente avaladas por la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público al igual que lo ha sido su participación en el caso conocido como la estructura IGSS-PISA.

De la misma forma, las estructuras que se articularon desde la Procuraduría de los Derechos Humanos para atacar al MSICG y a los compañeros Lesbia Amézquita y Efrén Sandoval, como un acto de coacción, violencia e intimidación para que dejara de promover la defensa del SITRAPDH aunque no lograron su cometido siguen gozando de una impunidad garantizada e instada por el propio Ministerio Público.

En este marco el MSICG considera necesario llamar la atención respecto a que no puede argumentarse que se fortalece el Estado de Derecho mediante la desarticulación de estructuras a lo interno del Estado cuando se obvia o se generan condiciones para sustituirlas por otras.

El MSICG felicita a las compañeras y compañeros del SITRAPDH quienes han mantenido su congruencia en la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la Institución a pesar de haber sido y estar siendo sometidos a los peores actos de represalia, criminalización y estigmatización por parte del Procurador de los Derechos Humanos JORGE EDUARDO DE LEÓN DUQUE y su Procuradora Adjunta I CLAUDIA LÓPEZ DAVID , criminalización que incluso fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificando el ejercicio de una garantía tan elemental en el catálogo de derechos humanos y democráticos, como la libertad sindical, como un acto terrorista.

Finalmente el MSICG hace un llamado al Ministerio Público para que apegue su actuación a derecho en el marco de las persecuciones penales que deben realizarse y agilizarse en contra del Procurador de los Derechos Humanos, su Procuradora Adjunta I, funcionarios públicos y estructuras de impacto mediático que en aras de obstruir y estigmatizar el libre derecho de sindicalización y negociación colectiva de los trabajadores y trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos han incurrido en conductas que nuestra legislación penal, que debiese aplicarse por igual a quien cometa los delitos que regula, establece que son constitutivas de delitos y que no debieran quedar en la impunidad.