Las medidas adoptadas por el gobierno de Alejandro Giammattei Falla aduciendo que son necesarias para la contención de la pandemia del COVID-19 no solo han sido poco efectivas sino que además han sometido a la población a un endeudamiento de más de 29,000 millones de quetzales con la finalidad de financiar al sector empresarial y asegurarle que esta crisis le representará una oportunidad adicional para acrecentar la riqueza de que ya gozan gracias a los privilegios fiscales, las condiciones precarias con que se les permite contratar y despedir a los trabajadores y la impunidad que se les garantiza cuando aún violan o evaden el cumplimiento de estas precarias condiciones de trabajo.

En esta lógica de acción, el gobierno de Giammattei facilitó a los empleadores privados la suspensión y despidos de miles de trabajadores y trabajadoras y ahora, una vez alcanzados los objetivos, se encuentra próximo a anunciar la reapertura del transporte público y centros comerciales cuando en el país es evidente que existe una proliferación de los contagios tan abrumadora que supera los valladares impuestos a la información a la que accedemos los guatemaltecos y guatemaltecas por el propio Presidente.

Siendo que desde la perspectiva empresarial, el Estado debe hacer lo que efectivamente ha hecho Giammattei Falla; es decir, limitar su acción a la protección de los intereses empresariales y debilitar la acción del Estado en todos aquellas actividades y servicios susceptibles de generar lucro por su prestación; el Presidente de la República aprovechó el COVID-19 para ejecutar el despido de miles de trabajadores y trabajadoras en el Estado, a muchos de los cuales se les hizo trabajar durante casi todo el mes de abril sin pagarles su salario.

Dentro de los trabajadores despedidos se encuentran más de 300 trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes cuyas reinstalaciones ha finalizado de presentar ante los tribunales de trabajo y previsión social el MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG- en respaldo a su sindicato afiliado SINTRADEPORTES.

El MSICG espera que la apertura parcial de la administración de justicia laboral cumpla con proporcionar una justicia pronta y cumplida a los trabajadores y dicte con la celeridad que demanda la ley las respectivas órdenes de reinstalaciones.

Asimismo el MSICG espera que la premura de la Corte Suprema de Justicia por reactivar parcialmente el trabajo de los tribunales de trabajo y previsión social no obedezca a la intención exclusiva de eliminar las protecciones procesales a los trabajadores y someter la justicia a las órdenes y disposición del Presidente de la República, como este lo ha demando al usar su posición para requerir beneficios procesales para los empresarios evasores de impuestos.

El MSICG, reitera su defensa de la dignidad humana y del trabajo y condiciones dignas en este como único mecanismo para la construcción de dignidad, democracia, desarrollo y paz social y llama a los trabajadores a estar alertas ante las ordenes de sus reinstalaciones que deberán dictarse y ejecutarse en las próximas horas de conformidad con el debido proceso y actuación dentro del marco de la ley por los tribunales del país.

Guatemala, 7 de mayo de 2020.

¡¡¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!!!

MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO MSICG