Desde que asumió la Presidencia de la República ALEJANDRO GIAMMATTEI FALLA, sus acciones se han caracterizado por apartarse del orden constitucional, revestirse de un cariz dictatorial, despótico, y misógino y por dedicar las atribuciones de su cargo para impulsar exclusivamente la agenda del sector empresarial.
De esa cuenta se ha visto a un Presidente de la República cuyos Ministros de Estado son en su mayoría dirigentes o exdirigentes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras -CACIF- y a funcionarios públicos provenientes de los tanques de pensamiento del mismo sector empresarial y en esa lógica no ha resultado extraño que el Presidente de la República salga airadamente en defensa del trabajo infantil con el que se produce el café de exportación de Guatemala y que, aun en un escenario en el que se ha demostrado contundentemente que la reducción del aparato estatal coloca a las sociedades en una condición por demás vulnerable y precaria ante situaciones como la pandemia del Coronavirus, a fin de continuar favoreciendo al sector empresarial vea las soluciones de la problemática que la falta de tributación por parte de los empresarios ha provocado, en achicar el Estado, para hacer menos evidentes y justificar la falta de pago de impuestos por parte de quienes más tienen.
Esto implica lógicamente cerrar los pocos programas que tiene el Gobierno de combate a la pobreza, especialmente aquellos que benefician a las mujeres como lo son el Programa de Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente, la Secretaria de Presidencia de la Mujer -SEPREM-, y la Secretaria de Asuntos Agrarios, entre otros.
La visión pro empresarial que domina y determina la agenda que impulsa el Presidente de la República, ha llevado a que una situación desafiante como la pandemia del COVID-19 en lugar de verse como un desafío que demandaba en la sociedad guatemalteca el estrechamiento de los lazos de fraternidad, solidaridad y el bien común pilares en los que se funda nuestro Estado, se viera como una oportunidad de uso del pánico y la vulnerabilidad social a que se nos sometió en medio de ese pánico, para fortalecer la concentración de los poderes del Estado en torno a su figura y usar ese poder dictatorial para impulsar con más fuerza la agenda del sector empresarial en detrimento de los intereses de las mayorías, lo cual ha sido facilitado por la ausencia de un Congreso autónomo, digno y representante de los intereses de la población.
Es derivado de ello que desde el 16 marzo del año 2020 bajo el argumento del COVID-19 el Presidente de la República en lugar de decretar una cuarentena nacional que garantizara el aislamiento social acompañada de medidas de protección económica a los trabajadores y sus familias y a la población en condición de pobreza, estableció una “falsa cuarentena” que solo ha aplicado en horario mayormente nocturno lo cual sumado a la pobreza que vive la población obligó a todos a salir a trabajar.
Asimismo bajo los supuestos efectos del COVID-19 sufridos por el sector empresarial en tanto promovió un endeudamiento público a través del alineado Congreso de la República por Q29,400 MILLONES DE QUETZALES los cuales tienen como principal destino las manos del sector empresarial y el estrechamiento de su control sobre el Poder Judicial, prohibió sin tener facultades para ello el derecho de movilización, manifestación y reunión del pueblo y coartó el derecho de libre emisión del pensamiento e incluso la propia libertad de culto.
No obstante ello, estas y todas y cada una de las disposiciones emitidas por el Presidente de la República bajo la bandera “COVID-19” que están perjudicando gravemente a los trabajadores del país y a la población han sido tomadas y ejecutadas por el Presidente de la República ALEJANDO GIAMMATTE FALLA violando la Constitución Política de la República y la legislación vigente en el país.
Es por ello que, hoy 27 de abril del año 2020, el MSICG ha acudido a la Corte de Constitucionalidad instando que la misma en defensa del orden constitucional declare la Inconstitucionalidad de todas y cada una de las disposiciones emitidas por el Presidente de la República que bajo la bandera del COVID-19 no solo no han protegido a la población del contagio y garantizado el acceso a una atención adecuada sino que se han impuesto ilegalmente con el único fin de impulsar y gestionar desde el Poder Ejecutivo la agenda del sector empresarial y producir el despido masivo de trabajadoras y trabajadoras del sector público y privado.
El MSICG, estará publicando el contenido literal de los argumentos presentados ante la Corte de Constitucionalidad a los efectos de suplir la falta de información independiente a que el Gobierno de ALEJANDO GIAMMATTEI FALLA ha sometido a la sociedad a los efectos de que cada ciudadano pueda, ejercer el derecho hoy vedado, de contar con una posición y opinión propias.
El MSICG llama a la unidad de la clase trabajadora, a la unidad de los desposeídos para la defensa de nuestra Constitución y, sobre todo, de nuestro derecho a una vida digna y reitera al Presidente de la República que la privación de la dignidad a las personas no es ni ha sido en la historia la cura a enfermedad alguna.
Guatemala, 27 de abril de 2020.
¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-