El 20 de octubre de 1944 marca el inicio de un proceso y una etapa de la historia de Guatemala en que por primera y única vez la prioridad del Estado fue superar las causas estructurales de la pobreza y la exclusión social con la idea de construir un modelo de desarrollo basado en la justicia social y un modelo de democracia sobre la base de una idea de soberanía asentada en el propio pueblo y no solamente en la satisfacción de los intereses de determinadas élites.
A pesar de que este proceso fue truncado cuando apenas iniciaba, evidenció en su escaza década de existencia los logros más significativos para la sociedad guatemalteca, los cuales han sido sistemática y metódicamente atacados durante los años posteriores.
Año con año, salimos a las calles a conmemorar esta gesta y también año con año nos referimos tanto a garantías perdidas como a otras que se encuentran en riesgo de sernos despojadas y este acto de conmemoración se reduce a un caminar nostálgico repleto de planteamientos cada vez mas coyunturales y cada vez con menos seguimiento.
En ello deben asumirse las responsabilidades que también nos competen, en tanto que la Revolución de Octubre promovió la generación del poder social organizado como un mecanismo de defensa de las decisiones acertadas del gobierno, para la interlocución legítima de la sociedad, la presión hacia los cambios requeridos por la población y esencialmente como un garante de que el proceso no desviara su camino; hoy día pareciera existir una voluntad consciente de impedir tanto la interlocución legítima de la población como la posibilidad de esta de contar con las herramientas necesarias para hacer valer el peso de la voluntad y necesidades de los más sobre los menos.
A este debilitamiento del poder social organizado contribuyen todos aquellos que desde sus intereses particulares no hacen sino reproducir a lo interno de las organizaciones los vicios que criticamos del sistema. Hay quienes se prestan a la realización de una interlocución que no representa más que sus propios intereses y los intereses de un gobierno que en la praxis ha traicionado al pueblo y al ataque y desgaste de los procesos unitarios que plantean la lucha y propuesta estructural como objetivo de la agenda de clase.
La falta de incorporación de los jóvenes y sus demandas, el cierre de los espacios para el desarrollo del liderazgo femenino y a la propia renovación de liderazgos son también parte de las causas que se encuentran haciendo labor en sentido contrario al desarrollo organizativo y la generación de condiciones de incidencia social necesarias al menos para la defensa y superación de las garantías que hemos heredado de la gesta revolucionaria de 1944.
En materia de interlocución política, las propias expresiones político-partidarias de la izquierda han demorado en la construcción de un proyecto de izquierda capaz de romper la hegemonía de los gobiernos de derecha que se han sucedido desde 1954.
En todo esto, la principal causa ha sido la falta de unidad y en esta falta de unidad cada vez se hace más evidente una terrible falta de congruencia que no se supera con la mera conmemoración de una gesta gloriosa cuando carecemos de lo fundamental para defender su legado y emularla, que ya no puede ocultarse desde el simple discurso y que demanda de cada una y de cada uno de nosotros contundencia y acción.
Al ofrecernos el Código de Trabajo como una compilación de garantías del trabajo decente, la Revolución de octubre de 1944, también nos garantizó la libertad sindical; del año 1947 a junio del año 1954 la organización sindical se expresó a través de 117 organizaciones y 104,000 afiliados, es decir, un 10.74% en relación con la PEA. Actualmente la tasa de sindicalización representa tan sólo el 2.2 % del total de la Población económicamente activa, existiendo un total de 118,017 afiliados, este número de afiliación muy similar al establecido en 1954 refleja el estancamiento y deterioro del movimiento sindical en comparación con la PEA.
De esta tasa 104,993 son trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia (Incluyendo trabajadores del Estado y la iniciativa privada) y 13,024 trabajadoras y trabajadores sin relación de dependencia (incluyendo sindicatos gremiales sin patrono, trabajo por cuenta propia y trabajadores campesinos independientes).
De los 104,993 afiliadas y afiliados de sindicatos con relación de dependencia, 91,890 son trabajadores del Estado a través de sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas y empresas estatales en tanto que solo 13,103 sindicalistas son trabajadoras y trabajadoras con relación de dependencia en la iniciativa privada. En consecuencia apenas el 12.48% sindicatos se constituyen en la iniciativa privada.
A esta limitada tasa de sindicalización debe sumarse como problema la dispersión existente ya que actualmente en Guatemala existen solo tres organizaciones de tercer grado, las cuales en su conjunto agremian a 11,142 trabajadores y trabajadoras, existen 13 federaciones independientes que aglutinan tan sólo a 22,013 trabajadores y trabajadoras, en tanto que 84,862 trabajadores y trabajadoras no cuentan con afiliación de segundo ni de tercer grado.
En materia de género, estas debilidades se ilustran cuando nos damos cuenta que de un total de 233 puestos directivos existentes en las federaciones y confederaciones sindicales inscritas solamente 39 son mujeres en tanto que de los 82 puestos consultivos en las mismas organizaciones únicamente 10 son mujeres, lo cual contrasta con la propia distribución de la membrecía sindical total del país en donde más del 48% son mujeres.
La reducida tasa de sindicalización ha tenido un efecto negativo en las condiciones de vida y de trabajo de la población Guatemalteca. Según las últimas estadísticas oficiales para el año 2006 Guatemala concentraba el 7.14% del total de la tasa de trabajo infantil de América Latina.
A pesar de que el 49% de trabajadores se encuentran en una relación de trabajo formal el 81.8% no cuenta con seguridad social, el 82.7% no cuenta con contrato de trabajo aún y cuando la legislación establece que este es responsabilidad del empleador, el 15.2% de trabajadores se encuentra en el subempleo, 50.1% de los trabajadores gana un salario bajo el costo del salario mínimo fijado legalmente, y el 87% no gana tan siquiera un salario acorde al Costo de la Canasta básica de alimentos.
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social –IGSS- es otro de los legados de la gesta revolucionaria de 1944 que corre un grave riesgo, a pesar de haber sido creado con la intención de que el mismo alcanzara una cobertura universal; hoy día no solo no ha logrado la universalidad de cobertura sino que también ve amenazados muchos de sus programas debido a una deuda millonaria tanto por parte del Estado como de las municipalidades y la iniciativa privada sin que el propio Estado y las municipalidades se ocupen siquiera de incluir dentro de sus presupuestos una partida para la amortización de sus deudas, sin que el Estado de Guatemala cumpla con su deber constitucional de presupuestar anualmente el pago de las cuotas que debe pagar al IGSS y sin que las autoridades del IGSS, incluyendo irónicamente a los propios representantes de los trabajadores, hayan mostrado más preocupación que la de incrementar el monto de las dietas que perciben.
La Revolución de Octubre de 1944 ha sido el único proceso en el cual se ha tenido en cuenta el carácter integral de la problemática del país y en esa comprensión impulsó la modernización del agro guatemalteco entendiendo que por las condiciones del país resultaba imposible la construcción de la justicia social y la generación de condiciones de trabajo decente sin el impulso de medidas que permitieran la revalorización del trabajo sobre la base de generación de alternativas productivas debidamente acompañadas y apoyadas por el Estado que permitieran a las trabajadoras y trabajadores contar con las condiciones prácticas necesarias para salir del arbitrio de quienes acumulan la tierra y el capital, impulsando como parte de estas medidas la Reforma Agraria que fuera más tarde truncada junto con en el derrocamiento del gobierno revolucionario y que a la presente fecha hemos sido incapaces de recuperar.
Desde 1954 esa concentración de la tierra se ha estado intensificando, según el último censo agropecuario del año 2003 refleja que del total de productores un 92.06% ocupa tan sólo el 21.86% de las tierras cultivables, siendo estas parcelas de producción de subsistencia e infrasubsistencia, es decir, parcelas inferiores a una manaza o a diez respectivamente, mientras que un reducido 1.86% de productores ostenta el 57% de las tierras en producción. Solamente 15,000 fincas concentran más de 5.3 millones de manzanas de las que tiene el país en procesos productivos agropecuarios, de estos 47 productores tienen más del 5% del total de las tierras. Por ello no es casual que en las áreas rurales, en donde se concentran, paradójicamente, la producción de alimentos se concentre también la mayoría de hombres, mujeres y niños hambrientos, y que un 54,5% de los y las niñas menores de 5 años padezcan de desnutrición crónica, en su mayoría niñas del área rural e indígena.
Tampoco resulta causal que durante este gobierno se hayan incrementado los desalojos violentos de comunidades y la represión de la protesta social mediante la aplicación de la Ley de Orden Público y de la legislación penal que criminaliza la acción social en aras de mantener y ampliar las concentraciones de tierra a favor de unos pocos y la instalación de capitales para la exploración y explotación de los recursos naturales sin respetar el derecho de consulta de los pueblos indígenas.
La falta de voluntad política para la atención de esta problemática, se evidencia hoy más que nunca en la ausencia de presupuesto, institucionalidad e implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral y en las maniobras regresivas de los diputados del Congreso de la República de Guatemala que han bloqueado la aprobación y puesta en vigencia de la Iniciativa 4084, iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral que, a pesar de contar con el dictamen favorable de la Comisión respectiva, ha sido sometida a un infructuoso y malintencionado sistema de rediscusión a efecto de bloquear su aprobación y en consecuencia mantener las condiciones de precarización del trabajo y exclusión económica y social en el país; y en la falta de aplicación del Convenio 169 de la OIT Sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales ratificado por el Estado de Guatemala.
Los avances logrados en la década de la primavera para alcanzar la justicia social han sufrido un revés. Aunque el país sigue teniendo un nivel de desarrollo que podría permitir a una proporción significativa de excluidos dejar de serlo, cuenta con un índice de Gini que se ubica alrededor del 56,2%, en que más del 50% de los ciudadanos guatemaltecos se encuentre bajo la línea de la pobreza, y cerca de un 15% vive en condiciones de extrema pobreza, afectando esta en un 74.8% a la población indígena y rural. Situación que empeoró desde el año 2009 cuando, según el PNUD, más de 700,000 guatemaltecos se sumaron a los pobres y 500,000 a los pobres extremos y que podría agudizarse para el año 2011 dado los actuales desastres naturales que están poniendo en riesgo de caer en pobreza a por lo menos 5.4% más de la población, y en pobreza extrema a por lo menos 4.5%, sumado a las más de 600,000 familias que se encuentran en inseguridad alimentaria y un número similar que han perdido sus viviendas y cultivos.
La desigualdad distributiva sigue representado un perjuicio para la sociedad guatemalteca, en varios sentidos. Principalmente porque la concentración del ingreso ha atentado contra la posibilidad, para un gran número de hombres y mujeres, de alcanzar la calidad de una vida digna y ejercer sus legítimos derechos. En Guatemala, el 43% del ingreso nacional se concentra en el 10% de la población con mayores ingresos, mientras el 10% más pobre de los ciudadanos obtiene el 1.3% del ingreso nacional.
Cambiar esta situación requiere de una urgente e integral reforma fiscal, la cual ni siquiera necesita discusión puesto que ya fue consensuada en los Acuerdos de Paz y es una obligación constitucional del Estado. Sin embargo lejos de resolver esta problemática los Diputados del Congreso de la República se encuentran hoy discutiendo como exonerar de más impuestos a los grandes productores, exportadores y concentradores de los activos productivos del país y para ello se están valiendo de un supuesto diálogo social instrumentalizado. Para un ejemplo baste con revisar las reformas que están impulsando los diputados a la Ley de Zonas Francas y a la Ley de fomento y desarrollo de la actividad exportadora y de maquila, las cuales se pretenden acompañar con un impuesto dirigido a los trabajadores que no ganan tan siquiera un salario acorde al costo de la Canasta básica vital para garantizar las carreteras e infraestructura por donde transitan los bienes de los privilegiados de este país.
Para ser consecuente con el impulso de los privilegios de estos sectores minoritarios, el gobierno solidario pretende garantizar para el sector exportador del agro que emplea a más de 1.7 millones de trabajadores y para los empresarios de la maquila que emplean a más de 900,000 trabajadores, en su mayoría mujeres, mano de obra aún más sobreexplotada. Congruente con ello el gobierno se ha negado a plantear y dar seguimiento a las reformas legales necesarias para crear trabajo decente y ha enfocado sus esfuerzos a la ratificación del Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo a tiempo parcial y en las reformas al Código de trabajo y demás leyes laborales.
Seguramente con estas reformas el Gobierno conseguirá que las pequeñas prerrogativas migratorias que trata de negociar con países a los que exporta mano de obra barata alcance a un número más elevado de guatemaltecos y guatemaltecas los cuales se verán forzados a migrar masivamente en virtud de la falta de condiciones de trabajo decente en el país que les permitan darse a sí mismos y a sus familias una vida digna.
El Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco –MSICG-, este 20 de octubre saluda las luchas que libran nuestras hermanas y hermanos en América Latina y en Europa, particularmente en España y Francia en defensa de sus garantías sociales que es a la vez la lucha por las garantías sociales de todos y hace un llamado a la unidad y la congruencia entre el discurso y la práctica en Guatemala puesto que entiende que la conmemoración del inicio de la única década democrática en nuestro país no puede hacerse sino impulsando medidas de contenido estratégico sobre la base de propuestas concretas a corto, mediano y largo plazo que permitan pasar de la conmemoración a la defensa efectiva de las garantías legadas por la Primavera Democrática.
La Revolución del 20 de octubre de 1944, compañeras y compañeros, debe ya dejar de ser una fecha de recuerdos para dar paso a una época de realizaciones, de construcción del poder social organizado, de renovaciones necesarias e imperativas, de principios y valores llevados a la práctica, de planteamientos estructurales, de acciones estratégicas, de defensa, recuperación y avanzada.
No se trata de festejar o recordar… ¡Se trata de luchar aquí y ahora!
Guatemala, 20 de octubre de 2010.
CONSEJO POLITICO
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO
MSICG