Desde que se decretó el Estado de Calamidad por el Presidente de la República, Alejandro Giammattei Falla, el MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG- cuestionó la falta de cumplimiento por parte de este de los fines constitucionales de su mandato puesto que en lugar de tomar medidas para proteger a la población del contagio del COVID-19 y sus posibles efectos generó un pánico prematuro con el único objeto de recuperar su imagen pública e imponer la agenda empresarial y asegurarles bajo el argumento del COVID-19 nuevas oportunidades para lucrarse del Estado y de la miseria de la población.
Debe recordarse que desde un principio, el MSICG insistió en lo innecesario que era restringir las garantías constitucionales e inducir al pánico social para enfrentar la pandemia puesto que lo que debía realizarse era un cierre inmediato de las fronteras y aeropuerto para evitar el ingreso de personas infectadas al país, cierre que no fue realizado derivado de que funcionarios públicos – empresarios se encontraban por ingresar al mismo y la Presidencia no quería “afectar los intereses de los empresarios del turismo”, lo que derivó en que se empezaran a realizar contagios de personas que vinieron del extranjero hacia personas que estaban en el territorio nacional y ahora con el saldo de los primeros casos de contagio comunitario.
A la vista de la generación de pánico e inmovilización de la sociedad impuesta por el Estado como parte del montaje escénico del terror, el MSICG también propuso entre otras medidas la aprobación de un asueto con goce de salario para todos los trabajadores del sector público y privado durante el tiempo que durara la inmovilización social; esto, con el fin de obtener por parte del sector empresarial históricamente favorecido por las políticas estatales, un mínimo de solidaridad y compromiso social sin cargar este costo a los recursos limitados del Estado, debilitados por los privilegios tributarios que han exigido y de los que actualmente disfrutan, y a su vez que el impacto de las medidas gubernamentales no privara a los trabajadores de la capacidad de subsistencia ante una situación previsiblemente más grave como la provocada por no haber cerrado efectivamente el aeropuerto y las fronteras en el momento que debía hacerse y por haber omitido someter a quienes ingresaron en ese lapso al país a una cuarentena obligatoria bajo estricta vigilancia del Estado.
Con este mismo fin, el MSICG también urgió la suspensión de los pagos de la renta, luz, agua, internet, teléfono y los créditos sin ningún recargo ni moras para los trabajadores mientras durara la crisis.
A pesar de que dichas medidas eran congruentes y necesarias, el Presidente de la República optó por incrementar el pánico social sometiéndonos a constantes cadenas televisivas e inmovilizó a la sociedad con un toque de queda sin sentido alguno puesto que las medidas de aislamiento social solo tienen sentido si se aplican para diferir la masificación del contagio en tanto que se generan las condiciones adecuadas en el sistema de salud para atender a los afectados.
Es decir, el aislamiento cobraba sentido solo si el mismo se aprovechaba para fortalecer el sistema de salud, adquirir y masificar las pruebas así como adquirir el equipo y los medicamentos más efectivos para preservar la mayor cantidad de vidas posible en las cantidades suficientes para atender al menos al cinco por ciento de la población de manera inmediata en caso de contagio.
Sin embargo, esto no aconteció, por el contrario, el Presidente de la República optó por aprovechar el pánico para acelerar el cumplimiento de sus compromisos con el sector empresarial e impulsar sin resistencia social la agenda empresarial que ha condenado a más del 60% de la población a la pobreza y a más del 46% de la niñez a la desnutrición crónica, limitando su accionar a impulsar endeudamientos públicos destinados a atender desde el clientelismo de algunos pactos colectivos, de sectores que no son prioritarios para hacer frente a la pandemia hasta el aseguramiento de oportunidades lucrativas para el sector empresarial y agentes políticos; en resumen, medidas que endeudaron al Estado, que no benefician a la población, que generaran más pobreza y desnutrición crónica y que finalmente como siempre pagará la clase trabajadora.
Las medidas impulsadas por el Presidente encontraron eco en un Congreso de la República sometido al Poder Ejecutivo y a los intereses empresariales y que más allá de la pompa mediática y un pánico creciente impulsado por el propio Estado, nos pretenden llevar a la falsa convicción de que ambos poderes del Estado trataron de preservar a la población y de que se protegieron nuestros intereses aun y cuando las medidas aprobadas en realidad solo resguardan los intereses del sector empresarial por ejemplo a través de la suspensión del pago del Impuesto de Solidaridad, el regalo de 650 millones de quetzales bajo la denominación de créditos a los empresarios, el regalo de 1,500 millones de quetzales a los empresarios de la construcción para hacer la obra que debería hacerse con trabajadores del Estado; el regalo de 700 millones de quetzales a los empresarios de las grandes surtidoras de alimentos y la autorización de un endeudamiento público que ha hipotecado la vida de millones de hijos de trabajadores que aún no han nacido y que asciende al menos a 29,400 millones de quetzales todo esto para apoyar a los empresarios o alinear los Poderes del Estado.
En esta misma lógica, el Estado no solo está aprovechando la situación para ejecutar los despidos de trabajadores que aún antes de que se avizorara la posibilidad de que la pandemia llegara a Guatemala fueron obligados a firmar contratos con vencimiento en marzo y finiquitos con los que se pretende que no demanden por los despidos sino que también, el Presidente de la República anunció que patronos y trabajadores de la iniciativa privada debían acordar las suspensiones de los contratos de trabajo o bien que los empresarios debían tomarlas unilateralmente.
En cualquiera de estos casos, como el MSICG lo advirtió oportunamente, la suspensión de los contratos de trabajo implica que los empresarios dejarán de pagar el salario de los trabajadores y las demás prestaciones de carácter económico y transcurrido un tiempo podrán despedir a los mismos lo que seguramente dará lugar a que se despida masivamente a los sin pagarles sus prestaciones laborales para sustituirlos por trabajadores jóvenes y a tiempo parcial dispuestos a trabajar por mucho menos que lo vital y sin ningún derecho, ello bajo el argumento de la “recuperación económica y bajo la bandera de la unidad al servicio de la nación” en un proceso en el que el sector empresarial lejos de perder ha sido rotunda y cuantiosamente beneficiado por las medidas estatales y en donde los únicos que hemos perdido somos los trabajadores a quienes se nos ha cargado una vez más el costo de la pandemia y los privilegios del sector empresarial a través de más endeudamiento y privaciones.
Esta medida ha sido agilizada, con la publicación el día 7 de abril del año 2020 en el Diario de Centro América del Acuerdo Ministerial 140-2020 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social que contiene el procedimiento electrónico para registro, control y autorización de suspensiones de contratos de trabajo, el que se aprueba y se publica una vez que se ha agotado la posibilidad de que los patronos de hecho e ilegalmente trasladen a los trabajadores el costo de la pandemia usando sus periodos de vacaciones encerrados en sus casas por disposición del Presidente u obligándolos a suscribir acuerdos de cambio de condiciones de trabajo para no pagarles el salario.
En resumen, a los empresarios se les ha garantizado desde el Poder Ejecutivo y desde el Congreso de la República que no paguen los salarios de los trabajadores, que puedan despedir sin pagar prestaciones laborales, que no paguen impuestos, y además se nos ha endeudado a los trabajadores por 29,400 millones de quetzales que serán entregados en su mayoría a manos de los empresarios y sin que un solo centavo de dichos recursos haya sido destinado a comprar el equipo y tratamiento necesarios para atender la pandemia con la efectividad que amerita y con las previsiones respecto al total de la población.
Guatemala, 08 de abril del año 2020.
¡UNA SOLA VOZ, UNA SOLA FUERZA!
MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO -MSICG-